El abogado y periodista Manuel Clavell Carrasquillo hace un análisis discursivo de la pandemia de COVID-19 y adelanta la necesidad de estar alerta sobre futuros medios de rastreo de la ciudadanía.

La lógica militarista de guerra sin cuartel por todos los flancos, hasta la aniquilación del enemigo invisible, vuelve a alzarse como la estrategia principal de los Estados Unidos para intentar derrotar una pandemia. Tanto es así que, en este contexto, el presidente Donald Trump se adjudicó el título de “War President”, resaltando su rol de comandante en jefe de los ejércitos de aire, mar y tierra de la potencia “atacada”.

No obstante, en esta ocasión, a diferencia del momento en que apareció el sida, las profundas trincheras de la lucha antiviral se han construido en las redes. A través de ellas se entonan las consignas que animan la toma por asalto de los cuerpos enfermos. “A este virus lo derrotaremos juntos”, repiten muchos, como si el COVID-19 o el VIH pudiesen ser desarticulados mediante el uso de la fuerza masiva, dirigida hacia la victoria final por los mandatarios de la nación –y no por medio de complejas medidas salubristas para el pueblo establecidas con inteligencia, sensibilidad y justicia social.

Estos mensajes de combate han sido diseminados por amplios sectores, que de inmediato se han alineado detrás del discurso del estáblishment, al menos en el plano de la simulación, para que el confinamiento prolongado en las residencias sea más o menos tolerable. Las altas esferas del poder nos han notificado que estamos en guerra pero que triunfaremos, luego de enormes sacrificios, sin importar las consecuencias. Muchos han obedecido, ciegamente, enlistándose sin chistar en esta gesta patriótica, a pesar de que sus conductas luego sean violatorias de los toques de queda.

De ahí que en los últimos días se hayan hecho múltiples llamados a “empuñar las armas”, como el que hizo el presidente de la nación en conferencia de prensa para que la gente beba desinfectantes a cul cul, o como la invitación por Facebook Live realizada por un pequeño agricultor para que tomemos varias dosis de té de orégano brujo.

El ejército de la justicia

En este conflicto discursivo en el que nos desenvolvemos día a día, recreado ahora por el sistema de dominación mediante bombardeos constantes de propaganda cargada de lenguaje bélico, el bando de los “soldados buenos” ha quedado conformado por una “triple alianza”. Sus batallones están compuestos por los abnegados dirigentes gubernamentales, los patrióticos dueños de las empresas privadas y los obedientes ciudadanos que presumen de estar “sanos”, aun a pesar del alto número de “indetectables”.

Como parte de este esquema torcido para enfrentar la nueva enfermedad, estos tres sectores privilegiados por su alegado acceso a las claves ocultas que conducen a la cura, se han consolidado en un “ejército de la justicia” cuyas determinaciones no deben cuestionarse, so pena de traición al bien común. Estos agentes “salvadores de la patria” aparentan estar muy enfocados en sus tareas benéficas de administración de hospitales y reactivación de la economía como para, además, tener que rendir cuentas públicas o respetar las libertades civiles. Y para muestra, sólo uno de tantos “task forces” basta.

Los amplios poderes excepcionales de esta “triple alianza” han sido justificados plenamente en los foros de formación de opinión debido a que sobre ellos recae la importante misión de salvar la nación del organismo maligno y extranjero que la ataca, utilizando como razones principales de la guerra las intenciones benéficas de su cruzada y la pureza de sus cuerpos y sus corazones para conducirnos hacia la reconstrucción de la “normalidad”.

El bando de los enfermos y desobedientes

Del bando contrario, este discurso ha construido la imagen de una facción de los “soldados malos” que hay que rastrear, perseguir y “aplastar” a toda costa para restituir la salud general.

Entre las filas desorganizadas de estos grupos de gente marcada se encuentran las personas contaminadas por el coronavirus que presuntamente se enfermaron “por no seguir las órdenes del régimen” y las personas desobedientes, aquellas que han retado las políticas de control, sin importar los motivos de su desobediencia.

La “triple alianza” ha lanzado contra estos “apestados” todo el peso de las leyes de excepción que autorizan la persecución contra los que dejen de obedecer las directrices de encierro y distanciamiento social.

En primer lugar, los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo policías estatales y federales, han realizado miles de arrestos mediante el uso excesivo de la fuerza. Así mismo, las autoridades de ley y orden han impuesto miles de multas arbitrarias y caprichosas.

La mayor incidencia de estos arrestos y multas han ocurrido en las áreas residenciales con mayor concentración de pobres, negros, latinos y personas sin hogar. Las violaciones a los derechos básicos de los “desobedientes” no sólo han sido graves sino también desproporcionadas y abiertamente discriminatorias.

En el estado de Nueva York, por ejemplo, de 40 arrestos llevados a término por alegadas violaciones a las órdenes de distanciamiento social 35 han sido de personas negras, según informó el noticiario independiente “Democracy Now!”.

No obstante, mientras los arrestos relacionados con la pandemia continúan en aumento en los barrios vulnerables, la policía solo orienta cordialmente a las personas blancas o clasemedieras que han aprovechado el ambiente primaveral para tumbarse un rato sobre el césped de Central Park a departir con sus amigos, tranquilamente, sin guardar el distanciamiento requerido por la ley.

El arma secreta de la empresa privada

En segundo lugar, los enclaves más poderosos del sector privado relacionado con la tecnología y las comunicaciones de los Estados Unidos, tales como Apple, Google y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), han anunciado el lanzamiento de una poderosa “arma secreta” que “exterminará” el COVID-19 antes de que medie vacuna o medicina alguna.

Se trata de un mecanismo de rastreo, a través de los teléfonos celulares inteligentes iPhone y Android, que permitirá obtener información privada de los usuarios sobre todos y cada uno de los contactos que pudiesen tener con personas infectadas.

Estas empresas han anunciado que el nuevo sistema de rastreo de contactos funcionará a base de la tecnología Bluetooth y solo registrará los aparatos celulares que estén a cierta distancia del celular del usuario, durante un tiempo definido. Han descartado que este “grillete voluntario” tenga la capacidad de registrar las identidades y localizaciones de las personas dueñas de los aparatos, por lo cual aseguraron que esta “arma” garantiza la no divulgación de los datos íntimos de los usuarios.

De acuerdo con estos gigantes, el mecanismo estará listo para mediados de mayo en su versión App y, luego de varios meses, será integrado directamente al “hardware” de todos los celulares nuevos que se distribuyan a nivel mundial. Una vez obtenidos mediante estas plataformas, los datos serán compartidos con las autoridades de salud pública de los estados.

A su vez, las autoridades sanitarias utilizarían estos datos para recomendar que los usuarios se realicen pruebas, guarden cuarentena y/o activen una vigilancia de los síntomas. De igual manera, las personas que han estado en contacto con los celulares de las personas infectadas serán alertadas de que en los últimos 14 días han estado en las cercanías de personas positivas.

Advertencias legales en zona de guerra

Las preocupaciones jurídicas que provoca la introducción masiva de este mecanismo en nuestras vidas a largo plazo son evidentes. De un lado, el derecho a la intimidad de los usuarios es inviolable y debe ser preservado a toda costa. Por otro, los gobiernos tienen que establecer sistemas de rastreo de contactos personales para reducir los riesgos mortales de la pandemia.

La Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, por sus siglas en inglés), se mostró tolerante con la utilización de las señales de Bluetooth –en vez de los localizadores– para medir los contactos ya que, de esa forma, los datos que se compartirán serían anónimos.

A pesar de lo anterior, la ACLU advirtió a los desarrolladores de tecnología comunicacional y a los estados que deben asegurarles a los usuarios no solo su privacidad sino también su consentimiento y la transparencia en cuanto al uso que se les dé a los mismos.

En este sentido, la ACLU cuestionó el uso del “grillete” celular como condición obligatoria que impondrían los patronos a las personas que trabajan para reincorporarse a sus labores, pues esta exigencia eliminaría su carácter discrecional. Esta condición laboral sería problemática y desconocemos cuáles serían los derechos salariales de los obreros en caso de que el “grillete” les ordene varias cuarentenas de 14 días en un año.

En esa misma línea argumentativa, la ACLU advirtió que la data recopilada no se debe guardar en repositorios centralizados, que se utilice solamente durante esta pandemia para propósitos salubristas, nunca comerciales, y que sea destruida una vez finalizada. Por último, la ACLU reclamó que la información obtenida no pueda ser utilizada por las agencias de seguridad del estado para investigaciones criminales ni para perseguir delitos.

"Enemigos" fichados y estigmatizados

En cuanto a todo lo anterior, múltiples juristas y científicos han anticipado las consecuencias nefastas de los errores predecibles de este sistema de rastreo sobre las libertades de personas marcadas por estos “grilletes”.

