Y el Instituto de Ciencias Forenses dice que el caso sigue bajo investigación.

A nueve meses de la muerte por ahogamiento de la niña Amira Narea Jiménez en la residencia de sus abuelos en Gurabo el 11 de enero, el Departamento de Justicia sostiene que todavía espera por “informes periciales esenciales” para determinar su curso de acción.

A pesar de repetidos intentos de NotiCel de entrevistar a algún funcionario a cargo de la pesquisa, Justicia se ha limitado a expresiones por escrito. En la más reciente, de esta semana, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, sostuvo que la fiscalía en Caguas y la Policía siguen trabajando en el caso.

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“La determinación de los patólogos es fundamental”, dijo.

La doctora María Conte, directora del ICF, indicó a través de una portavoz que el caso sigue bajo investigación.

El 13 de abril del 2012, otra nieta infante de Agneris Santiago Torres y su esposo, Erick Jiménez Figueroa, también murió ahogada en la misma piscina. Esa tragedia no desembocó en cargos criminales contra la pareja.

No obstante, tras la muerte Amira Narea, casi inmediatamente se le leyeron los derechos como parte de una investigación de índole criminal.

Este no es el único caso pendiente. El 11 de abril un hombre alegó que se quedó dormido y esto dio paso a la muerte por ahogamiento en una piscina de su hija de dos años en hechos ocurridos en la urbanización Villas de Loíza, de Canóvanas.

Sobre el caso de Jiménez, Hernández Gutiérrez defendió la rigurosidad con que Justicia investiga los casos.

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“Este tipo de casos se investiga minuciosamente de acuerdo con sus circunstancias particulares, sobre todo aquellos en los cuales la intención o negligencia no surgen tan claramente y requieren mayor evidencia y análisis. Ningún caso es sencillo ni es igual que otro, cada caso tiene sus retos".

"Estamos conscientes de que la mayoría de estos decesos no son deseados por sus familiares y/o cuidadores. No obstante, la ciudadanía debe tener presente que la negligencia y falta de supervisión tienen serias consecuencias legales. Cuando un fiscal formula cargos es porque está convencido de que cuenta con la evidencia requerida para demostrar que se configuró la comisión de delito y que no se trata de un accidente”, sostuvo.

Hernández Gutiérrez insistió en que se tiene que probar que hubo “conducta intencional o negligente, o si se trata de un accidente o circunstancia que no reúne los criterios de la comisión de un delito”.