Figueroa Jaramillo insta al Gobernador a firmar medida en beneficio de los consumidores.

El gobernador Pedro Pierluisi tiene en sus manos la única opción para evitar otro aumento al costo de la electricidad destinado para el pago de una deuda altamente cuestionada, garantizando el desarrollo económico de Puerto Rico y cumpliendo con la Ley Promesa y la Política Pública del país. Esto permitiría que el Gobernador honre su compromiso con el pueblo trabajador y sobre todo evitará que entre en mayores controversias públicas. Lo único que tiene que hacer el Primer Ejecutivo es firmar y convertir en ley el PC 1383 de la Cámara de Representantes.

El Proyecto1383 establece el marco legal que debe regir para negociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las garantías del sistema de pensiones presente y futuro. En la forma en que se ha redactado dicho proyecto legislativo se ha velado por el cumplimiento de las regulaciones que establece la Ley PROMESA, cumple con los requisitos de la Política Pública sobre la energía que prevalece en el país, evita el aumento continuo de la factura de la AEE para los abonados, permite el desarrollo económico del país estabilizando el costo de 20 centavos por kilovatio/hora y reduce la deuda hasta en un 75% de unos bonos que no están asegurados.

No es secreto para nadie que el pago de la deuda de la AEE, bajo los criterios que ha establecido la Junta de Control Fiscal y bajo las circunstancias económicas que estamos viviendo, resultará en una prácticamente impagable. Lo peor es que estos bonos, que pretenden pagar, no es una deuda asegurada de conformidad a como se adquirieron.

A juzgar por la negociación anterior, que fue rechazada, la propuesta de la Junta condena a nuestro pueblo a continuos aumentos por los próximos 30 o 40 años, afectando seriamente las posibilidades de desarrollo económico para el país. Esto redundaría en un efecto inmediato en los compromisos impuesto al pueblo del fondo general y peor aún terminaríamos pagando una multimillonaria cantidad de intereses que vaciarían nuestro bolsillo y llenarían las arcas de los bonistas.

Además, se estará colocando en riesgo los derechos de los trabajadores, su plan de retiro y con ello las pensiones presentes y futuras que el Gobernador se comprometió a defender cuando era candidato. Por otro lado, estaremos poniendo en riesgo la posibilidad de desarrollar la producción de electricidad sin la dependencia en el petróleo y el gas.

Se hace totalmente incomprensible que el Gobernador, -que ya tiene sobre su escritorio en La Fortaleza el Proyecto 1383- no haya firmado el mismo en el mejor interés de todo el pueblo puertorriqueño. La firma de dicho proyecto debe hacerse antes de la presentación y confirmación del nuevo plan de ajuste que empuja la Junta de Control Fiscal en beneficio de los bonistas y en detrimento del pueblo de Puerto Rico, tal y como han sido todos los planes de pago que ha estructurado este grupo.

Puerto Rico necesita para su presente y para su futuro, un sistema energético resiliente, confiable, robusto y asequible, con tarifas que puedan ser pagadas sin que consistan en una confiscación de los ingresos del trabajador y todos los consumidores del país.

En este momento histórico es Pierluisi quien tiene la oportunidad de hacerlo. Además, el Gobernador posee la responsabilidad única de demostrar que ejerce la gobernanza en beneficio de todo el pueblo puertorriqueño y no para un puñado de inversionistas ricos y poderosos que han encontrado en la Junta de Control Fiscal el mejor aliado de sus intereses.

Somos muchos, de distintos sectores los que reclaman la cancelación del terrible contrato de LUMA Energy, que piden no más aumentos en la factura de la luz, que quieren proteger las pensiones presentes y futuras, y que defienden las garantías de los derechos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es por estas razones, y muchas más, que marcharemos el próximo miércoles 20 de julio desde el Capitolio hasta La Fortaleza. ¡Es tiempo de firmar el PC 1383!