El exrepresentante Víctor García San Inocencio comenta sobre la escasez de personal en los hospitales y nueva legislación para evitarla.

Quien haya tenido que hospitalizarse ---a mí me han intervenido y remendado exitosamente varias veces--- conoce que a la incomodidad de la enfermedad, suelen añadirse las molestias de estar encerrado y restringido en la movilidad en un lugar extraño.

Nadie quiere estar hospitalizado, ni conozco a nadie que vaya a ser recluido allí por gusto. Lo que es peor, casi nunca el paciente puede escoger el hospital que preferiría, ni cambiarse de institución una vez está allí dentro.

Estos son datos que se pasan por alto hasta que le toca a uno, o a una persona cercana estar allí, cuando las horas se convierten en días, y estos, se sienten como semanas.

Relato esta experiencia vivida por tantos, porque uno de los problemas mayores que tienen casi todas las instituciones hospitalarias es la falta de personal profesional de la salud en número suficiente. El llamado “understaffing” es una epidemia provocada tanto por factores “fuera de control” institucional ---aunque veremos que se podrían atender--- así como por factores donde inciden decisiones de los inversionistas de los propios hospitales de recortar la plantilla para bajar gastos.

En California y en otros lugares se ha estudiado el fenómeno del racionamiento de personal y se ha encontrado que los riesgos de la hospitalización se reducen e incluso, el tiempo de hospitalización cuando se tiene el personal necesario y se presta la atención adecuada que la condición del paciente hospitalizado demanda. Más aún, se ha concluido que el proceso de recuperación mismo mejora, si se tiene esa atención temprana y oportuna. De ahí, que en California y en otros lugares se haya legislado para exigir que se garantice, entre otros, el número de profesionales de la enfermería y otros, que debe haber por número de pacientes para que el afán de lucro o la dejadez no perjudique, ni haga un martirio la estancia de los pacientes en los hospitales.

Hay que decir, que no es sólo el paciente quien se beneficia de tal legislación o garantías, si no también el propio personal, el cual no es sobre explotado y se reduce la incidencia del síndrome de quemazón, cuando las tareas asignadas se reparten entre un número mayor de colegas.

Pero otra vez, el afán de recortar en personal, para tener menos gastos y aumentar la ganancia, meta de los inversionistas de la salud, hace que la hospitalización no solo sea sea cada vez menos hospitalaria, sino que en algunos casos se convierte en una estadía inhóspita y peligrosa para la salud.

Si por ejemplo usted dedica un sólo miembro del personal de enfermería a atender toda una noche a veinte pacientes, añadiendo a las verificaciones que se realizan la tarea de responder a los pacientes; tendremos un cuadro donde muchos pacientes terminarán recibiendo la visita al llamado del paciente dos y tres horas después de estar hundiendo y esperando con resignación la ayuda.

Para atender los problemas que genera el “understaffing” y los excesos de la gula de los inversionistas que a veces planifican la escasez, en Puerto Rico se están proponiendo en dos proyectos de ley en el Senado, escalas, métricas del personal mínimo necesario para prestar servicios de enfermería según el número de pacientes.

De esta manera se garantizarán unos mínimos. Claro está, a Dios rogando y con el mazo dando, Habrá penalidades, multas y compensación al personal sometido a esta sobre explotación, cuando se violenten los estándares mínimos exigidos por la ley.

Ambos proyectos se diferencian en alcance y cubierta, aunque persiguen alcanzar objetivos similares. El proyecto propuesto por Petición por el Colegio de Médicos y Cirujanos, podría ser extensible a otros profesionales de la salud e incluso, sería aplicable a la operación de lugares donde el paciente sea atendido ambulatoriamente ---cuando se va el mismo día--- antes de cumplidas 23 horas de estancia en la facilidad médico-hospitalaria. Ese proyecto establece además penalidades “fuertes” para desincentivar o controlar el afán de lucro de quienes ponen a sufrir a los pacientes recortando personal, al tiempo que explotan a los profesionales que les sirven.

La legislación propuesta por los médicos, por su Colegio, además de penalidades fuertes, da compensación a quienes tengan que invertir tiempo para querellarse sobre violaciones y acudir a procedimientos administrativos, así como también abre las puertas y faculta a no renovar la licencia a instituciones que violenten reiteradamente los controles y la reglamentación que se establecerá gracias a esta ley.

Se aduce que la escasez de personal dentro de las instituciones obedece a que son difíciles de reclutar porque los profesionales se han ido del país, o porque alegadamente no quieren trabajar. Hay ahí una gran falacia que choca con los hechos. Para el caso de la enfermería, se gradúan anualmente centenares de buenos profesionales. Algunos optan por irse a otras instituciones o fuera de Puerto Rico porque allá sienten que se les trata mejor, se les paga más y no trabajan con tanto estrés. Eso podría empezar a cambiar para mal, porque el modelo de negocios del capitalismo salvaje que privilegia la ganancia sobre la salud, sigue cobrando más fuerza en su país de origen, en este caso los Estados Unidos.

Por otro lado, las escalas salariales mínimas para el personal de enfermería no se han revisado en Puerto Rico desde hace casi dos décadas, cuando por legislación se fijaron contra las protestas de la Asociación de Hospitales, y hubo que batallar ese proyecto como casi ninguno otro, por la fuerza del cabildeo de los hospitales y de las aseguradoras de salud. Lo recuerdo bien porque fui el autor de esa legislación.

Hay un problema de fondo, que es también de fondos, que le resta billones de dólares al año al ecosistema de salud en Puerto Rico. Está directamente ligado a cómo por acción e inacción del Congreso, el Medicare, aseguramiento por el que todos pagamos y hemos pagado como empleados a lo largo de nuestra vida, a pesar de que se paga aquí lo mismo que en EEUU , nos recortan sus beneficios en más de un 50%. Eso ha creado un cráter que se ahonda cada año equivalente a decenas de billones de dólares por década.

De ahí, que se tajuree y se mendigue por parte del gobierno local, dinero para otros programas que aun tomándolos todos en cuenta, no compensan, lo que el asalto a mano armada descrito le ahorra al gobierno estadounidense. Esto lo que significa es que aparte de la prima de Medicare, los puertorriqueños pagamos una tasa de sobre-contribución a base de lo retenido arbitrariamente que probablemente equivale a la suma de lo que recibimos. Nos escamotean la mitad.

Se trata de un apartheid de siglo XXI, que mina los recursos de la salud, menguados ya por el descontrol con que operan las aseguradoras a las que el gobierno de Puerto Rico trata con guantes de seda, mientras no las toca, ni con una vara larga.

Esperemos que el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes aprueben estas medidas o la mejor versión posible de las herramientas y protecciones que adelantan y que el gobernador las firme.

Hay que concienciar sobre nuestro derecho a la salud y sobre cómo lo sabotean.