Federales arrestan a medio centenar por narcotráfico y armas en la zona norte
Aunque se indicó que algunos arrestados están vinculados a asesinatos, no hay acusaciones por ese delito.
Las autoridades federales y estatales realizaron el jueves un operativo contra 62 personas por delitos de narcotráfico, ley de armas, cometidos en la zona norte de Puerto Rico.
Según lo reconoció el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, parte de los arrestados responden a organizaciones criminales vinculados a varios asesinatos cometidos en pueblos de la zona norte de la Isla.
“Están relacionados en Manatí, Morovis, Hatillo, Isabela y el mismo Arecibo”, comentó López Figueroa a preguntas de la prensa.
Sin embargo, entre los delitos presentados en el pliego acusatorio de fiscalía federal, no hay casos de asesinato.
“Hoy hemos mencionado que hemos acusado a 62 personas. De esas personas, hoy por la mañana hemos arrestado a la gran mayoría de esas personas. El número que yo tengo puede ser 48 o 49 (personas arrestadas), pero lo que yo entiendo que las personas que todavía están en la calle, que voy a decir sus nombres, lo que quiero decir a ustedes es que mejor se entreguen porque voy a seguir detrás de ustedes porque tarde o temprano vamos a dar con ustedes y arrestarlos”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en conferencia de prensa.
“El número uno del pliego acusatorio, Melquisedec Navarro Lorenzo, conocido como Melqui, la M; el número cuatro, Reinaldo Ortiz González, conocido como Chicky, Pompi Rey; el número nueve, Renzo Marcial Rodríguez; el número diez, Josué Cedeño Feliciano, conocido como Camboya; número 17, Eric Juarbe Rodríguez, conocido como Érico; 19, Jonathan Feliciano Torres, alias Duende; 24, Ashley Rodríguez Pérez, alias Shar; 27, Brian Medina Herrera, conocido como Brian Diálisis; 31, Alexander Serrano Colón, alias Calle 13; 33, Ángel Félix García, alias Bully; 35, Evans Herrera Quiñones, alias El Enano; 44, Nathanael Franco Mercado, alias Nata; 48, Emanuel Serrano Feliciano y 53, Adonis Rosado Serrano”, son los que Muldrow mencionó que faltan por arrestar.
Mencionó que de ese grupo, 12 individuos ya estaban en cárceles tanto estatales como federales.
Personal del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) encabezó esta mañana el operativo masivo en varios pueblos de la región norte de Puerto Rico. En el operativo también participaron agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y otras dependencias de seguridad a nivel estatal.
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a 62 miembros de una banda violenta de Arecibo por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas, y violaciones de armas de fuego.
“... más de 72 millones de dólares en drogas han sido incautados en esta operación”, declaró el fiscal general Merrick B. Garland. “Los residentes de los proyectos de vivienda pública merecen más que ser aterrorizados por bandas de narcotraficantes violentos, y el Departamento de Justicia será implacable en nuestros esfuerzos por desmantelar las bandas que alimentan el crimen violento y se benefician de envenenar nuestras comunidades”.
La acusación alega que desde 2014 hasta la actualidad, los acusados trabajaron como parte de una organización de tráfico de drogas que distribuía drogas ilegales, incluyendo base de cocaína (comúnmente conocida como “crack”), heroína, cocaína, marihuana, Oxycodona (comúnmente conocida como Percocet), Alprazolam (comúnmente conocido como Xanax), Clonazepam (comúnmente conocido como Klonopin), y Tramadol, todo dentro de 1,000 pies del Proyecto de Vivienda Pública Ramón Marín Solá, entre otros.
“Las alegaciones en las acusaciones de hoy cuentan una historia alarmante sobre la violencia de las bandas en estas comunidades de vivienda pública”, dijo el director de la ATF, Steven Dettelbach. “Para todos los residentes inocentes que intentan criar familias saludables en comunidades seguras, la ley quiere que sepan que estamos aquí para ustedes. Vivir en vivienda pública no puede, y no debe, significar estar sometido a un ambiente de violencia armada y tráfico de drogas a su alrededor y su familia”.