El nuevo juez federal a cargo del caso de la Reforma de la Policía señala que desde el 2018 la Uniformada ha incumplido una directriz para proveer datos presupuestarios.

El juez federal Francisco A. Besosa, quien heredó el caso de la Reforma de la Policía cuando el exjuez presidente Gustavo A. Gelpí fue ascendido al Primer Circuito de Apelaciones, ordenó a la Policía que para el 17 de diciembre tienen que entregar todo documento relativo a los gastos de $20 millones anuales de la Reforma y que, desde enero, tiene que someter informes mensuales sobre estos desembolsos.

La orden es el pronunciamiento más significativo que ha hecho hasta ahora el nuevo juez desde que se le asignó el caso el 18 de octubre pasado y contrasta en tono con el último pronunciamiento de Gelpí el 20 de septiembre, en el que dirigió al Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia federal y la Oficina del Monitor a proponer de manera conjunta un plan de trabajo y un calendario para lograr el cumplimiento completo con la Reforma "en un periodo razonable y realista".

"El Tribunal aplaude el deseo y voluntad genuinos del Gobierno expresado en la vista pública del 9 de septiembre de 2021 para cumplir completa y efectivamente con los términos del Acuerdo de la Reforma de la Policía. Hasta hoy, y particularmente desde enero de este año, el Gobierno ha demostrado un acercamiento encomiable. Aún así, como articularon el Monitor y el Departamento de Justicia federal en la vista, queda una cantidad extensa de trabajo para completar en varias áreas del Acuerdo", dijo Gelpí en su orden.

Besosa, por su parte, dijo en la orden del lunes pasado que, mientras sigue revisando el caso que recién le asigna, se le trajo a su atención el "asunto imperioso" de la "falta de transparencia y rendición de cuentas de los demandados Gobierno de Puerto Rico y Negociado de la Policía con respecto a las consideraciones fiscales de este caso de la Reforma de la Policía".

Añadió que Justicia federal, el Monitor y el Special Master del caso han estado pidiendo desde el 2013, cuando comenzó la implementación del Acuerdo, los presupuestos mensuales de la Policía para conocer cómo está gastando los $20 millones anuales asignados al caso y no lo han provisto, aún cuando desde el 2018 hay una orden para ello.

"Esa orden ha sido mayormente ignorada por los acusados, a pesar de peticiones reiteradas del Special Master, el Monitor y Justicia federal, especialmente en tiempos recientes", consignó el juez Besosa, quien calificó esta inobservancia como "totalmente inaceptable".

"Ha sido principalmente esta cultura de resistencia conspicua y beligerante a la rendición de cuentas de buena fe y a la transparencia lo que ha colocado a los demandados en la posición en la que están ahora", refrendó, al establecer el 17 de diciembre como fecha límite para que la Policía produzca "todos los documentos en su posesión" que reflejen en detalle cómo gastaron los $20 millones en cada año desde 2018 a 2020 y para el 1 de enero de 2022 comienza la obligación de someter informes mensuales sobre los desembolsos.

De hecho, NotiCel ha solicitado a la Policía durante semanas un desglose de sus gastos para la Reforma y solo produjeron la confirmación de que hay $20 millones presupuestados anualmente para ello.

El Acuerdo de la Reforma de la Policía de Puerto Rico es el más grande en la historia de los Estados Unidos y es "extraordinariamente detallado", según lo calificó Gelpí en su orden de septiembre, en la que también aceptó que nadie puede interpretar que lograr el cumplimiento sostenido con el Acuerdo "está a la vuelta de la esquina".

Con la salida de Gelpí del caso, también salieron dos de los asesores del tribunal en la Oficina del Monitor con los que el juez más contaba, el exjuez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton y el licenciado Alfredo Castellanos Bayouth. La próxima vista pública en el caso es en abril de 2022.

Los cambios en el caso de la Reforma de Puerto Rico coinciden con cambios que impulsa el nuevo secretario de Justicia federal bajo el presidente Joseph Biden, Merrick Garland. Por un lado, Garland anunció que el gobierno federal iba a retomar la práctica de intervenir y monitorear con las fuerzas policiales que violenten los derechos civiles de los ciudadanos, algo que se había frenado bajo la Administración Trump. Por el otro, en septiembre pasado, Garland emitió guías nuevas diseñadas para supervisar mejor las Oficinas de los Monitores de estos casos de reforma policíaca. Los propósitos de las guías incluyen: reducir los costos de estas oficinas y minimizar los conflictos de interés; que sean más responsivos al público; ponerle límite de tiempo a las designaciones de los monitores; buscar que se logre cumplimiento dentro de una ventana de cinco años (la de Puerto Rico está activa desde 2013); y velar porque el monitoreo de los acuerdos se transfiera paulatinamente a entidades dentro de la propia jurisdicción donde está el cuerpo policíaco sujeto al acuerdo.

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