El contrato de Hector Manuel Pesquera López con el Gobierno de Puerto Rico es para 'reestructurar' todo el andamiaje de seguridad puertorriqueño, de acuerdo al Plan Fiscal desarrollado para atender la quiebra de dicho gobierno, y le responsabiliza de buscar fondos adicionales para lograr estos propósitos.

Esto, según copia del contrato vigente para el 2018 que fue inicialmente divulgado el jueves por la licenciada Mayra López Mulero en el programa Nación Z. La examinación de los terminos del acuerdo pone en contexto controversias públicas recientes sobre el rol de Pesquera, la pugna entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) por los fondos asignados a la seguridad; y revela tambien que el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, no fue completamente veraz cuando habló sobre dicho contrato.

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En su relación con el gobierno, Pesquera no tiene establecida ninguna metrica para determinar si cumplió o no cumplió con su trabajo. Solo tiene estipulada una serie de áreas de responsabilidad.

El arreglo contractual es similar al que se tiene para su área con la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, y es con la misma agencia, la Autoridad de Asesoría Financiara y Agencia Fiscal (AAFAF).

En mayo de 2017, Rosario Cortes dijo que el salario de Pesquera sería de $248,500 y que sus funciones serían 'adicionales a las gerenciales y operacionales del Departamento de Seguridad Pública, de asesoría para la reestructuración de las funciones de las siete agencias del departamento y de otras reformas en agencias de seguridad'.

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Pero el contrato firmado el 17 de julio de 2018 es por un tope de $250,000 en un año y la responsabilidad primaria de Pesquera es 'coordinar los esfuerzos para reestructurar todas las áreas operacionales y administrativas de todas las agencias de seguridad y manejo de emergencia, como parte de la ejecución de un Plan Fiscal certificado bajo la Sección 201 de PROMESA'.

Sus otras obligaciones enumeradas son:

Consultoría en todas las áreas de gerencia de presupuesto para todas las agencias de seguridad pública y manejo de emergencias.

Cumplimiento con regulaciones federales para las operaciones y prácticas de seguridad pública a la luz del Plan Fiscal certificado bajo la Sección 201 de PROMESA.

Apoyo tecnico en todos los aspectos de la consolidación de las agencias de seguridad pública y manejo de emergencias.

Representar al Gobierno de Puerto Rico y a la AAFAF en conversaciones con agencias federales sobre materias de seguridad pública y manejo de emergencias.

Desarrollar guías operacionales y fiscales para todas las agencias de seguridad pública y manejo de emergencia.

Establecer acuerdos de cooperación con agencias federales de ley y orden y de manejo de emergencias para aumentar las capacidades de seguridad pública de Puerto Rico y procurar fondos adicionales para la operación de agencias locales.

Cualquier otro servicio y/o consultoría en asuntos de reestructuración gubernamental según requerido y determinado necesario por la AAFAF, de la manera en que esto pueda ser enmendado de tiempo en tiempo.

Esta lista de responsabilidades fue incorporada en el contrato tomando en cuenta una propuesta de página y media que sometió Pesquera enfatizando sus 'casi cuatro decadas' de experiencia en agencias de ley y orden. El acuerdo es vigente hasta el 30 de junio de 2019 y puede darse por terminado por, entre otras cosas, 'si existen circunstancias fuera del control razonable del Consultor que hacen antietico o impráctico que el Consultor permanezca realizando el trabajo aquí descrito'.

De la lista se desprende que Pesquera se comprometió a trabajar dentro de los confines del Plan Fiscal certificado por la Junta, sin embargo, el funcionario ha declarado ante la Legislatura que no puede operar la agencia con los fondos que tiene asignados.

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Se obliga tambien a 'procurar fondos adicionales' para la operación de las agencias. Públicamente, no se ha establecido que haya cumplido con procurar fondos adicionales en medio de la crisis de recursos que se indica que tiene la Uniformada.

Similar al caso de la Secretaria de Educación, el contrato firmado por el jefe de Operaciones de AAFAF, Alejandro Camporreale Mundo, no menciona en ningún lugar el puesto de 'Secretario de Seguridad Pública', y en todo momento se refiere a Pesquera como 'consultor'.

Este tratamiento como consultor provoca la interrogante de quien realmente responde por las fallas en el área de seguridad. Si Pesquera es 'consultor' por contrato pero tambien es 'Secretario' en la estructura de Gobierno, ¿a quien le ofrece su 'consultoría'? ¿Quien es el encargado de ejecutar sus recomendaciones y a quien se responsabiliza si las recomendaciones no se implantan? ¿Él mismo?

Para ver el contrato, pulse aquí: