También pidió al Senado que indague en el asunto.

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez Hernández, solicitó el miércoles al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia la creación una entidad independiente para que investigue la muerte de Javier Antonio Cordero Nevares, de 16 años, a manos de la Policía.

“Los representantes del gobierno de Puerto Rico y la oficialidad de la Policía deberían desistir de especular y prejuzgar los hechos de este caso; están obligados a desarmar a los oficiales involucrados hasta tanto se investigue lo acontecido. La ACLU de Puerto Rico insiste que, para esclarecer casos como este, necesitamos una entidad independiente desvinculada del gobierno de Puerto Rico que lleve a cabo una investigación objetiva de los hechos. Es inconcebible que el NIE (Negociado de Investigaciones Especiales), cuerpo que cae bajo la misma sombrilla gubernamental que el Negociado de la Policía y que rinde cuentas al mismo jefe, esté a cargo de esta investigación. Insistimos en que este caso sea investigado por una comisión independiente, dentro o fuera de Puerto Rico; le corresponde al gobernador ordenar la formación de dicho cuerpo investigativo.”, dijo Ramírez Hernández en declaraciones escritas.

Del mismo modo, el director ejecutivo de ACLU-PR solicitó al Senado de Puerto Rico a que investigue el asunto.

“De igual forma, el Senado podría ordenar la creación de una comisión investigativa independiente para este caso”, demandó.

En la noche del lunes, Cordero Nevares fue sorprendido por agente a bordo de un vehículo de motor que supuestamente fue reportado hurtado, pero que no tenia gravamen, y se inició una persecución que terminó en la urbanización La Riviera, en el barrio Monacillos de Río Piedras.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa alegó que el menor intentó arrollar a los agentes interventores. Según el comisionado, el vehículo Hyundai Tucson, en el cual se movía el joven, había sido reportado como hurtado en Carolina y las autoridades le daban seguimiento al mismo.

“Se hizo un plan de trabajo para dar seguimiento a este vehículo, ya que el mismo tiene GPS. Dicho vehículo es ubicado en Vista Hermosa, de Vista Hermosa, pasa (al residencial, Luis) Lloréns Torres y luego vuelve a Vista Hermosa. Cuando sale del área, se interna en el área de la calle 40, urbanización La Riviera en Hato Rey, donde la Policía le da el alto. Este individuo, cuando la Policía le da el alto, los policías se bajan y alegadamente intentó arrollar a los Policías y ahí es que comienzan los disparos”, dijo el comisionado en entrevista radial (NotiUno). “La intervención vehicular es de las más peligrosas, no tan solo en Puerto Rico, a nivel de toda la nación americana y a nivel de todo el mundo. Ninguno de los policías sale a la calle a matar a nadie. En cuestiones de segundos, el policía decide por percepción como va a proceder. Si su vida está en riesgo, pues va a usar el nivel 4 de la Policía, que es usar el arma de reglamento”, sostuvo el comisionado de la Uniformada.

Según el comisionado, como el vehículo tenía GPS, no aparecía con el gravamen de hurtado en la Policía. López Figueroa alegó que las intervenciones con vehículos hurtados “son de las más peligrosas”.

Ante estas expresiones, Ramírez Hernández sostuvo que “hemos escuchado al alto mando de la policía insistir en que el automóvil es un arma letal y que el joven puso sus vidas en peligro, todo ello para justificar la balacera”.

“Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, la Policía de Puerto Rico está fuera de control; anda por la libre, o como indicó la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos al presentar su informe en el 2011 – el Departamento de la Policía de Puerto Rico está roto (“broken”). Con estas expresiones, y por un historial nefasto de violaciones de derechos civiles, la Policía de Puerto Rico fue demandada por violaciones reiteradas a los derechos fundamentales del pueblo; lo que culminó en un fallido acuerdo para reformar este cuerpo policial. No es suficiente redactar protocolos, a los cuales reiteradamente se refieren para implicar que se está reformando a la policía”, continuó.

“Si el término ejecuciones extrajudiciales (o sumarias) les deja mal sabor, es porque así debe ser. El trabajo de todo policía es prevenir la criminalidad, dentro de un marco de constitucionalidad. Ante una escena de actos delictivos, deberían intentar detener y procesar a los acusados, utilizando solamente la fuerza que requiera la situación. Los policías de Puerto Rico no pueden ser agentes de detención, fiscales, jueces y verdugos. En nuestro sistema de justicia se supone que todo acusado, o sospechoso, tiene derecho a ser sometido al proceso judicial, asistiéndole la presunción de inocencia. Este joven nunca tendrá su día en corte; y nunca habrá de recibir los servicios de intervención temprana que quizás lo hubieran encaminado en otra dirección”, concluyó.