El juez federal que supervisa el proceso de reforma de la Uniformada adelantó que va a alterar la estructura de la reforma por la lentitud en el cumplimiento y ordenó una auditoría completa de los gastos de la reforma.

El juez federal Francisco Besosa, quien supervisa el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para reformar la Policía de Puerto Rico, advirtió que realizará “cambios profundos” a este proceso debido a la lentitud y a la incapacidad que ha mostrado la Uniformada de mostrar progreso y cumplimiento con los cambios que requiere este acuerdo.

Alcanzar progreso definitivo en el proceso de reforma fue la promesa principal que hizo el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en cuanto a la Policía. Por problemas de comunicación, documentados ante la corte, entre el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, el Gobernador llegó a emitir una orden ejecutiva el año pasado que responsabilizaba a Torres Ríos del proceso de reforma y le dictaba a López Figueroa a que se sometiera a la autoridad del secretario para avanzar en el cumplimiento de la reforma.

Pero el juez Besosa ha emitido órdenes en las que reiteradamente señala las dificultades que encuentra para que se agilice la reforma y, más recientemente, afirmó que su control del caso lo lleva también a tener control sobre todo el presupuesto de la Policía porque todos esos fondos deben estar al servicio de cumplir con el acuerdo de reforma.

“[L]a reforma ha estado activa por sobre 10 años, costándole cantidades enormes de dinero a los contribuyentes de Puerto Rico, pero el Negociado de la Policía sigue en incumplimiento de 56 de los más importantes párrafos de un total de 179 párrafos que el Monitor y su equipo examinaron para propósitos (de su informe semestral número 8)”, planteó el juez en una orden del 17 de agosto.

“[E]l tribunal encuentra que el ritmo al que progresa la reforma es menos que aceptable y está inclinado a tomar afirmativamente pasos significativos en el futuro cercano para alterar la organización de la estructura de la reforma para que (la Policía) cumpla con los párrafos que no están en cumplimiento o que se mueven lentamente hacia cumplimiento, y mover la reforma hacia un periodo de cumplimiento sostenido”, añadió al ordenarle a las partes del caso a que le sometan comentarios sobre “cambios tangibles constructivos que se pueden hacer para acelerar el progreso de la reforma” o, de lo contrario, “el tribunal no tendrá otra opción que hacer cambios profundos para que la reforma progrese a un ritmo que sea más aceptable para el tribunal”.

Junto con eso, Besosa emitió otra orden, el 22 de agosto, para que su recién designado Oficial de Supervisión Financiera (OSF) para la Policía, Christopher Graham, realice una auditoría de todo los fondos asignados a la reforma en 2022.

Esto, después de que intentara obtener, sin éxito, información financiera precisa.

“A lo largo de este caso, el tribunal ha intentado obtener informes claros y precisos de todos los fondos asignados a la reforma de la Policía, el gasto de estos fondos y la resolución de fondos no usados. Los informes continuan siendo incompletos e ineficientes, lo que sigue pesando al tribunal”, anotó Besosa en esa orden de la auditoría.

Estos señalamientos y conclusiones del juez se registran a pesar de que el seguimiento sobre la reforma de la Policía abarca ya a personal de múltiples entidades del gobierno y de la corte. En la más reciente conferencia sobre el estado del caso, el tribunal convocó a representantes de la Oficina del Monitor de la reforma, del Comisionado Especial, del Departamento de Justicia federal, el gobierno, la Policía, la Oficina del Gobernador, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Servicio de Innovación y Tecnología del gobierno, la Administración de Servicios Generales, la Oficina para la Administración y Transformación de Recursos Humanos, el Departamento de Seguridad Pública, la Junta de Supervisión Fiscal y a Graham.

Vea:

Juez Besosa: “Lentitud del gobierno fue lo que provocó designación en la Policía”