La pugna se centra en los gastos que facturan los monitores judiciales en ambos casos.

El Gobierno de Puerto Rico, a través de uno de los bufetes más cotizados en la Isla, mantiene una pugna contra los monitores judiciales en dos casos por supuestos gastos injustificados de parte de estos oficiales, argumento que ha sido rechazado tanto por el Departamento de Justicia federal como por el juez a cargo de los casos, el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo A. Gelpí.

Además de cuestionar los motivos de sus objeciones a las facturas de los monitores, el juez Gelpí también puso en duda la diligencia del bufete del gobierno, McConnell Valdés (McCV), en una conferencia de status del caso de Reforma de la Policía, según quedó revelado en una transcripción que fue publicada después de que NotiCel sometió una moción solicitando que se divulgaran mociones y documentos del caso que permanecían confidenciales.

La extensión de la confrontación con los monitores y el tribunal se conoció después de que ayer el juez concediera la moción. Las objeciones del gobierno a través de McCV se han registrado en el pleito de la Policía y también en el pleito, vigente desde 1999, sobre los servicios del Departamento de Salud a la población discapacitada en la Isla.

En ambos casos, el juez Gelpí ha concluido que se trata de objeciones infundadas y advirtió que el gobierno enfrenta la imposición de sanciones si persiste en su actitud. De hecho, al recordar que los monitores son funcionarios bajo la supervisión del tribunal y no contratistas del gobierno, Gelpí ha establecido que los ataques de McCV a los reportes y facturas de los monitores son ataques a la función judicial. McCV ha sometido una solicitud de revisión al Primer Circuito de Apelaciones con relación al presupuesto y las facturas del monitor en el caso de Salud que atiende el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI). La revisión solicitada cubre también la determinación del juez de que el gobierno mal utilizó $20 millones de ese programa en años recientes.

McCV presta sus servicios a la Policía y a Salud bajo contratos con tarifas de entre $145 a $390 por hora para un equipo de abogados compuesto por Arturo J. García, director general del bufete, Marcos Rodríguez Ema, socio director y exsecretario de la Gobernación en la Administración Fortuño, Lizzie M. Portela, socia corporativa y exfuncionaria de la administración del exgobernador Pedro Rosselló en el área de Seguridad, y Beatriz L. Annexy Guevara quien, simultáneamente, es miembro de un equipo de monitores de reforma policial en Arizona. El contrato para el caso de la Policía, que cubre todo el año fiscal, tiene un tope de $1.5 millones en facturación y el de Salud, que comenzó en enero, es por $500,000. El contrato para la Reforma de la Policía es el más cuantioso que el bufete ha tenido con el gobierno en al menos 10 años.

Por su parte, la Oficina del Monitor en el caso de la Policía la integran, según las facturas, el monitor John Romero, los “consultores constitucionales” Alfredo Castellanos Bayouth y Federico Hernández Denton (ex juez presidente del Tribunal Supremo), el administrador Javier González y los consultores Dr. David Levy, Donald S. Gosselin, Al Youngs, Rafael E. Ruiz y Scott Cragg. La oficina también tiene un presupuesto de $1.5 millones por año fiscal. Las facturas de la oficina que el gobierno objetó en abril suman $91,621.66 con compensaciones individuales que fluctúan entre $7,762.50 y $17,916.66 (para Romero). A pesar de estas cantidades, en una de las mociones liberadas, Justicia federal consignó que en todo este año fiscal la oficina ha gastado menos de la mitad del dinero que tiene disponible en su cuenta especial bajo la supervisión de la corte y enfatizó que el mes de abril fue uno de mayor actividad de la usual por la respuesta a la pandemia del COVID-19. De la factura de abril, solo se encontró necesario un ajuste a la baja por $578.75.

NotiCel solicitó ayer al Departamento de Seguridad Pública (DSP) las facturas que ha sometido McCV bajo su contrato, pero todavía no las han entregado. Anterior a la contratación de McCV por parte del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la representación del gobierno y la Policía la llevaba el Departamento de Justicia de Puerto Rico. El proceso conocido como la Reforma de la Policía comenzó con una demanda de Justicia federal contra el gobierno por las prácticas y patrones violatorios de derechos civiles de la Policía y la fase actual es de monitoreo de un acuerdo al que se llegó en 2013.

Para fundamentar su objeción a las facturas, la moción del gobierno indica que “se ha hecho incrementalmente importante para el Negociado de la Policía de Puerto Rico asegurarse de que los fondos públicos se usan apropiadamente, dada las actuales penurias financieras de la isla y el escrutinio significativo del uso de los fondos por parte del público, legislatura y los medios”. “La Policía está comprometida con, y espera nada menos que, transparencia en la obtención y desembolso de sus fondos aún si están, como en este caso, depositados en el tribunal y no bajo la custodia o control de la Policía”. Dijeron que las facturas de la Oficina del Monitor no están suficientemente detalladas, son vagas, reflejan trabajo duplicado, innecesario o realizado por individuos que no tenían las capacidades para cumplir y que incluyen aumentos de compensación por hora que no habían sido informados. La posición del gobierno, vuelta a reiterar con relación a las facturas de mayo, es que “desembolsar fondos públicos de esta manera es constitucionalmente inapropiado, fiscalmente irresponsable y contraria a la Estipulación y Orden (sobre facturas de monitores)”.

