Entidades Brigada Legal Solidaria y Kilómetro Cero exigieron pesquisa a Justicia y adelantaron que referirán caso al FBI.

Las organizaciones Brigada Legal Solidaria y Kilómetro Cero pidieron hoy cuentas al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, por el supuesto robo y agresión de sus escoltas contra dos jóvenes que se manifestaban anoche, a la salida de un juego de los Cangrejeros en el Coliseo Roberto Clemente.

Miembros de la escolta de Romero supuestamente atacaron a dos manifestantes, quienes estaban expresándose libremente, llamando al alcalde “corrupto”, “pillo” y diciéndole que “nadie” lo quería en San Juan.

Una joven, identificada como Camila, y quien grababa la agresión, otro escolta le robó su celular, arrebatándoselo de las manos y causándole agresiones.

Mientras, al cineasta Juan Carlos Dávila lo agredieron tomándolo del cuello por la espalda y tirándolo contra el piso.

Tanto los querellantes como los licenciados Yarelisse Latorre y Manuel Moraza pasaron toda la noche tratando de que la Policía tomara ambas querellas y, finalmente, lo lograron.

Los querellantes fueron atendidos en el CDT de Puerto Nuevo y luego citados a la División de Robos del CIC de San Juan hoy, a las 8:30 de la mañana.

Moraza dijo que la apropiación del celular “puede constituir un delito grave por robo agravado e incluso destrucción de evidencia” y opinó que en la agresión al joven “se usó una técnica prohibida por la Reforma Policial y que es constitutiva del delito de agresión”.

Además, anticipó que, próximamente, organizaciones y abogados harán referirán el caso al Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés).

“Lo que ocurrió anoche en el Roberto Clemente es muy serio. Se trata de un delito de robo agravado según el artículo 190(c) del Código Penal porque se causó daño físico a la víctima. Veinticinco años de pena fija de cárcel y no cualifica para sentencia suspendida”, advirtió.

Sobre el caso, también reaccionaron las organizaciones Brigada Legal Solidaria (BLS) y Kilómetro Cero.

Yarelisse Latorre, de BLS, declaró que “la libertad de expresión en Puerto Rico está permanentemente amenazada y su principal amenaza es, precisamente, las policías del país, independientemente de las supuestas reformas a las que se han sometido”.

Para Mari Mari Narváez, de Kilómetro Cero, “la ciudadanía tiene derecho a grabar a los funcionarios en espacios públicos. A falta de circunstancias especiales, un oficial no está autorizado a robar ni confiscar celulares a las personas que graban. En Riley v. California (2014) el Tribunal Supremo de EEUU resolvió que, para entrar al contenido de un celular, en busca de evidencia contra su dueño, se requiere que, mediando causa probable, el oficial obtenga una orden judicial de registro y allanamiento”.

Ambas portavoces exigieron que el Departamento de Justicia y las agencias policiales “lleguen a las últimas consecuencias contra los presuntos policías que agredieron al joven Juan Carlos y que robaron el celular de la joven Camila.