Policía ejecuta más de 20 arrestos en operativo por fraude
La investigación se originó tras una auditoría forense ordenada por la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas
Una investigación del Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad, puso al descubierto un amplio esquema de fraude encabezado por una exsecretaria ejecutiva del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico y 23 familiares y allegados suyos, por una suma ascendente a $124,000.
Por estos hechos, la División de Delitos Económicos de Justicia radicó 63 cargos contra las 24 personas vinculadas a una operación concertada de fraude y falsificación de documentos, la cual tuvo lugar entre febrero de 2019 y enero del 2020, y afectó las finanzas del Fondo de Compensación por Muerte e Incapacidad Permanente de la institución, el cual fue creado con el fin de compensar a los familiares beneficiaros de los peritos electricistas colegiados que sufren muerte o incapacidad permanente.
La mayor cantidad de cargos, 15 en total, fueron presentados por la fiscal Roxanne Rivera Carrión, en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, contra la exsecretaria de la organización, Jennifer Ruiz Pacheco, quien para la fecha de los hechos era la encargada de realizar todos los pagos a nombre del Colegio, entre ellos, facturas, nómina y desembolsos de las cuentas de la entidad.
La jueza Gloria De Jesús Machargo, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa para arresto por todos los cargos contra los 24 imputados y señaló impuso una fianza global de $1,065,000.
De acuerdo con la pesquisa que condujeron el director de la División de Robos a Bancos de la Policía, el teniente José Ayala, y la agente, Katiria Rossini Padilla, previo a su renuncia a principios del 2020, Ruiz Pacheco preparó 30 cheques por la suma de $4,000 a nombre de cada uno de los coacusados. Estos resultaron ser familiares y allegados de Ruiz Pacheco, que no tenían vínculo alguno con el Colegio ni con los peritos electricistas o sus familiares.
Los pagos se hicieron contra la cuenta del Fondo de Compensación por Muerte e Incapacidad Permanente del Colegio.
La investigación reveló que Ruiz Pacheco le daba los cheques a un familiar y esta se encargaba de entregarlos a los destinatarios y de asegurarse que estos los cambiaran y le devolvieran el dinero en efectivo a Ruiz Pacheco, a cambio de una pequeña cantidad que retenían.
En medio de una auditoría encomendada por la nueva presidenta del Colegio, Frances Berríos Meléndez, una empleada alertó en torno a cheques duplicados a beneficiarios y un gasto excesivo en los desembolsos de la cuenta de la Comisión de Beneficencia. De inmediato, Berríos Meléndez presentó ante la División Robos a Bancos de la Policía la querella que dio paso a la investigación.
“El hecho de obtener ventaja económica de un beneficio que se creó para compensar por causa de muerte o incapacidad permanente es un acto de abuso y menosprecio por los más vulnerables”, declaró el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien además reconoció al Colegio de Peritos Electricistas por la rápida y acertada acción que dio paso a la investigación y el encausamiento de los implicados en el esquema ilegal.
Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, manifestó su indignación ante lo que alega es un acto de deslealtad hacia sus patronos y los socios de la entidad, quienes le depositaron su confianza. “En un total menosprecio a la libertad de sus familiares y allegados, terminó involucrándolos en el esquema que los conducirá a todos a prisión”, agregó.
Contra Ruiz Pacheco se radicaron 12 cargos por el artículo 182 del Código Penal, de apropiación ilegal agravada, uno por el artículo 202, de fraude, uno por el artículo 217, posesión y traspaso de documentos falsificados, y uno por el artículo 212, de falsedad ideológica. Cada uno de los cargos conllevan penas fijas de cárcel. De resultar convicta en todos los cargos, Ruiz se expone a una condena de hasta ocho años de cárcel.
Contra el resto de los imputados se radicaron dos cargos, por el artículo 182, de apropiación ilegal agravada, y bajo el artículo 217, de posesión y traspaso de documentos falsificados, respectivamente. Uno de los imputados enfrentará dos cargos por cada delito ya que cambió dos cheques.
Berríos Meléndez pidió el martes a las autoridades que los que fallaron sean procesados criminalmente con todo el peso de la ley, tras conocerse la radicación de cargos contra dos exempleadas y de otras 22 personas vinculadas al supuesto esquema de desvío de dinero del Fondo de Beneficencia de la institución.
“Mi petición, la del Comité Ejecutivo actual, nuestra Junta de Gobierno y de cada compañero perito es que todo aquel que sea encontrado culpable de esta o cualquier acción criminal contra la estabilidad de este prestigioso Colegio, sea juzgado y procesado con todo el rigor de las leyes aplicables. No permitiremos que inescrupulosos manchen la trayectoria de servicio de esta organización que es indispensable para el país”, dijo Berríos Meléndez en declaraciones escritas.
Berríos Meléndez achacó el asunto de los desfalcos como como “asuntos del pasado en el CPEPR”.
Explicó que al inicio de su presidencia en agosto del 2020 solicitó una auditoría forense de las operaciones fiscales del CPEPR.
“A mis peritos y demás ciudadanos les digo que estén tranquilos”, expresó Berríos Meléndez.