La administración de gobierno de Ricardo Rosselló Nevares se ha desempañado atrozmente con el acuerdo de reforma policial pactado con el Departamento de Justicia federal, principalmente ocasionado por la instalación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y su secretario, Hector Pesquera.

De todos los tropiezos de la administración en cuanto el caso, el más reciente fue informado el miercoles 21 al juez a cargo del caso de la reforma policial, Gustavo Gelpí. Se trata de la directora de la Unidad de Reforma de la Policía, Clementina Vega Rosario, quien fue removida de sus oficinas en el cuartel general por el actual Comisionado interino de la Policía, Henry Escalera.

Vega Rosario indicó el 9 de febrero que Escalera la relocalizó a la Academia de la Policía en Gurabo, a una pequeña oficina sin línea de telefono y sin equipo ni equipo de trabajo, que le impide de realizar sus deberes como directora de la Unidad de Reforma. Dicha Unidad es la encargada de asegurar el cumplimiento con la reforma policiaca.

Sin embargo, no es la primera vez que Vega Rosario es removida, sino la segunda. El 30 de noviembre del año pasado, el secretario Pesquera ordenó al negociado de Investigaciones Especiales manejar una querella en contra de Vega Rosario por acoso laboral y la removió de su posición como directora de la Unidad de la Reforma, reubicándola al área de Ponce. El 8 de enero fue reinstalada a su cargo.

Otra controversia que ha levantado la administración de gobierno recientemente en relación a la reforma policial lo ha sido por el uso de las identificaciones del equipo del Asesor de Cumplimiento Tecnico (TCA por sus siglas en ingles), Arnaldo Claudio. Luego que la oficina del TCA enviara al juez Gelpí un listado de integrantes que requerirá identificaciones, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, solicitó una reconsideración a una orden emitida a los efectos de instruir que se use el termino 'Monitor' en lugar de 'Technical Compliance Advisor', por entender que los terminos no son consistentes con el acuerdo de reforma policial.

El juez Gelpí denegó la petición del gobierno el 16 de febrero, indicando que no están levantando una controversia sobre el rol de Claudio, más bien están objetando el uso de la palabra 'monitor'.

DSP es el obstáculo más grave para la reforma policiaca

Más allá de los planteamientos que hizo el monitor federal en relación a la intromisión de Pesquera en la cadena de comando durante los motines en la Milla de Oro el pasado 1 de mayo, el TCA sentenció que la introducción del DSP y su secretario ha redundando en controversias dentro la uniformada con el pago de horas extra y mayor fragmentación de la línea de comando en la Policía. Para Claudio, este nuevo marco estatutario local no deja duda alguna de que el Comisionado de la Policía no tiene control ni comando total de las operaciones de la Policía.'Consecuentemente, ya no hay duda que la crisis en la cima de la cadena de comando esta claramente afectando la implementación de este acuerdo, creando un ambiente de incertidumbre, desconfianza, y polarización de los rangos. Que la actual estructura gerencial no está funcionando bien se ha establecido claramente durante este periodo de reporte, el resultado debe ser una intervención que restaure líneas claras de liderato y gerencia dentro la Policía ', reza el informe, subrayando el detalle de una intervención.

A esto se suma la falta de comparecencia del principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, a las vistas convocadas por el juez Gustavo Gelpí, quien preside el caso de la reforma policial. Gelpí regañó a la administración de gobierno por incumplir con el envío de documentos solicitados por la corte, señalamiento que negó la Fortaleza, indicando que estaban haciendo todo para cumplir con la reforma.

Hasta el presente, el saldo de la administración de Pesquera en la sombrilla del DSP no ha logrado reducir la rampante criminalidad que se ha desatado en lo que va de año. Del mismo modo tampoco ha abonado al esclarecimiento de la verdadera cifra de muertos ocasionados por el huracán María y sus secuelas.

Sobre este último detalle, el propio Rosselló Nevares ha defendido el desempeño de Pesquera en esta gestión, demostrándolo en la acción de designarlo al equipo de trabajo que re evaluará la cifra de muertos despues de María. El propio Pesquera insistió en innumerables ocasiones que la cifra de muertos que emitió el DSP es la más precisa, pese a investigaciones a profundidad por medios locales y externos que evidencian lo contrario y ponen la cifra de muertos en más de mil.

Pese a que el gobernador ha rehusado admitir los tropiezos que Pesquera ha ocasionado para su administración, lo cierto es que bajo su liderazgo en la recien creada agencia sombrilla ha resultado en todo lo contrario a lo que ese estatuto originalmente perseguía: 'reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer nuestros instrumentos de seguridad pública'.

La creación del DSP formaba parte del compromiso programático de la campaña de Rosselló Nevares, sin embargo, para la reforma policial y el TCA, la ley 20 del 2017 sólo ha abonado en crear una crisis en la Policía que pone en riesgo la implementación de la reforma policiaca.

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