Transfemenicidios o cuando la intolerancia mata
El asesinato de una mujer trans el domingo, en Carolina, es el primer caso de 2023 y el primero también bajo esta figura desde que se creó el protocolo de investigación de la Policía como parte de la Ley 40 de 2021.
Seguramente ya algo aclaraba alrededor de las 5:25 de la madrugada del domingo cuando a Channel (también se le conocía como "Uvita"), vestida de traje verde y peluca, y que caminaba cargando su cartera a orillas de la carretera PR-190, cerca de Sabana Gardens, la sorprendió la muerte.
La mujer trans de 29 años, cuyo padre identificó como Jan Ortiz Pérez y que se convirtió formalmente en el primer caso de transfemenicidio en el país, tenía antecedentes policiales (había sido fichada en dos ocasiones), pero era querida en la comunidad, al menos a la luz de los comentarios en las redes sociales.
La estadística que maneja el Observatorio de Equidad de Género indica que de 2020 a 2023 se han reportado ocho casos de muertes de mujeres u hombres trans en Puerto Rico y de ellos 6 fueron en 2020, el primer año de la pandemia en el que el encierro desató un nivel de intolerancia que subió a niveles de salvajismo.
Hace tres años, los casos de asesinatos de mujeres u hombres trans se sucedieron de forma inmisericorde: Neulisa Luciano Ruiz (Alexa), 24 de febrero, Toa Baja; Angélica Marie Méndez Arocho (Yampi), 5 de marzo, Moca; Penélope Díaz Ramírez, 13 de abril, Bayamon; Serena Angelique Velázquez Ramos, 22 de abril, Humacao; Layla Peláez Sánchez, 22 de abril, Humacao; y Michelle Ramos Vargas (Michellyn), 30 de septiembre, San Germán.
De estos casos, el de Velázquez Ramos y Peláez Sánchez mostraron lo primitivo del ser humano: sus cuerpos fueron hallados calcinados dentro de un carro incendiado debajo de un puente del barrio Mambiche Prieto de Humacao.
Y el asesinato de Alexa causó aún mayor conmoción, ya que su muerte fue grabada en video.
Tras ese año pandémico fatídico, en enero de 2021 se registró el asesinato de Samuel Edmund Damián Valentín (9 de enero, Trujillo Alto), luego de lo cual vino un período sin muertes en 2022 hasta este domingo de junio de 2023, con el caso de Channel, muerta a tiros.
Para la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Irma Lugo Nazario, existe claridad en que, al menos en 2020, "el tema de encerrarnos" por la pademia afectó a quienes "no manejaron la presión y en los casos trans el nivel de intolerancia fue terrible".
Ese año, ante el impacto de estas muertes, Lugo Nazario indicó a NotiCel que se hizo un trabajo educativo, de prevención: "Hubo un proceso de educar de diversos temas, de los términos, de cómo la Policía debía dirigirse a los medios en estos casos, de la necesidad de trabajar con los estresores y con estrategias de prevención".
"En lo primero que pensamos cuando se da este tipo de casos es en la Policía, en los Tribunales, pero ya ahí es tarde para la víctima... Debe haber antes un reconocimiento a la diversidad y a la necesidad de romper con los discursos de odio", señaló.
Destacó también que, ante la diversidad, "no todos tienen la capacidad de análisis y de la aceptación de la 'otredad', de la diferencia. Aquí es importante resaltar los discursos de odio, que sabemos que lamentablemente crean confusión, cuando hay que trabajar con el discurso de amor".
Sin embargo, la crisis por los casos de violencia de género en el país, y la reacción del gobierno, que decretó en enero de 2021 un estado de emergencia por esta problemática, permitieron avances concretos en el ámbito de la violencia hacia la comunidad transgénero.
El comité para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) creado por el gobierno impulsó el reconocimiento oficial del femenicidio y del transfemenicidio como una categoría y a través de la Ley 40 de 2021.
Esa normativa "da mandatos: un protocolo de investigación para la Policía de femenicidios y transfemenicidios, que se firmó en enero de 2022, y otro para la compilación de estadísticas" en estos casos y en la que participan la uniformada, el Instituto de Estadísticas, el Observatorio y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), entre otros.
Lugo Nazario afirmó que "es importante este reconocimiento" debido a que ahora en el Código Penal se establece que "cuando el victimario o victimaria haya abandonado, expuesto o depositado el cuerpo de la víctima en un lugar público, y la víctima sea una persona cuya identidad o expresión de género real o percibida no corresponde con aquella asignada al nacer, se constituye un asesinato en primer grado y se identificará como transfeminicidio".
A su vez, la portavoz del Observatorio, proyecto que monitorea y analiza la situación de violencia de género en Puerto Rico, genera recomendaciones de política pública y fiscaliza la respuesta de las agencias gubernamentales, reconoció que ha habido avances, pero advirtió que se debe atender "a la implementación" de las medidas creadas y a la "educación" y "adiestramiento" de los policías en torno a cómo afrontar este tipo de casos.
En el caso de Channel, ahora la Policía debe confirmar o descartar la posibilidad de que su muerte se haya debido a un prejuicio o a la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
Ya el comisionado Antonio López Figueroa ha confirmado que el caso "se inició conforme al protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans por razón de género” y añadió que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, adscrito a Carolina, "se encuentra investigando todos los ángulos que rodean la muerte violenta de una mujer trans, cuyo cuerpo presenta heridas de balas".
Igualmente, aseguró que la pesquisa, que tiene el respaldo de la División de Violencia de Género de la Policía, "está siendo conducida conforme al protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans por razón de género”.