El juez federal Gustavo A. Gelpí concedió esta tarde una moción sometida hoy mismo por el diario digital NotiCel, a través de su editor “senior”, Oscar J. Serrano, para obtener acceso a varios documentos sometidos en el caso de la Reforma de la Policía en los que se discute la facturación de la Oficina del Monitor de la reforma y objeciones que levantó el bufete que representa al Gobierno de Puerto Rico en dicho litigio, McConnell Valdés (McCV).

La solicitud a Gelpí incluyó que considere eliminar la confidencialidad de todos los documentos radicados en el caso, pero particularmente se dirigía a varias mociones y radicaciones que tienen que ver con una objeción que el gobierno, a través de McCV, presentó a la factura de servicios de la Oficina del Monitor correspondiente al mes de abril, y que repitió para la factura del mes de mayo.

En una orden pública que emitió en mayo denegando las objeciones, el juez Gelpí indicó que era la primera vez que el gobierno objetaba las facturas del monitor John Romero y que el Departamento de Justicia federal se había opuesto a la posición del Gobierno y había favorecido la factura. Gelpí concluyó que la objeción que presentó McCV constituía un “asesinato de carácter injustificado” contra los oficiales de la corte que componen la Oficina del Monitor, que el gobierno había “convertido en un arma (de litigio) el proceso rutinario de revisión de facturas” y advirtió que “cualquier acción futura en esa dirección por parte del gobierno será considerada vejatoria y sancionable, y el Tribunal no vacilará en tomar toda acción necesaria”.

Añadió Gelpí sobre McCV que “la tarifa por hora de los abogados del Monitor es menos que la mitad de la tarifa máxima contractual que tienen los abogados del Gobierno de Puerto Rico en este caso”.

Sin embargo, aunque es pública la orden en la que se descartan las objeciones a las facturas, permanecían selladas las mociones y radicaciones que tienen que ver con la controversia. La moción radicada hoy por Serrano pidió que a esos documentos se les levanten las restricciones que tienen actualmente para que todo el público tenga acceso a los mismos. La moción se basó en los principios constitucionales, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, de que los procesos y documentos judiciales se presumen públicos y que todos los documentos relativos a los procesos gubernamentales puertorriqueños se presumen públicos. Además, apuntó a posibles violaciones de las partes en el caso a los requisitos del tribunal para aceptar radicaciones de documentos confidenciales.

“Este caso exude interés público por todas sus cuatro esquinas. Tienen que ver con el Gobierno de Puerto Rico y una de sus agencias. El objeto del Acuerdo es asegurar que la Policía complete exitosamente el proceso de reforma, y tenga mejoramiento institucional en áreas tan importantes como la protección de derechos civiles. El proceso de reforma está financiado con fondos públicos (que al momento, se debe enfatizar, están escasos debido a la condición económica frágil del gobierno que conllevó una quiebra y que ha sido exacerbada por desastres naturales sucesivos). La gente más afectada por este proceso son servidores públicos (los policías) y el público en general (como sujetos de la acción policíaca)”, se argumentó en la moción.

Además de Romero, en la oficina del Monitor prestan servicios también el ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y el licenciado Alfredo Castellanos Bayouth.

La Policía y el gobierno están representados en el caso por McCV mediante un contrato con vigencia hasta el 30 de junio y tope de facturación de $1.5 millones que es, a su vez, la renovación de un contrato que tuvo inicialmente de diciembre de 2018 a junio de 2019 por $560,000. El contrato para el caso de la Policía no establece cuáles son las tarifas por hora de los abogados de McCV, solo indica el tope de $125,000 mensuales y de $1.5 millones durante toda la duración del contrato. Empero, el bufete tiene también un contrato vigente para representar al Departamento de Salud en otro caso ante Gelpí, que también tiene un monitor y donde también el gobierno ha presentado objeciones a las facturas a través de McCV.

La propuesta para ese contrato, que atiende un caso relativo a los servicios de Salud para personas discapacitadas, revela más información de lo que cobra el bufete en el caso de la Policía ya que asegura a Salud que se trata del mismo equipo y término similares a los del contrato de la Policía. Según la propuesta, la tarifa por hora de los abogados corre de $145 a $390 por hora. Los abogados que participan en el caso son Arturo J. García, director general del bufete, Marcos Rodríguez Ema, socio director y exsecretario de la Gobernación en la Administración Fortuño, Lizzie M. Portela, socia corporativa y exfuncionaria de la Administración Rosselló en el área de Seguridad, y Beatriz L. Annexy Guevara quien, a su vez, es miembro de un equipo de monitores de reforma policial en Arizona.

Además de estas dos contrataciones, McCV tiene otro vigente con la Oficina de Administración de Tribunales por un tope de $62,500 con tarifa por hora de entre $100 y $125 por hora.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sometió una demanda contra la Policía de Puerto Rico el 21 de diciembre de 2012 debido a sus “actividades ilegales e inconstitucionales que son el producto de fallas institucionales generalizadas y de larga duración” y, desde el 2013, hay un acuerdo de reforma en vigor que se supone “proteja la seguridad pública, garantice los derechos civiles y aumente la confianza pública en la Policía”.

Justicia federal tomó esa determinación basada en varias instancias de brutalidad policíaca, incluyendo el caso que involucra al ahora senador penepé Gregorio Matías Rosario quien, en 2006 y como oficial de la Policía, disparó dos veces y golpeó a un ciudadano dominicano que le había reclamado que dejara de expresarse despectivamente contra los dominicanos.

Todo el proceso de la reforma es uno sufragado con fondos públicos, incluyendo la Oficina del Monitor, que es un oficial del tribunal encargado de verificar si la Policía de Puerto Rico cumple con los acuerdos y las metas de la reforma. Dicha oficina tiene un presupuesto de $1.5 millones anuales que administra el juez Gelpí como parte de sus responsabilidades al presidir el caso.

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