Otra mujer está enfrentando cargos por presentar recetas falsificadas para obtener medicamentos controlados, informó el Departamento de Justicia.

En este caso se trata de una alegada reincidente, Agnes Yadira Aponte Calvo, quien enfrenta cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados, apropiación ilegal de identidad y violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Específicamente, se le acusa de conspirar, junto a su padre Wilfredo Aponte Gordo, para obtener de manera iegal decenas de tabletas de Amphetamine-Dextroamphetamine, mejor conocido como Adderall, un medicamento controlado y con alto potencial de abuso.

Supuestamente la mujer utilizó fraudulentamente el número de licencia, nombre y firma de una doctora del área norte.

El 11 de octubre, la mujer de 44 años enfrentó sus primeros cargos por la misma conducta y con la intención de conseguir la misma pastilla. En aquel entonces se le acusó por conducta realizada en octubre del 2022, cuando supuestamente falsificó la firma de dos médicos para obtener 130 pastillas del medicamento, acudiendo a tres farmacias de Carolina.

En esta ocasión, la fiscal Elimaris Rivera Martínez presentó los cargos contra ambos imputados de posesión y traspaso de documentos falsificados, apropiación ilegal de identidad y violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El juez José M. D’Anglade Raffucci, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto contra Aponte Calvo y le fijó una fianza de $8,000. No hubo causa contra el padre de la imputada.

Los delitos fueron cometidos el 27 de septiembre, 16 días después de que el juez Ángel Candelas Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontrara causa para arresto contra Aponte Calvo por hechos similares. En ese momento se le impuso una fianza de $35, 000.

Durante la vista celebrada hoy, la fiscal Rivera Martínez adelantó que solicitará la revocación de la fianza que el tribunal le había impuesto a Aponte Calvo en el caso anterior, así como el ingreso inmediato de la imputada a prisión.

El secretario de Justicia reconoció la labor realizada por la División de Delitos Económicos de la agencia junto al personal del Departamento de Salud. “El uso inadecuado de los medicamentos controlados representa un alto riesgo por su potencial de abuso y adicción. Además, provoca escasez de estos medicamentos que son necesarios para atender condiciones de otros pacientes en la Isla. A través de la alianza investigativa entre el Departamento de Justicia y Departamento de Salud estamos combatiendo esta y otras conductas delictivas en beneficio de los pacientes en Puerto Rico”.

La investigación se originó en la División de Investigaciones de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditaciones de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud y estuvo a cargo del agente Francisco Soto Alicea. Como parte de una alianza para procesar penalmente violaciones de ley en el ámbito de la Salud, el caso fue referido a la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, dirigida por el fiscal Rodney Ríos Medina.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 6 de noviembre.