Sabemos que habrá millones de registros erróneos de contactos mínimos o irrelevantes con personas infectadas. Igualmente, es obvio que el sistema puede ser burlado por desactivaciones o tras haber dejado los teléfonos en casa o habérselos entregado a otros.

Peor aún, resulta alarmante el aumento del poder decisional que tendrán los gobiernos y los patronos sobre las personas que sean estigmatizadas y fichadas como “peligrosas” o “enemigas” por este mecanismo digital. Sobre este particular, hay que recordar las advertencias del National Lawyers Guild (NLG) en relación con el récord histórico de graves abusos gubernamentales cometidos en los Estados Unidos contra personas fichadas por su condición social, racial o afiliación política. Todo ello, tras haberle dado un simple “like” o “me gusta” a contenidos legales publicados en páginas de Internet estigmatizadas como “peligrosas”.

En Puerto Rico, para entrar en calor y visualizar a fondo los abusos del derecho que pueden venir tras la implantación de este “grillete” digital solo basta con recordar la “larga sombra del carpeteo” protagonizado durante décadas por el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía y el FBI.

Esta “larga sobra del carpeteo” en Puerto Rico, denominada así por la revista The Intercept, continúa asechándonos incluso hasta el presente. Aún hoy el tribunal atiende la controversia sobre la legalidad de los fichajes realizados por la policía tras la fiscalía haber obtenido acceso a los contenidos digitales y mensajes de los medios Pulso Estudiantil, Diálogo y el Centro de Comunicación Estudiantil (CCE). Esta data producida e intercambiada en forma legal en sus páginas, antes y después de la enérgica protesta de los estudiantes contra la ex presidenta de la universidad, Nívea Fernández Hernández, pudo haber sido utilizada en una especie de “expedición de pesca” para tratar de sostener acusaciones.

En este contexto de guerra contra una enfermedad, emprendida por la “triple alianza” gubernamental, empresarial y ciudadana antes expuesta, los avisos del NLG se tornan en alertas urgentes. Las comunidades negras, latinas y puertorriqueñas, así como las organizaciones políticas críticas del régimen, ya han padecido en carne propia las consecuencias de la estigmatización y ahora el largo brazo de la ley se extiende hasta los enfermos, incluso más allá de los intentos de criminalización de los pacientes afectados por el VIH.

Nos corresponde evitar que esta “arma secreta” se torne, virulenta e implacable, contra las poblaciones vulnerables, sobre todo en Puerto Rico.

Conocemos la incapacidad del sistema de salud colonial de procesar datos vitales y establecer un sistema actual de rastreos de contactos. Sabemos de la falta de recursos o subdesarrollo monumental y que estas condiciones precarias han sido coronadas de cuatrienio en cuatrienio con una jerarquía gubernamental corrupta, según fue confirmado en las vistas públicas recientes conducidas por la Cámara de Representantes.

La postura ética asumible

Ante estas realidades, es anticipable que el Estado Libre Asociado no pueda hacer mucho con la inmensa cantidad de data relacionada con el COVID-19 que les llegaría a través de este mecanismo de rastreo ideado por Google, Apple y MIT.

En esta ocasión, no se trata de suministros alimentarios que se pudrirán en almacenes clandestinos pero, por esta misma razón, no existe duda alguna de que la información privada de nuestros movimientos durante la pandemia no debe ser confiada a unas autoridades irresponsables, con un récord tan funesto como el que tienen, como si se tratara de un cheque en blanco. Su uso tiene que ser fiscalizado, al igual que el proceso de contratación de cualquier compañía que pueda ser considerada para crear y mantener el sistema local de este “grillete”, vinculado a cualquier conexión del mismo con el famoso “Dash Board”.

La postura ética correcta que hay que asumir en medio de esta crisis supone la oposición a que este instrumento sirva para atacar, criminalizar, intimidar, fichar y perseguir al bando de los “desobedientes”, luego de que las autoridades de salud de nuestra isla accedan a ese alto volumen de información privada de la ciudadanía entonando consignas bélicas en cuanto a un triunfo lejano contra la enfermedad, de acuerdo con sus condiciones materiales precarias y sus intereses oportunistas en beneficio de los donantes y bonistas.

Nuestra libertad no debe ser sacrificada en el “altar de los celulares” exprimidos por el gobierno de Puerto Rico sin contrapeso alguno a nombre de la seguridad de los “sanos”. Dicho sacrificio sería una cruel y absurda contradicción a las alternativas salubristas serias para posicionarnos, hasta la “victoria final”, de manera lúcida, democrática y justa en esta difícil coyuntura histórica.