Juez adelanta que impondrá moratoria hasta que se aseguren que los protocolos de la Uniformada cumplen con parámetros constitucionales.

El juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, adelantó hoy que emitirá una orden declarando una moratoria sobre los bloqueos que realiza la Policía hasta que se atiendan las preocupaciones constitucionales que se han levantado en la reanudación de estos ejercicios de vigilancia ciudadana.

Gelpí adelantó su determinación durante una conferencia de status hoy en el caso federal de la Reforma de la Policía, el cual preside en su sala, y que hoy atendió principalmente las controversias del bloqueo y de los ascensos en la Policía.

“Hasta nueva orden del tribunal, (la Policía) no llevará a cabo bloqueos vehiculares. El Tribunal emite una moratoria sobre dicha práctica. Aún así se le exhorta a la Policía a presentar al Departamento de Justicia federal, el Monitor y el Comisionado Especial para su revisión cualquier protocolo de bloqueos que se ajusten a los parámetros constitucionales, según el párrafo 229 del acuerdo (de la Reforma de la Policía)”, indicó la orden del juez en torno a los bloqueos que la Uniformada tenía programados hasta el 31 de diciembre.

En cuanto a los ascensos, ordenó que todas las de inspector a coronel queden detenidas hasta nueva orden del tribunal ya que Justicia federal, el Monitor de la Reforma y el Comisionado Especial deben revisar la política de ascensos y el propio proceso. “Esto tomará tiempo”, advierte Gelpí.

La discusión sobre los ascensos durante la vista de status de hoy produjo la revelación de que el Gobierno de Puerto Rico había sometido a las partes de la Reforma un protocolo de ascensos con la firma del secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, que ahora resulta que Janer aparentemente firmó por error.

“Un error de hecho”, dijo el abogado Raúl Bandas, representante legal del gobierno sobre lo que le comunicaron del episodio.

Gelpí se quedó sorprendido, pero adelantó su criterio de que no está pensando que hubo fraude de parte de Janer o de los abogados del gobierno, pero comentó que las leyes federales podrían atender lo que sea que haya sucedido en el tracto del protocolo, en referencia a la posibilidad de investigaciones criminales. Pero no se tomó ninguna determinación al respecto más allá de la contenida en la orden y que incluye que el monitor John Romero va a ser el observador del tribunal en este asunto.

Luis Saucedo, el fiscal que representa a Justicia federal en el caso de la Reforma, comentó en la vista que no solamente “la Policía tiene que saber hasta dónde puede llegar en un bloqueo” como los actuales que incluyen poner en vigor la orden ejecutiva sobre el coronavirus, sino que están preocupados porque el protocolo de bloqueos que la Policía emitió en octubre puede que no sea “suficientemente claro”.

NotiCel había indicado sobre ese protocolo que parece estar dirigido solo a capturar conductores que guían bajo los efectos de alcohol o drogas, pero no serviría para otros propósitos, como poner en vigor las disposiciones de la orden ejecutiva.

La gobernadora Wanda Vázquez y el comisionado de la Policía, Henry Escalera, “entienden que están haciendo lo mejor que pueden dentro de las circunstancias”, argumentó Bandas. Un punto que encontró resistencia por parte de las demás partes en el caso que entienden que el protocolo de bloqueos, y de bloqueos para la orden ejecutiva, pudieron haber sido sometidos hace meses para el proceso de revisión de la Reforma, en vez de comenzar a ejecutarlos sin ese aval previo.

NotiCel divulgó este fin de semana que la Policía reanudó los bloqueos vehiculares con multas por violaciones a las órdenes ejecutivas no solo sin un protocolo aprobado sino que también cuando la incidencia de COVID-19 en la Policía alcanzó niveles alarmantes.

Pendiente a NotiCel para ampliación.

Vea:

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