Plantean a juez federal que ponga pautas porque la Reforma de la Policía está a la deriva ante la falta de comunicación entre los funcionarios.

A la vez que el secretario de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, sigue acumulando bajo su control directo, pedazo a pedazo, al Negociado de la Policía (NP), un informe sometido al tribunal federal concluye que no hay "visión" ni recursos suficientes para cumplir con la Reforma de la Policía y recomienda que todo el poder de supervisar ese proceso recaiga en Torres Ríos.

En febrero de este año, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió la Orden Ejecutiva 22-12 con la que designaba a Torres Ríos como su representante en todo lo relacionado a la Reforma e instruía al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, a trabajar en coordinación con el Secretario. Siete meses después, lo que se dice es que nada pasó después de esa orden. Pero, aunque el Secretario no hizo nada después de la orden para dotar de más recursos y personal al área de Reforma, lo que se le pide al tribunal es usar de base esa orden para darle a Torres Ríos toda la autoridad y que se encargue directamente de la ejecución de la Reforma.

Lo que ha hecho Torres Ríos es cambiar partes de la estructura de la Policía para que ahora, por ejemplo, se reporten directamente a él en el DSP la Oficina de Seguridad y Protección (encargada de escoltas e investigaciones de licencias para detectives y explosivos) y la academia.

El comisionado especial del caso de la Reforma, Alejandro del Carmen, presentó al juez federal Francisco Besosa los hallazgos sobre las operaciones de la Oficina de la Reforma (OR) e hizo las recomendaciones que el Departamento de Justicia federal avaló y que el Gobierno de Puerto Rico dijo que va a preparar un borrador para implantarlas.

"[Hay] barreras de comunicación entre el DSP y el NP. A ambas entidades se les ve como tomando pasos por su cuenta para mover la Reforma adelante, sin colaborar o coordinar significativamente con el otro. Este acercamiento balcanizado socava el completo de reforma entero", dijo Del Carmen al tribunal.

"El NP carece de una visión unificada para implementar el acuerdo (de la Reforma). La estrategia original del NP tras el periodo de capacitación, a fines de 2018, era desarrollar, adiestrar e implementar todas las políticas dentro de las cuatro zonas de excelencia y expandir a otras áreas policíacas a lo largo del tiempo. El NP abandonó esta estrategia sin tener otra de remplazo", criticó.

La Policía está bajo supervisión federal desde hace nueve años. Desde 2018 la Reforma está en fase de cumplimiento, lo que significa que hay una serie de parámetros establecidos y se está monitoreando que la Policía los cumpla. Si los cumple por dos años, terminaría la supervisión federal sobre ese cuerpo de seguridad. En mayo pasado, Besosa ordenó a Del Carmen la evaluación de la OR porque se había hecho evidente que carecía de personal y recursos. El comisionado sometió su reporte el 15 de septiembre, el jueves antes del impacto del huracán Fiona en la isla.

El director actual de la OR es el capitán Carlos J. Figueroa Ortolaza, quien tiene un equipo de 20 personas y varios cadetes. Casi todos los miembros de la oficina son uniformados y ninguno tiene pericia en la gerencia de proyectos o planificación. Para Del Carmen, la falta de personal es "crasa" y debe aumentarse por lo menos 150%. Como ejemplo, dijo que el Departamento de Policía de Chicago, que tiene un tamaño comparable a Puerto Rico pero tiene una supervisión con muchos menos asuntos que los que incluye la de aquí, tiene asignadas 200 personas en su oficina de reforma y otras 600 a lo largo del departamento que cumplen roles de apoyo a esa oficina.

Como son tan pocos en la OR, nadie está enfocado en una tarea dentro de la reforma sino que todos están pendiente a todos, lo que provoca que realmente nadie se haga responsable y nadie desarrolle relaciones significativas con los componentes del Negociado de la Policía que son los que tienen que ejecutar las tareas para estar en cumplimiento, observó el comisionado. Los miembros de la OR tampoco salen regularmente de su oficina a observar de primera mano la ejecución de estas tareas. El director de la OR debe tener rango de, al menos, teniente coronel porque los jefes de las demás áreas de la Policía, específicamente las comandancias de área, le hacen caso a esta oficina o les importa el proceso de reforma, añade el comisionado.

Del Carmen advirtió que la contratación de personal nuevo de la OR debe estar enfocada en "civiles con destrezas demostradas en gerencia de proyectos y experiencia extensa en liderar atender cambios complejos y sensitivos tanto de cultura como organizacionales". Resaltó que los miembros de la Policía que sean asignados a la OR deben tener también un incentivo en su compensación porque "nadie quiere estar en la OR y sus miembros están activamente tratando de que los transfieran fuera de esa oficina por la falta de incentivos financieros".

Una de las recomendaciones de mayor peso que hizo Del Carmen, por lo que implica para la Reforma, el presupuesto, la burocracia y también para la Policía, pero, a la vez, una recomendación que hizo con poca elaboración es que, "dentro del NP o el DSP, pero fuera de la OR, se debe crear una nueva entidad administrativa para supervisar el cumplimiento de forma general... esta entidad continuará el trabajo de la Reforma después de que concluya el acuerdo (de Reforma)". Con esto, el comisionado parece estar señalando que el Secretario del DSP, a su vez, necesita fiscalización en su encomienda de supervisar el cumplimiento de la Reforma más allá de la que pueda representar el hecho de que se reporta al Gobernador. Un tipo de supervisión externa a la Policía ha sido también el reclamo de entidades civiles que vigilan el cumplimiento de la Uniformada con la Reforma.

Besosa tomó conocimiento del reporte y ordenó al gobierno producir el borrador de su plan de implantación de las recomendaciones para el 15 de noviembre y luego las partes lo comentarán.

Para ver el reporte de Del Carmen, pulse aquí.

Los hallazgos ocurren después de año y medio de que tanto Torres Ríos como López Figueroa estén ocupando sus cargos en la estructura que la Administración Rosselló Nevares creó para hacer una consolidación de las siete agencias que se entendían tenían responsabilidad sobre la seguridad pública. Bajo el mando en el DSP de Héctor Pesquera, y en las postrimerías del huracán María, no ha ocurrido ninguna consolidación notable de recursos entre las dependencias y lo que se ha visto es un esfuerzo de Torres Ríos para dictar que unidades de la Policía que solían reportarse directamente al Comisionado (el cargo que antes se conocía como Superintendente) ahora se reporten directamente a él.

Previo a esta discusión sobre el estado de la OR, el secretario Torres Ríos tuvo un traspié en el caso de la Reforma, que todavía no ha explicado. Ocurrió cuando, junto a Justicia Federal y otras partes en el caso recomendó a la Oficina del Inspector General (OIG) como la más idónea para realizar la auditoría de unos gastos de dinero de la Reforma, pero luego retiró su recomendación sin decir por qué y prefirió presentar el nombre del abogado y contador público autorizado Eduardo Soria y su firma EcoVal. A estos también los dejó a un lado cuando Del Carmen propuso que la auditoría la hiciera el contador público autorizado y examinador de fraude certificado, Christopher Graham.

El proceso de reforma tiene asignado un presupuesto de $20 millones anuales y un examen preliminar bajo la tutela del juez Besosa había arrojado 109 partidas de gastos que necesitaban más investigación.

Vea:

Policía no quiere que la Inspectora General examine fondos de Reforma