Columna del exsecretario del Trabajo y exasesor legal principal de la AAFAF, Carlos J. Saavedra Gutiérrez.

Esta semana cerró uno de los procesos más importantes en la historia contemporánea de Puerto Rico. Luego de ocho días de argumentaciones en el Tribunal Federal, las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la deuda del Gobierno de Puerto Rico llegaron a su fin. Aunque en su mayoría se trató de argumentaciones un tanto áridas y técnicas que involucran aspectos de derecho de quiebras y el funcionamiento del mercado de valores municipal, lo cierto es que el procedimiento tuvo sus puntos dramáticos.

El primer momento impactante fue cuando la Junta de Supervisión, luego de perder meses -sino años- en una batalla inútil con el Gobierno en cuanto al recorte a las pensiones, terminó claudicando y aceptando la Ley 53 que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y el Gobernador. Tras cuatro años insistiendo en un innecesario recorte de pensiones, al final del día el Gobierno triunfó y la Junta tuvo que retirar el recorte a las pensiones que había incluido en el Plan de Ajuste. De confirmarse el Plan, la quiebra de Puerto Rico puede culminar sin que los pensionados del Gobierno central vean recorte alguno a sus pensiones.

El segundo instante de drama ocurrió durante el primer día de vistas de confirmación. A minutos de comenzar la vista, la Junta de Supervisión anunció que llegó a un acuerdo con la entidad sucesora de los bonistas del antiguo Banco Gubernamental de Fomento -el Debt Restructuring Authority. Este era uno de los últimos grupos de acreedores grandes que quedaba por apoyar el Plan de Ajuste. Una vez anunciado ese acuerdo, los opositores al Plan se redujeron a un puñado de bonistas individuales, varios sindicatos y unas entidades que alegan tener acreencias a base de casos de expropiación forzosa, las cuales alegan están protegidas por la Constitución federal. Para todos los efectos prácticos, el Plan de Ajuste más complicado en la historia de la quiebra municipal parecía dirigirse a recibir un apoyo abrumador por parte de todos los grupos involucrados.

Sin embargo, poco a poco, comenzó a desarrollarse el tercer momento de drama en el proceso. La Jueza Swain -quien no hizo muchas preguntas a los abogados a través de las largas horas de argumentación- empezó a interesarse en el tema de las expropiaciones forzosas. Estos acreedores alegan que el Gobierno les debe dinero debido a que este les quitó forzosamente alguna propiedad para algún fin público. Según la Constitución federal, en esos casos los ciudadanos tienen un derecho a que se les pague una justa compensación. Bajo PROMESA, ¿se les puede reestructurar la acreencia a estos acreedores que basan su reclamo en la Constitución federal? ¿Si estos acreedores ya tienen sentencias a su favor y han demostrado violación a sus derechos constitucionales, puede el Plan de Ajuste ordenar que se les pague menos? ¿Es inconstitucional la Ley PROMESA si permite ese tipo de ajustes? Estas preguntas comenzaron a surgir en el proceso de las vistas de confirmación, al punto que la propia Jueza Swain ordenó a la Junta de Supervisión que dedicara tiempo de sus argumentaciones finales a atender este asunto.

Pero el drama en este tema se acentuó cuando entró un jugador inesperado al proceso de confirmación – el Gobierno federal. En una moción un tanto sorpresiva, el Departamento de Justicia federal solicitó tiempo adicional para determinar si entraba a participar en el proceso para defender la constitucionalidad de la Ley PROMESA. Para ello, el Departamento de Justicia solicitó hasta finales de enero de 2022 para decidir si intervenía en el proceso para defender la ley PROMESA y, si decidiera hacerlo, hasta marzo de 2022 para presentar sus escritos. En otras palabras, el Gobierno federal solicitó que se atrasara el proceso de quiebra de Puerto Rico hasta 5 meses más.

A final de cuentas, la Jueza Swain proveyó un término adicional al Gobierno federal para decidir si interviene, pero solo hasta enero de 2022. Sin embargo, eso no significa que automáticamente la decisión de la Jueza Swain sobre el Plan de Ajuste se va a retrasar hasta el año que viene. Lo que de seguro no puede hacer la Jueza es resolver la inconstitucionalidad de alguna sección de PROMESA sin antes darle oportunidad al Gobierno federal de expresarse. Sin embargo, si la Jueza Swain se convence que no hay problema constitucional, puede confirmar el Plan de Ajuste sin esperar por la posición del Departamento de Justicia federal.

Finalmente, vale la pena destacar las relaciones del AAFAF y la Junta de Supervisión a lo largo del proceso de vistas de confirmación. Lo que comenzó como una relación cordial y de apoyo al Plan de Ajuste, pareció agriarse un poco debido a posturas de la Junta. Primero, la Junta incluyó las Leyes 80, 81 y 82 -que abundan sobre aspectos de retiro de empleados públicos – entre las leyes desplazadas a través de la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste. Esto significa que, de confirmarse el Plan, estas leyes automáticamente se convierten en letra muerta, sin más. AAFAF se opuso a este proceder de la Junta de Supervisión, pero no deja de sorprender como todo el andamiaje de PROMESA parecería permitir que leyes aprobadas por el Gobierno local no se puedan implementar sin siquiera haber sido retadas concretamente en un foro judicial.

Finalmente, otro punto que levantó roces entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta fue la inclusión de un lenguaje en la Orden de confirmación propuesta que parecería prohibir a la Legislatura enmendar leyes de retiro para restaurar ciertos beneficios. Está por verse si la Jueza Swain aceptará ese lenguaje en la Orden de Confirmación. Lo que no hay dudas es que AAFAF, a final de cuentas, apoyó la confirmación del Plan de Ajuste.

Culminado este proceso -detrás de toda la discusión técnica de derecho de quiebras- no debe pasar desapercibido lo verdaderamente histórico de lo que acaba de concluir. Luego de casi cinco años, la quiebra municipal más grande y complicada en la historia de Estados Unidos parece estar llegando a su fin. A su vez, no hay duda de que con la potencial confirmación del Plan de Ajuste cambiará el ordenamiento legal puertorriqueño por las próximas décadas. Ello, por un lado, debido a los términos económicos de las transacciones comerciales que incluye el Plan y las responsabilidades que impondrá en las agencias fiscales del Gobierno. Por otro lado, ya no será suficiente leer la Constitución de Puerto Rico para determinar la forma y manera en que funciona el Gobierno de Puerto Rico; ahora también habrá que leer el “Anejo” o “Suplemento” que representa el Plan de Ajuste y su Orden de Confirmación, una vez esta sea emitida por la Jueza Laura Taylor Swain.