El Centro de Operaciones y Procesamientos de Ordenes de Protección han recibido durante el año 7,825 ordenes de protección.

Las policías municipales están buscando integrarse a lo que se conoce como el Centro de Operaciones y Procesamientos de Ordenes de Protección (COPOP), un método de prevención para combatir la violencia género en la Isla creado por ley y ejecutado desde el Negociado de la Policía.

Esta iniciativa se trajo a la mesa en la reunión del viernes de la Federación de Alcaldes en el Centro de Convenciones de San Sebastián.

"Este es un programa de prevención y apoyo a las víctimas brindándole patrullaje preventivo y visitas si así lo solicitan por parte de la policía estatal y municipal", explicó la Teniente Aimée Alvarado. El programa fue creado por la Ley 3-2022.

El estatuto, de los senadores Migdalia González, Ramón Ruiz Nieves y Gretchen Hau, fue creado para proteger a las víctimas de violencia de género que se les haya expedido una orden de protección, a través de la integración de servicios y alianzas entre la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y el Poder Judicial.

"Escogemos la etapa de prevención porque ya la persona perjudicada o que entiende que está siendo maltratada de alguna manera ha solicitado un remedio civil en el tribunal que se llama orden de protección. Al solicitarla y autorizar a tribunales compartir su información con la policía, nos ponen en posición de poderle brindar alternativas de prevención", destacó Alvarado.

Este programa se puede ejecutar mediante visitas al hogar, patrullaje preventivo, llamadas de seguimiento.

"Fuimos a la reunión de la Federación de Alcaldes para invitarlos a que evaluaran este proyecto de bien a las víctimas de violencia doméstica", dijo la oficial

El municipio de Bayamón fue líder de esta iniciativa de combinar esfuerzos entre las policías municipales y la Estatal.

"El alcalde Ramón Ruiz Rivera hijo puso a nuestra disposición su policía municipal y nos apoyan diligenciando las órdenes de protección. Así nos dividimos: ellos diligencian y nosotros patrullados a las personas perjudicadas", indicó Alvarado.

En otros municipios, como Carolina, apoyan con el diligenciamiento de la orden y prevención a las víctimas.

"La policía municipal no necesita adiestramiento para esto porque la misma Ley 3-2022 dice que debemos hacerlo a través de acuerdos colaborativos. Por eso fue nuestra visita para presentar lo que hemos hecho y que ellos evalúen; para que participen de este programa con su policía municipal", expresó Alvarado.

"El proceso que se lleva a cabo es el siguiente. Se expide una orden de protección, el tribunal la envía a nosotros, luego a través de un programa enviamos la orden a la jurisdicción que le corresponde. Luego nosotros recibimos la notificación y llamamos a la víctima para darle la orientación de prevención. Después se comunica una trabajadora social donde se ausculta necesidades para ayudar a la víctima", explicó.

Este programa también está preparado para realizar referidos a organizaciones de base comunitaria, al Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia de ser necesario.

La iniciativa comenzó a finales del 2021.

Alvarado contó que antes de existir este programa la Policía no tenía forma de conocer cuantas víctimas habían solicitado ordenes de protección.

"Antes de existir el Centro de Operaciones y Procesamientos de Ordenes de Protección no se sabía qué pasaba con las ordenes de protección. No habían estadísticas y tampoco una manera de supervisar que fueran diligenciadas. No se sabía ni cuantas de la que se emitían eran procesadas al menos que las personas llegaran al tribunal," destacó Alvarado.

Ahora se cuenta con un inventario de todas las ordenes de protección.

Con la información adquirida se puede conocer cuántas licencias de armas de fuego se cancelaron, cuantas armas de fuego fueron ocupadas y cuantas personas han tenido más de una orden de protección en su contra.

"Es una información que antes no se tenía", recalcó.

En el Centro se han recibido durante el año 7,825 ordenes de protección. De esas órdenes de protección, 7,473 son por violencia doméstica, 185 son por violencia sexual y 95 son por acecho.

El 95.5% de las ordenes de protección son expedida al amparo de Ley 54 de Violencia Doméstica.

"Estamos logrando diligenciar estas ordenes de uno a tres días y antes se tardaba por acuerdos que se hacían de buscar dos veces a la semana las ordenes de protección en el tribunal", destacó.

El programa fue de agrado según Alvarado para la Federación de Alcaldes y ahora está en agenda impactar a la Asociación de Alcaldes para que se incluyan en esta iniciativa.