McCV sometió las objeciones a las facturas de abril, las primeras que se registran en el caso, tarde, habiendo pasado la cantidad de días que disponen los acuerdos dentro del caso. En su riposta, Justicia federal le recordó que el Monitor y su equipo no son contratistas del Gobierno de Puerto Rico sino que son oficiales del tribunal que están “sujetos al Acuerdo (de Reforma), las órdenes del tribunal, el Código de Conducta de Empleados Judiciales y no a ninguna ley de contratación o política del Gobierno de Puerto Rico”.

Bufete puso en aprietos al Secretario de Seguridad Pública y está al borde de sanciones del tribunal

Las mociones y argumentos de las partes fueron confidenciales hasta que NotiCel solicitó su publicación ayer, pero el juez Gelpí había emitido órdenes en ambos casos descartando las objeciones a las facturas de los monitores y fustigando al gobierno por la posición que presentan a través de McCV.

En el caso de Salud, el juez dijo que, en vez de trabajar para atender las deficiencias en el PSPDI y poder acabar el litigio, el gobierno se ha dedicado a hacerle la vida imposible a los cuatro monitores que ha tenido el tribunal en ese caso. “Mirando hacia atrás, a gran escala, esto ha sido un inconcebiblemente enorme desperdicio de tiempo del ejecutivo y judicial a lo largo de los años -cientos, pero probablemente miles, de horas y dólares- que el Gobierno de Puerto Rico pudo haber dedicado a asistir a los participantes (del PSPDI)… Una guerra prolongada contra la Oficina del Monitor no puede ser el medio con el que se busque el fin de prevenir u obstruir que el monitor, efectivamente, monitoree. Esto sería equivalente a un ataque a la mismísima función judicial”, concluyo el juez en una orden del 7 de mayo.

Luego, en el caso de la Policía y ante la misma postura del gobierno en contra de la facturación del monitor, Gelpí fue más lejos y calificó los argumentos del gobierno como un “asesinato de carácter injustificado” contra los oficiales de la corte que componen la Oficina del Monitor y recordó que en 2013 Justicia federal solicitó que al Monitor se le duplicara el presupuesto pero el tribunal declinó debido a la condición financiera del gobierno.

En expresiones más dirigidas al bufete, Gelpí dijo en la orden del 14 de mayo que se había “convertido en un arma (de litigio) el proceso rutinario de revisión de facturas”, que “la tarifa por hora de los abogados del Monitor es menos que la mitad de la tarifa máxima contractual que tienen los abogados del Gobierno de Puerto Rico en este caso” y que “cualquier acción futura en esa dirección por parte del gobierno será considerada vejatoria y sancionable, y el Tribunal no vacilará en tomar toda acción necesaria”.

Pero las críticas al bufete por parte del juez no terminaron en las órdenes, sino que se extendieron a una conferencia de status el 28 de mayo cuya transcripción había permanecido sellada hasta que NotiCel solicitó su publicación.

Para esa vista, el juez había ordenado dos veces que compareciera directamente el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, de la misma manera que participaría el subdirector de la división de Justicia federal que maneja la Reforma de la Policía. Janer no compareció y el juez llegó enfurecido porque, 20 minutos antes de la vista, Janer había llamado a la oficina del juez a pedir una posposición.

Sin embargo, al explicar lo que había sucedido, el propio licenciado García, director general de McCV que interviene personalmente en el caso, reconoció que desde la 1:50 p.m. del día antes de la vista, Janer le había dicho que no podría comparecer por compromisos de gabinete. García explicó que no vio ese mensaje de Janer en su teléfono hasta las 7:00 p.m. porque había estado ocupado todo el día en sus funciones administrativas del bufete atendiendo el adiestramiento para su personal sobre cómo trabajar en la oficina con las precauciones por el COVID-19.

En vez de someter una moción a esa hora sobre los problemas que enfrentaba Janer para comparecer, García intentó contactar al monitor Romero y a otros funcionarios del caso con el resultado de que el juez se vino a enterar por otros funcionarios y por la llamada del mismo Janer directo a su oficina 20 minutos antes de la vista.

“Pienso, y voy a ser bien directo, que contactar al Monitor o al Special Master en vez de radicar una moción a la hora que fuera y que el tribunal pudiera revisarla temprano esta mañana, no es efectivo… Yo creo que esto es, y no digo que necesariamente sea usted, Sr. García, porque usted está haciendo otras cosas, pero tiene que haber una línea de mando o tiene que haber responsabilidad. Y algo tan importante como la Reforma de la Policía, lo debe saber la Gobernadora, y no digo que sea usted el que le tiene que notificar, pero alguien debió notificarle que el secretario Janer tenía que estar aquí”, dijo el juez en la vista.

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Para ver la moción del Gobierno de Puerto Rico objetando las facturas, pulse aquí.

Para ver la moción del Departamento de Justicia federal defendiendo la facturación, pulse aquí.

Para ver la transcripción de la vista del 28 de mayo, pulse aquí.

Para ver la orden del juez Gustavo Gelpí sobre la facturación en el caso de Salud, vea aquí.

Para ver la orden del juez Gustavo Gelpí sobre la facturación en el caso de la Policía, vea aquí.