Monitor federal concluye que bloqueos para poner en vigor la orden ejecutiva de la pandemia son violatorios de la Reforma de la Policía.

El más reciente informe mensual de incidencia de la pandemia en la Uniformada muestra que la enfermedad va a galope entre los miembros de la Policía, y a pesar de esto esta semana se reiniciaron bloqueos en las carreteras para intervenir con ciudadanos que serían inconstitucionales y violatorios de la Reforma de la Policía si se usan para poner en vigor la orden ejecutiva de encierro y control social por el coronavirus.

La determinación sobre los bloqueos la hizo ayer, sábado, el monitor de la Reforma de la Policía y el tema se va a discutir el próximo martes en una conferencia de status del caso de Reforma ante el juez federal Gustavo A. Gelpí.

Como había anticipado NotiCel, la determinación de Romero se hizo en parte porque, aunque la Policía primero dijo que los bloqueos eran para fiscalizar elementos como el uso de mascarillas dentro de los vehículos, y luego dijo que eran bloqueos normales, la realidad es que no hay protocolos para que los agentes usen bloqueos para poner en vigor la orden ejecutiva. Tampoco hay autoridad en ley para hacer bloqueos sin un propósito específico. De hecho, las únicas normas de la Policía para bloqueos están dirigidas a identificar a conductores bajo estado de embriaguez o de drogas, así como posibles violaciones a la Ley de Tránsito.

“La Oficina del Monitor respetuosamente somete que, antes de continuar los bloqueos para implementar la orden ejecutiva por COVID-19, tiene que tener listos patrones objetivos y guías de detención para evitar acciones arbitrarias de los oficiales. Por tanto, la Policía debe crear guías que incluyan procedimientos apropiados para evitar invadir innecesariamente los derechos de privacidad de los conductores y pasajeros que sean inherentes a la operación y enfocadas en restringir las actuaciones discrecionarias de los agentes en el campo”, argumentó el monitor en su moción del sábado. Las observaciones de Romero podrían ser base para argumentar en contra de cualquier multa administrativa por uso de mascarilla que la Policía haya emitido en los bloqueos, que están programados para continuar durante todo el mes.

Esta misma semana, Gelpí decidió que el comisionado especial de la Reforma de la Policía, Alejandro del Carmen, se encargará de la revisión e implantación del protocolo de COVID-19 de la Policía ya que el gobierno incumplió el plazo que el tribunal había dado para que se expresaran sobre las recomendaciones de revisión que había planteado Del Carmen.

La Oficina de Reforma del Negociado de la Policía de Puerto Rico somete mensualmente al monitor de la Reforma, John Romero, información sobre la cantidad de casos positivos, la cantidad de oficiales en cuarentena y las instalaciones que se han cerrado o desinfectado. Desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, han muerto 15 agentes por COVID-19 y se han sometido 20 querellas administrativas, de las cuales 14 imputan que el miembro de la Uniformada violó la orden ejecutiva, particularmente el toque de queda, y otras son de agentes que rehusaron someterse a cuarentena.

Un informe de Del Carmen sometido esta semana da cuenta de que la Policía tiene solo a la doctora María Del Carmen Calderón para tomar decisiones, desde el punto de vista médico, que cubren a todos los aproximadamente 12,000 miembros de la Uniformada. Los casos positivos que la Policía reporta no son parte de un plan para someter pruebas a los agentes aleatoriamente, sino solo de los agentes que reflejan síntomas o hayan estado en contacto con positivos. La Fuerza tampoco tiene un plan sistemático de desinfección de instalaciones.

El más reciente reporte sometido a Romero corresponde a lo que se registró en el mes de noviembre y refleja que, de un total de 11,785 oficiales activos ese mes, hubo 295 positivos (2.5%) y 725 en cuarentena (6.1%). NotiCel sometió la información al análisis más sencillo, cantidad de casos positivos o en cuarentena dividido por la cantidad total de agentes, lo cual también se conoce como una medición de casos positivos per capita, ya que los datos no incluyen otros renglones que permitirían hacer análisis epidemiológico más profundo. Aún así, para comparación, durante el mes de noviembre toda la isla registró 18,407 casos positivos, para un total de 0.5% de casos positivos per capita, mientras que en la Policía fueron 2.5% casos positivos per capita ese mismo mes.

Con estos datos, la epidemióloga Roberta Lugo Robles observó que la incidencia de 2.5% “es una gran carga, dado a que la uniformada de Puerto Rico tiene recursos limitados y esto sin contar los policías que estaban fuera por enfermedad, vacaciones o incapacidades”. “Uno de cada diez policías estaban en cuarentena en el mes de noviembre. La mayoría de los policías eran de campo… Si comparamos con agosto hubo un incremento de más de 100%, es decir, los casos se han duplicado desde los reportes de agosto. De 147 casos a 295 casos”, añadió.

El reporte desglosa los casos positivos y en cuarentena de siete divisiones de trabajo en la Policía.

Para la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo, la incidencia de positivos fue de 2.7% y 5.5% en cuarentena. Algunas de sus oficinas más afectadas son Aibonito, con 22 positivos en 235 agentes (9.3%) y Caguas, con 21 positivos en 330 agentes (6.3%).

En la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal, los positivos per capita son 2.8%, pero esta superintendencia tiene de las oficinas más afectadas. En Vehículos Hurtados de San Juan tienen 38.2% (13 de 34 agentes), en el CIC de Bayamón tienen 9.3%, en el de Arecibo 6.25%, en el de Aguadilla 5.8% y en el de Caguas 4.9%.

En la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional tienen 1.6% de casos positivos per capita, en la Superintendencia Auxiliar de Educación y Adiestramiento 1.6% también, en la Superintendencia Auxiliar Policía de Fortaleza 0.7%, mientras que la Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales y la Oficina del Comisionado no reportaron casos positivos en noviembre.

El informe, que solo cubre la Policía y no otras agencias agrupadas en el Departamento de Seguridad Pública, desglosó para noviembre 31 unidades de la Uniformada que han sido cerradas temporeramente o desinfectadas.

Aún con ese azote del coronavirus, los abogados de la Policía en el caso federal de la Reforma, Cancio, Nadal & Rivera, LLC, respondieron tarde al plazo que otorgó el juez Gelpí para que contestaran la evaluación de Del Carmen, porque dijeron que requería la revisión de material voluminoso. Las recomendaciones de Del Carmen incluyeron hacer pruebas aleatorias a los agentes, desarrollar un plan de desinfección regular para las facilidades, que sea un grupo de médicos los que decidan las materias de coronavirus en vez de solo una doctora, considerar adiestramiento para todos los coordinadores de COVID-19 que se supone estén designados en cada unidad policiaca y que la oficina del propio Del Carmen se encargue de revisar el protocolo y asegurarse que los inventarios de equipo personal de protección sean apropiados en cada unidad de la Policía.

El Departamento de Justicia federal estuvo de acuerdo con las recomendaciones y el juez ordenó implantarlas. En su moción tardía, sometida después de la orden del juez y la cual el juez rehusó aceptar, el gobierno dijo que se oponía a la intervención de Del Carmen porque “la Policía cree que esas responsabilidades son del Negociado (de la Policía) y no del Comisionado Especial”.

Para ver la moción del Monitor de la Policía sobre los bloqueos, pulse aquí.

Para ver el informe de COVID-19 en la Policía para noviembre, pulse aquí.

Vea:

Policía con bloqueos pero sin medidas buenas de prevención de COVID