Ambos apuntaron armas a personas, pero de acuerdo con la agrupación, el primero no cometió delito al usar pistola neumática, mientras que al segundo la entidad advierte que se le ocuparon dos pistolas.

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, aseguró hoy que José “Piculín” Ortiz Rijos no cometió delito al apuntar a otro individuo con un arma neumática en la madrugada de ayer frente al restaurante Vintage Pizza, en la Parguera, propiedad del exbaloncelista.

Sin embargo, afirmó que el caso de Xavier Pérez Torres, hijo del presentador de televisión y radio, Ferdinand Pérez, “es distinto”.

Con relación al caso de “Piculín”, mencionó que “nos viene a la memoria el caso de Alfredo Herger Dorsey (ya fallecido). Ambos son figuras públicas, ambos tenían lo que aparenta ser un arma, aunque luego surgió que era un juguete, una pieza de plástico neumática, con la gran diferencia de que Alfredo fue acusado por el artículo 5.15 de la Ley 404 de 2000, hoy derogada”.

No obstante, Torres Meléndez admitió que si al exseleccionado nacional de baloncesto le someten cargos por el artículo 6.06 de la Ley de Armas y prueban el daño a la propiedad (vehículo marca Jeep Wrangler del año 2019) mediante el uso de un marrón de goma, “podría enfrentar hasta un máximo de seis años”.

“Lo curioso de estos dos eventos, el de “Piculín” y Herger, es que una pieza de plástico neumática es un juguete y no se considera como arma de fuego en la nueva Ley de Armas 168. En su artículo 6.05 dispone que cuando el arma sea una neumática, pistola de o artefacto de descargas eléctricas, de juguete o cualquier imitación de arma, y esta se porte o transporte con la intención de cometer un delito -y apuntar es un delito- o se use para cometer un delito, la pena será de reclusión por un término fijo de cinco años”, sentenció el portavoz de la entidad.

Agregó que, “más adelante, el artículo 6.14 habla de disparar o apuntar armas de fuego. En el inciso (B) del artículo especifica el tema de la intencionalidad a la hora de apuntar hacia alguna persona con su arma de fuego, aunque no le cause daño a persona alguna. Claramente en ambos artículos menciona como característica principal que tiene que haber una intención, pero no puedes violar el artículo 6.14 con un arma de juguete. No aplica”.

Torres Meléndez aseguró que “debe quedar meridianamente claro que el artículo 6.14 habla de armas de fuego y un juguete neumático no es un arma de fuego. Por ende, una acusación bajo el 6.14 la ve cuesta arriba. Para poder acusarlo del delito por el 6.05 tendrían que probar que sus actuaciones fueron para cometer delito y eso no está definido, lo veo como un ‘loop’ en la nueva ley de armas que se podría trabajar con las futuras enmiendas propuestas”.

El presidente de la Codepola admitió que “nos encontramos con lagunas y detalles técnicos de la ley. Es cuestión de leer, pero leer bien”.

Mientras, en el caso de Pérez Torres el vocero de la organización dijo que “la historia es totalmente diferente”.

“Según se desprende de la investigación realizada por el agente Miguel Muñiz Cruz, por declaración del querellante el incidente se inició cuando Xavier Pérez Torres estaba disparando con un rifle de pellets a los pájaros en su patio y el vecino lo increpó. Posterior al altercado en el área de sus respectivas residencias, el hijo del también exrepresentante se montó en su vehículo y lo interceptó en el sector Cuatro Calles de Aguadilla, donde hizo unas amenazas verbales mientras le apuntaba con su arma de fuego, para la cual tenía licencia”, narró Torres Meléndez.

Consignó que, según la Policía, “le ocuparon dos pistolas, Sig y Century, al imputado Pérez Torres y continuarán entrevistando a más testigos para completar el proceso de investigación. En este caso, la fiscalía trajo el artículo 6.14 (B) que, por lo expresado por el querellante, se describe claramente.

El presidente de la Codepola recordó que a ambos acusados “les asiste el debido proceso de ley. En su momento se verán las dos caras de la moneda y será el magistrado quien resuelva”.

La entidad dirigida por Torres Meléndez cuenta con una matrícula de sobre 18,500 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas.