La Policía de Puerto Rico falló en producir planes operacionales para manifestaciones sucedidas el año pasado en las cuales hubo incidentes de confrontaciones entre policías y la ciudadanía.

Los siguientes son algunos hallazgos incluidos en el informe presentado por el Asesor de Cumplimiento Tecnico (TCA, por sus siglas en ingles) sobre lo sucedido los días 17, 25 y 27 de abril de 2017 así como el 1 de mayo.

17 de abril - Protesta en el Capitolio durante la sesión legislativa que pretendía eliminar la Comisión para la Auditoría de la Deuda

La Policía no se comunicó con organizadores de protestas para la coordinación del personal necesario, de acuerdo con el manual de Manejo y Control de Multitudes.

El plan operacional no ofrecía información de cuánta gente se esperaba en la protesta ni tampoco si la protesta coincidía con otros eventos que atraen multitudes tales como eventos deportivos o religiosos.

El plan operacional no designó un lugar para ofrecer servicios medicos de emergencia ni tampoco rotulación visible para orientar al público.

No se indicó con anticipación el vehículo a utilizarse para transportar a los arrestados, si alguno.

El plan operacional no proveía una clara cadena de comando para cada unidad ni establecía cuántas unidades de SWAT (Armas y Tácticas Especiales) o DOT (División de Operaciones Tácticas) se activarían en caso necesario.

25 de abril - Visita del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al Centro para Puerto Rico Fundación Sila Calderón que provocó encontronazos con estudiantes de la UPR

Aunque el

evento no estaba calendarizado por la Policía, no hubo un plan operacional preparado para situaciones de emergencia.

27 de abril - Manifestación de grupos sindicales en el Capitolio que provocaron, entre otras cosas, un incidente con el representante Jose L. Rivera Guerra

La Policía no se comunicó con organizadores de protestas para la coordinación del personal necesario, de acuerdo con el manual de Manejo y Control de Multitudes.

El plan operacional no ofrecía información de cuánta gente se esperaba en la protesta ni tampoco si la protesta coincidía con otros eventos que atraen multitudes tales como eventos deportivos o religiosos.

El plan operacional no designó un lugar para ofrecer servicios medicos de emergencia ni tampoco rotulación visible para orientar al público.

No se indicó con anticipación el vehículo a utilizarse para transportar a los arrestados, si alguno.

El 'Incident commander' informó que la puerta donde

sucedió el

incidente con el representante

Jose Luis Rivera Guerra no estaba bajo su responsabilidad porque solo tenia la entrada Norte bajo su responsabilidad. El plan de trabajo establecía que ese comandante debía tener a dos policías en esa puerta, contradiciendo su alegación por lo que se concluye que desconocía el plan de trabajo.El plan operacional no proveía una clara cadena de comando para cada unidad ni establecía cuántas unidades de SWAT o DOT se activarían en caso necesario.

1 de mayo - Paro Nacional que culminó en 17 arrestos y daños al edificio Popular Center

Los planes operacionales presentados previo al evento del Paro Nacional el 1 de mayo se enfocaron en la defensa de áreas importantes como estaciones electricas y bombas de agua, y el manejo del tránsito.

La estrategia de la Policía durante este evento fue establecer oficiales en áreas claves de la Milla de Oro, el Capitolio, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, entre otros.

Tambien se establecieron oficiales en las distintas marchas que se dirigirían al edificio de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la Milla de Oro.

La Policía estuvo en contacto con los organizadores del evento desde antes del comienzo de la actividad.

Las marchas concluyeron pacíficamente y no se reportaron incidentes mayores en ninguna.

Según el informe, al comienzo del vandalismo en el Popular Center, la Policía intentó detener a las personas involucradas pero fueron rodeados por otros manifestantes. Luego de negociaciones, los oficiales lograron retirarse a la avenida Chardón.

La Policía, junto a la Fuerza de Choque, dispersaron a los manifestantes con el uso de gases y de municiones no letales tras el escalamiento a la violencia que comenzó a desarrollarse luego de los daños al Popular Center. Esto violó la política de uso de químicos pues los agentes no informaron a los manifestantes previo a lanzar gases para controlar el evento.

No obstante, el informe determinó que las acciones tomadas por los agentes de la Policía durante el evento fueron correctas y evitaron eventos de violencia mayores.

Un coronel, identificado como Roberto Salva, cuestionó la directriz de Pesquera durante el Paro Nacional del 1 de mayo, pues no había sido confirmado por el Senado aún.

Salva había sido nombrado coronel por la entonces comisionada Michelle Hernández, y había sido confirmado por el gobernador Ricardo Rosselló pero luego de cuestionar la decisión de Pesquera, el Ejecutivo anuló su nombramiento.