La Policía de Puerto Rico, que ahora dice no tener dinero para atender los patrones de violaciones de derechos civiles que le señaló el Departamento de Justicia federal, ha gastado al menos $9 millones en contratos de cabildeo y publicidad dirigidas a detener, modificar o contrarrestar esa investigación federal.

Los gastos han ocurrido bajo la Administración Fortuño, que desde que entró en el 2009 sabía, a través del superintendente policial José Figueroa Sancha, que seis meses antes, en verano de 2008, Justicia federal le había notificado al gobierno su intención de iniciar una investigación de las prácticas y patrones de la uniformada.

La suma incluye los $300,000 que se le dieron al ex juez asociado del Tribunal Supremo, Efraín Rivera Pérez, para que sirviera como 'monitor' de la Policía. El resultado de ese trabajo ha sido un plan que se le presentó a Justicia federal en marzo pasado, pero que no evitó el contundente informe en el que esa agencia estadounidense concluyó la semana pasada que nuestro cuerpo policial tiene como práctica la corrupción, las actuaciones criminales y la violación sistemática de los derechos civiles de la ciudadanía, incluyendo el de expresión.

Tras publicar el informe, y a preguntas sobre ese informe del monitor, el director de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, Thomas Pérez, dijo a NotiCel que los problemas de la Policía de Puerto Rico no se resuelven con un 'punch list', o lista de cotejo, y que 'innegablemente' la policía se dirigía a un plan de reforma supervisado por un tribunal y encomendado a un monitor externo.

La Administración Fortuño ha apostado a Robert Warshaw, quien ya sirve de monitor en otras jurisdicciones, como su alternativa, y ya lo tienen bajo contrato directo por $1.7 millones. Antes de los contratos directos, rendía servicios bajo el contrato del bufete de cabilderos Wilmer Cutler Pickering Hale <><><><><><>& Dorr/a, quienes tienen contratos por otro millón adicional./ppPero los mayores beneficiarios del período de 'negación' en el que se colocó la Policía al decidir combatir la investigación federal, fueron la publicista Tere Suárez y los medios de comunicación donde su agencia ha comprado espacio para la campaña de publicidad de la Policía. Suárez, quien también es la publicista del municipio de San Juan y la publicista de las campañas políticas del alcalde capitalino Jorge Santini, recibió contratos por $5.4 millones que incluyen las pautas pagadas a los medios./pp'A la pregunta de si tiene todo el dinero hoy para lo que hay que hacer, por supuesto que no', le dijo el gobernador Luis Fortuño al diario Primera Hora, haciendo eco de lo que le había dicho el Superintendente Emilio Díaz Colón a El Nuevo Día: 'les voy a decir las cantidades de dinero que necesito y allá OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) que se encargue de asignarlo'. Ninguno de los dos funcionarios discutió los gastos de cabildeo y publicidad realizados hasta ahora para combatir el informe federal./p