La medida avalada en la Cámara hace tres años ordenó a la Policía y a Educación crear protocolos para atender este tipo de situaciones ¿Qué se ha hecho?

No ha ocurrido, pero la preocupación está latente de que se reporte un caso de un tirador activo en Puerto Rico, una situación que sería novel, pero ante las señales solo de este año -un niño fotografiándose con un arma, dos amenazando con tirotear escuelas y uno sorprendido con un arma-, la resolución conjunta 38 de 2019, ya en vigor, cobró vigencia.

La resolución conjunta ordena al Departamento de Educación y a la Policía a establecer los protocolos para atender situaciones en las que hay un tirador activo en un plantel escolar, crear planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre situaciones en las que está envuelto un tirador activo.

La medida habla también de la realización de una campaña informativa en un término de seis meses.

Ambas agencias tenían 90 días para establecer el protocolo, pero han transcurrido tres años y, a la luz de las expresiones de los principales implicados, poco se ha avanzado en el asunto, que al menos para el FBI es un tema apremiante.

En un informe, el FBI advierte que “el comportamiento violento se desarrolla progresivamente” y que “hay señales observables en el camino que la mayoría de nosotros podemos ver si sabemos qué buscar”. Y añade: “Existe una necesidad apremiante de probar, evaluar y desarrollar aún más estas amenazas”.

Lo ocurrido en la Isla en los pasados días son, sin duda, esas amenazas de la que habla una de las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, que ya sabe el camino que hay que recorrer, pero en Puerto Rico la medida aprobada para esos fines, ya hace tres años, no termina de arrancar.

Y mientras el encargado del área de Seguridad del Departamento de Educación, César González, reconoce que recién “se comenzó” a abordar un asunto de hace tres años, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dice que están trabajando “directamente” con la agencia, con la idea de que la comunicación sea “efectiva”.

Detalló, sobre el tema del protocolo que por ley debe ser establecido, que “la semana pasada me reuní con el secretario de Educación (Eliezer Ramos Parés) y estaba César González también y llegamos a unos acuerdos entre ambas entidades para darle la protección necesaria a las escuelas”.

Sobre el tiempo transcurrido y la inacción de la Policía y Educación, el jefe de la Uniformada se limitó a responder a NotiCel que “yo te puedo hablar de mi período como Comisionado y te puedo decir que la semana pasada me reuní con el Secretario… Es un tema que a todos nos interesa; mis hijas están en la escuela”.

Afirmó también que favorece que la Policía vuelva a las escuelas, pero reconoció que “actualmente no tengo los recursos necesarios para eso. Pero el secretario de Educación va a tomar las medidas”.

Para López Figueroa, por ahora una vigilancia en las escuelas de San Juan que fueron objeto de una amenaza de tiroteo “está demás”, ya que “nosotros estamos trabajando en coordinación con Educación, para ver la tendencia de cualquier tipo de menor y trabajar con ese asunto, que es algo complejo, porque se está tratando con menores”.

En cuanto a la resolución conjunta 38, en su exposición de motivos, señala que “las probabilidades de sobrevivir a un evento con un tirador activo aumentan dramáticamente cuando la víctima conoce lo que debe hacer” y recuerda el caso ocurrido en el Colegio Marista, donde fue activado el Negociado de Investigaciones Especiales por expresiones que realizó un menor en un chat de Whatsapp, las cuales fueron consideradas amenazantes.

También rememora que las autoridades tuvieron que tomar medidas de seguridad en The School of San Juan cuando una madre también hizo expresiones del mismo tipo.

Frente a esos casos, de hace tres años, la medida indica que “no podemos cruzarnos de brazos y esperar a que ocurra una desgracia para comenzar a prepararnos…”.

Mientras esto se materializa, el FBI insiste en la “necesidad apremiante de probar, evaluar y desarrollar aún más estas amenazas (de tirador activo). recomendaciones de evaluación y desarrollar intervenciones apropiadas diseñadas para responder a las necesidades de salud mental de los estudiantes involucrados”.

“Esta es una necesidad apremiante de salud pública que podría abordarse a través de la colaboración multidisciplinaria de educadores, especialistas en salud mental profesionales y fuerzas del orden”, agrega.

La agencia de seguridad, además, ofrece algunos tópicos que se deben abordar y que pueden ser de análisis en la Isla:

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