Juez federal determina que la demanda proseguirá y que la gerencia de la Policía pudo haber violentado derechos civiles en la protesta del 1 de mayo de 2018.

El juez federal Jay García Gregory rechazó concederle inmunidad a funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y de la Policía que están demandados por la mujer a quien agentes de la Fuerza de Choque rociaron gas pimienta directamente en la cara durante las protestas del 1 de mayo de 2018 y decidió también que el caso por violación de derechos civiles seguirá adelante.

En una determinación del 9 de diciembre, García Gregory desestimó aquellas reclamaciones de la demanda de Yadira Carrasquillo González que buscan compensación monetaria, pero quedan vigentes remedios que provocarían que el acuerdo de la Reforma de la Policía sea enmendado para establecer un cuerpo ciudadano independiente que participen en la fiscalización de la Uniformada, como ocurre en otras jurisdicciones en las que los cuerpos policiacos están bajo monitoreo del Departamento de Justicia federal.

La agresión de los agentes contra Carrasquillo González, quien es veterana de la guerra de Irak, quedó grabado en el lente de fotoperiodistas que captaron el momento justo en que varios agentes rociaban directamente el rostro de la mujer con gas pimienta, a pesar de que no estaba armada ni representaba una amenaza para los oficiales.

Los demandados incluyen el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, el comisionado auxiliar, Reinaldo Bermúdez, el comandante a cargo de la respuesta de la Policía en las protestas del 1 de mayo de 2018, Luis Colón, su asistente, teniente coronel Juan Cáceres Méndez, el director de la Unidad de Operaciones Tácticas, Luis Hernández, y los agentes de la unidad involucrados en la agresión. Aunque Escalera está de salida en su posición como comisionado, es uno de los candidatos para convertirse en jefe de la Policía Municipal de San Juan en la administración del nuevo alcalde de la Ciudad Capital, Miguel Romero.

El juez García Gregory concluyó que la demanda presenta suficiente evidencia de que la gerencia de la Policía incurrió en omisiones a la hora de prevenir el tipo de agresión del que fue víctima Carrasquillo González y que “los hechos alegados por la demandante conforman una violación de sus derechos bajo las enmiendas Primera y Cuarta”, por lo cual los demandados no disfrutan de inmunidad y el pleito proseguirá, a pesar de la solicitud de los demandados de que fuera desestimado.

Entre los remedios que la demanda solicita, y que quedan vigentes, están: una sentencia declaratoria de que la conducta de los demandados es violatoria de derechos y son contrarias a los acuerdos de la Reforma de la Policía, una orden para que la Policía no vuelva a incurrir en esta conducta, una orden requiriendo el desarrollo de procesos que aseguren la protección de los derechos de la demandante y prevenir eventos similares en el futuro y emitir una orden para que el Gobierno de Puerto Rico negocie el incluir el cuerpo independiente de ciudadanos en la reforma.

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