La Reforma Policíaca para bien pudo haberse dejado en manos de personal del Departamento de Justicia (DJ) a traves de sus fiscales, pero el Gobierno de Puerto Rico optó por contratar a una entidad externa para liderar los trabajos, que casualmente es el mismo bufete legal en donde labora el padre del juez Gustavo Gelpí, quien evalúa el caso de la Reforma en el Tribunal Federal.

El pasado martes, NotiCel reveló que el padre del juez Gelpí labora para el bufete McConnell Valdes, bufete legal contratado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) por poco más de medio millón de dólares para un periodo de seis meses, lo cual se sospecha impulsó la salida del monitor federal, Arnaldo Claudio.

La determinación de contratar McConnell Valdes fue puramente legal, según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por entender que era el mecanismo más adecuado.

'Todos estos asuntos es curso normal donde en algunos casos se cogen los mismos abogados, fiscales que tienen el Departamento de Justicia o se externaliza algún tipo de servicio. Las determinaciones son puramente legales y yo con mucho gusto le pediría al principal asesor legal, Carlos Saavedra, que le de las razones por las cuales se llevaron a cabo esos esfuerzos, pero de nuevo, en el contexto del liderato de la Policía, Secretario, entre otras, se pensaba que era el mecanismo adecuado para poder llevar a cabo este proceso de la Reforma', aseguró el Primer Ejecutivo en conferencia de prensa.

Al cuestionarle al Gobernador si la decisión se tomó a sabiendas de que el padre del juez laboraba allí, Rosselló Nevares reiteró que 'todas estas evaluaciones se hacen y se concluyó que el peritaje que tenían los abogados que están llevando a cabo el caso era el adecuado y está en el mejor interes del público'.

De acuerdo a la página de McConnell Valdes, el abogado Gelpí ha trabajado con casos y consultaciones civiles generales en temas marítimos, aviación, seguros, banca, entre otras. Actualmente preside el comite de admisiones del Tribunal Federal en Puerto Rico.

Según expresó Claudio a su salida, perdió la confianza en la corte y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos luego de que se contratara este bufete 'en el cual existen parientes de personas involucradas en el proceso de la Reforma', apuntando a Gustavo A. Gelpí.

La salida de Claudio como monitor sucede a menos de un mes de la salida de Hector Pesquera frente al Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo el cual se encuentra el NPPR. En cuanto se conoció la salida inminente de Pesquera, el presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP), Ismael Rivera Román, solicitó la designación de Claudio a la secretaría.

No obstante, miembros del gabinete gubernamental, como el representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino Vega, celebraron la salida de Claudio.