El síndrome es más severo cuando se asciende al poder rápidamente como los políticos o cuando el poder es de por vida como los jueces.

Síndrome es un conjunto de características que componen una condición médica.

Hubris significa desmesura, arrogancia u orgullo excesivo. El síndrome hubris afecta a todas las personas que llegan a poseer poder sobre otros seres vivientes—políticos, militares, empresarios, médicos y jueces.

El síndrome es más severo cuando se asciende al poder rápidamente como los políticos o cuando el poder es de por vida como los jueces.

El síndrome hubris es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por arrogancia, soberbia y prepotencia, se creen que lo saben todo.

En la mitología griega la diosa Némesis, diosa de la justicia, del equilibrio y de la mesura, castigaba los actos de soberbia y devolvía al enfermo a los límites impuestos por los dioses.

En nuestro entorno, cuando los políticos o jueces salen de sus puestos se curan instantáneamente de su arrogancia y prepotencia. Hasta pierden el título de honorables que se aplica al puesto, no al juez o al político.

En Estados Unidos existe la Comisión de Conducta Judicial para velar por la integridad del comportamiento de los jueces. En Puerto Rico la Oficina de Administración de los Tribunales se supone que investigue la actuación de los jueces.

Pero esa oficina, una dependencia del Tribunal Supremo, no investiga a los jueces de ese tribunal. Los abogados en Puerto Rico alegan y aceptan que los jueces poseen inmunidad, impunidad e infalibilidad.

Esos atributos no están en la constitución de Estados Unidos y menos en la constitución de la colonia de Puerto Rico. Esa inmunidad, impunidad e infalibilidad es estatutaria, resuelta en casos para beneficio de los propios jueces. No se pueden demandar porque tampoco los jueces se equivocan.

En Puerto Rico como resultado del caso Feliciano Rosado vs. Matos Jr., la inmunidad no es absoluta, sino que condicionada. En ese caso el Juez Negrón García dijo: “Nadie, ni los jueces, están por encima del imperio de la ley”.

En España los jueces pueden ser demandados, removidos de sus puestos, multados y hasta encarcelados.

Se ha demostrado hasta la saciedad que los jueces se equivocan, son humanos y desconocen muchos de los tópicos que tienen que dirimir en sus tribunales.

En nuestro país se creó en el 1978 la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ). Ese gremio está afiliado a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Asociación Latinoamericana de Jueces.

Los reglamentos de APJ son secretos, no están disponibles al público. Entre las funciones del presidente de APJ está acudir a los foros públicos para defender la actuación de los jueces. En ese sentido la judicatura se comporta como una cofradía.

Recuerden la película The Godfather, de Mario Puzo, que demuestra que nadie se salva de una cofradía. Nuestros tribunales de justicia son muy rígidos, no tienen flexibilidad, son arcaicos, necesitan revisión.

La inmunidad absoluta y la inmunidad que pretenden poseer los jueces promueven el abuso de autoridad hacia la población más vulnerable que acude ante un juez en busca de justicia. Los jueces no le responden al pueblo ya que son nombrados por el ejecutivo con la aprobación del senado.

La población más vulnerable son los pobres, los niños, las mujeres y las personas de edad avanzada. Ustedes han observado que los políticos y los ricos contratan a los mejores abogados y por tanto los más costosos del país.

Hay que cambiar la forma de nombrar a los jueces de nuestro país. Hay que nombrar una Comisión Judicial que eduque a los abogados que aspiren a ser jueces y le provea nombres al gobernante de turno. Hay que educarlos en ética, moral, filosofía, humanismo y ciencias.