La Policía de Puerto Rico cometió actos de espionaje digital durante los días previos al 1 de mayo de 2017, determinó la Comisión de Derecho Civiles (CDC).

De acuerdo con el informe 'Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico', tras una investigación de los hechos se determinó que la Orden General Núm.600-613, vigente para el 1 de mayo de 2017, carecía de criterios para controlar la discreción de la Policía para llevar a cabo el monitoreo de las redes sociales. 'Existe una ausencia de límites reglamentarios que definan lo que será observado y grabado'.

Se encontró además que las expresiones de la otrora Superintendente de la Policía Michelle Hernández previo a las actividades del 1 de mayo de 2017, probablemente tuvieron un efecto disuasivo o 'chilling effect' sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad.

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Con las siguientes declaraciones reveló la Superintendente los actos de espionaje cibernetico, según el informe:

26 de abril de 2017: 'Estamos monitoreando las redes sociales. Tenemos acceso a lo que se ha manifestado de las diferentes organizaciones' y que 'todo el mundo postea (en Facebook) sus intenciones y nosotros monitoreamos esas intenciones y corroboramos que las intenciones son más que palabras'.

5 de julio de 2017: 'Mis expresiones responden a la confirmación de la realización de dicha práctica dentro de un total ambiente de legitimidad, respetando las libertades individuales, pero recibiendo el insumo de la información que se publica en las plataformas digitales y medios noticiosos del país'.

5 de julio de 2017: 'La información que esta pública lo está para todos. Observar y recibir información mediante las redes sociales es uno de los mecanismos que utiliza la Policía para prevenir efectivamente que se comentan delitos'.

El informe de la CDC determinó que dichas expresiones 'denotaron, prima facie, prácticas institucionales dirigidas a supervisar y vigilar la conducta de las personas involucradas en actividades de protesta pública'.

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La intervención de la CDC surgió de la querella 2017-04-16861 presentada por los legisladores Denis Márquez y Juan Dalmau. En la querella se alegó que dichas expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado.

La querella planteó, a su vez, la necesidad de examinar las prácticas y políticas de la agencia de ley y orden de Puerto Rico que inciden sobre la supervisión de la actividad de la protesta pública.

Puedes leer el informe completo aquí: