Columna del Catedrático Asociado de la UPR en Mayagüez y exsecretario de Agricultura, Carlos A. Flores Ortega.

Una vez más, Puerto Rico se pone a prueba al tener que levantarse de los efectos de un nuevo huracán, categoría uno, a apenas cinco años de experimentar un desastre mayor con los huracanes, categoría cuatro, Irma y María en el 2017.

La reacción de la población sin duda ha mejorado mucho, ya que el recuerdo de estos eventos está al relieve de la piel y sin duda la planificación y ejecución de los ciudadanos ha sido mucho mejor que la de las estructuras de gobierno. Para ser justos, no podemos comparar los planes familiares con los planes de una estructura tan grande y compleja como el gobierno.

Lo que sí podemos reclamar es que, aunque el gobierno gasta mucho tiempo, esfuerzo y recursos en preparar planes, al momento de la ejecución los planes no se implementan o sencillamente se improvisa ocasionando el mismo efecto que si no los tuviera. Es como si los planes estuvieran escritos y aprobados pero los que tienen la función, el deber y el poder de ponerlos a funcionar no los conocieran o no se hubiesen enterado de que existían.

Tras el paso de los huracanes Irma y María, el gobierno bajo la dirección del Dr. Ricardo Rosselló preparó a menos de un año de transcurridos los sucesos, varios informes y planes para la recuperación de Puerto Rico dirigidos por el COR3 (Central Office of Recovery, Reconstruction, and Resiliency) con la ayuda de FEMA (Federal Emergency Management Agency) y todas las agencias de gobierno estatal, federal y empresa privada que dieron paso a la aprobación de un proyecto bipartita en el Congreso de los Estados Unidos (Public Law 115-123) que asignaría miles de millones de dólares en el presupuesto de 2018 para la recuperación de la Isla.

Durante largas horas de trabajo, análisis y discusiones de prioridades dentro del Plan para Puerto Rico, se prepararon informes como el Build Back Better, Puerto Rico Disaster Recovery Action Plan, New Fiscal Plan for Puerto Rico y Transformation and Innovation in the Wake of Devastation, An Economic and Disaster Recovery Plan for Puerto Rico. Todos estos voluminosos documentos fueron aprobados y avalados por la Junta de Supervisión Fiscal y por FEMA; o sea, que por falta de planes y fondos ya no pecábamos. Estos planes giraban en cuatro dimensiones: sociedad, economía, infraestructura y resiliencia. Esta última, muy importante para estar preparados para los próximos huracanes.

Con la ruta ya trazada y el dinero presupuestado, lo que restaba era la fase de ejecución y obligar el presupuesto con proyectos concretos ya incluidos en estos planes a través de contratos de construcción y programas de asistencia y desarrollo económico. Aquí es que nos colgamos.

No es menos cierto que se ha tenido que lidiar con muchas trabas y condiciones que se le han impuesto a Puerto Rico debido a su condición colonial para la utilización de estos fondos, pero también es cierto que no hemos sido tan efectivos en el cumplimiento por estar cambiando tanto de planes, prioridades y enfoques que alertan a las autoridades federales enviando un mensaje de que aquí no nos ponemos de acuerdo ni en lo que queremos.

En lo que me compete en el sector agrícola, no solo tuvimos el mayor logro de comenzar a pagar los compromisos de seguros agrícolas a un mes después del paso del huracán María a través de la Corporación de Seguros Agrícolas (una coaseguradora de la Federal Crop Insurance Corporation del USDA), sino que fuimos la única aseguradora en Puerto Rico que pagó sus responsabilidades al 100% en nueve meses.

En los planes de recuperación, la agricultura fue incluida dentro de las prioridades de desarrollo económico con múltiples iniciativas estratégicas para modernizar la agricultura y hacerla más resiliente. En la recuperación se invirtió más de $450 millones del USDA (más de seis veces el presupuesto anual para la agricultura) y sobre $60 millones del Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

De estos planes surgen iniciativas como Invest in Agricultural Recovery Assistance, financiada por fondos CDBG-DR con $95 millones asignados al Departamento de Agricultura, que luego fueron desviadas a otras agencias. Otras iniciativas fueron Agricultural Modernization and Processing, Digital Transformation, Exemption of Puerto Rico from the Jones Act after Consideration of Cost and Benefits, Agricultural Financial Support for Access to Capital, PRIDCO Agriculture Parks y Center of Excellence for Agricultural Technologies Training.

Dicho de otro modo, los planes y presupuestos para hacer lo que hemos soñado están, pero la dicotomía entre la planificación y la ejecución es lo que hace que nuestro pueblo aún no esté preparado para salir del letargo en que estamos. Los planes se hacen para presentar soluciones permanentes a problemas recurrentes, pero si se quedan en planes nunca se resuelven los problemas.