Según el sindicalista, la indignación con la empresa “ha alcanzado el punto más alto de la cresta”, pero advirtió que “la campaña para lavarle la cara” a la compañía “ya ha comenzado”.

Esta vez la ola de indignación de nuestro pueblo, frente a la incapacidad manifiesta de LUMA y el fracaso más evidente de la privatización para mantener operando el sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica, ha alcanzado el punto más alto de la cresta.

Los más recientes apagones, coronado con otra explosión en una subestación en Fajardo la octava desde que llego Luma, hizo estallar la ira de nuestra gente.

Para añadir agravio al insulto, la comparecencia de los funcionarios del consorcio privado ante los medios de comunicación fue hecha con un informe totalmente desordenado, en inglés, idioma que más del noventa por ciento de nuestro pueblo no comprende.

La acumulación de apagones, las continuas interrupciones del servicio, la secuencia de fuegos en las subestaciones, los cientos de equipos electrodomésticos averiados, las interrupciones continuas en los centros de producción, los miles de comercios afectados, el sufrimiento de los cuidadores de pacientes y el riesgo de la pérdida de vidas, unidos a la soberbia e insolencia de los ejecutivos de LUMA, colmaron la copa de un pueblo que ya está harto de las excusas, de la indolencia en la supervisión de funcionarios nombrados en el gobierno, de los privilegios y los millones de dólares que se le han regalado a este privatizador.

Los reclamos para que se cancele el contrato o mejor dicho que se anule, de administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han inundado todos los medios de comunicación y son el tema de conversación en todos los foros.

Han sido tan intensos y contundentes los reclamos para que se le ponga fin al atropello y el abuso de LUMA, que ni siquiera los fotuteros habituales han tenido la desfachatez de insistir en que se le brinde una nueva oportunidad al consorcio extranjero para que se redima de su ineptitud manifiesta, aunque tenemos que reconocer que algunos políticos y funcionarios como Fermín Fontánez todavía tienen la cara de lechuga de salir a brindar desinformación y miedo de las consecuencias de salir del desastroso contrato.

Ahora hemos escuchado a la actual Comisionada Residente decir, con un poco de más fuerza después de ser parte del desastre de LUMA con su silencio, que se realice un estudio legal para cancelar el contrato, pero lo hace al mismo gobierno suyo que ha defendido el contrato.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió unas muy tímidas declaraciones llamando la atención de LUMA para que actúe afirmativamente y comience a realizar el trabajo para el que se le contrató.

Por su parte, la Comisionada Residente pidió públicamente que no se renovara el contrato con la empresa a su vencimiento en los próximos meses.

Si no fuera porque ya hemos aprendido que en boca de estos funcionarios las palabras no siempre tienen el significado que aparentan, podríamos concluir, equivocadamente, que la política pública del gobierno, en cuanto a LUMA , ha cambiado para bien del país.

Sin embargo, no nos llamamos a engaño: la campaña para lavarle la cara a LUMA ya ha comenzado.

“No podemos volver al pasado, tenemos un frágil sistema eléctrico que necesita múltiples proyectos para experimentar una mejoría significativa y no será hasta dentro de unos diez años en que podremos ver resultados…”. Este es el mantra con el que se pretende encubrir una vez más las insuficiencias operacionales del privatizador y el fracaso del modelo de la privatización de la AEE y llevar una vez más a nuestra gente a abandonar la cresta de la ola de la indignación y sumergirse en los males que nos agobian en el día a día.

Más aún, ya salen algunos ha decir que se estarán realizando recomendaciones desde la “neutralidad” por el “bien del interés público”.

Es importante destacar que desde el contrato fue anunciado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez, hoy imputada de delitos federales, hemos realizado múltiples estudios por peritos legales, economistas y expertos en finanzas y todos han concluido que el contrato es nulo por ser leonino y no es viable para el desarrollo social ni económico del país por sus costos y el impacto en la economía por los aumentos en la factura.

El descontento, la frustración y la presión de nuestro pueblo por ponerle punto final a los abusos de LUMA es fuerte y crece cada día mucho más, pero los intereses económicos y políticos detrás de LUMA pueden ser más fuertes y poderosos.

La reacción visceral de su gerencia, amparándose en la Junta dictatorial y la negociación sostenida con el Gobierno del bipartidismo, que se sostiene en la desacertada política neoliberal, expresa con meridiana claridad que es necesario ir más allá de la indignación y las expresiones públicas para remover este tumor que se ha enquistado en nuestro tejido social.

Mientras el pueblo demuestra su rechazo contundente al contrato y pide con amplia mayoría que se termine, hay que recordar que se están dando los pasos en cuartos oscuros y nuevamente a espalda del pueblo de la privatización de la generación, que pudiera ser igual o peor que LUMA.

Además, también está el proceso de reestructuración de la deuda, que tendría consecuencias nefastas para el país con aumentos por 40 años a la factura, reducción y congelación de las pensiones, eliminación de los derechos laborales y poca posibilidad de ejecutar la política pública de transición real distribuida hacia fuentes de energía renovables en techo.

Solo la continua presión de nuestro pueblo, una concertación de todas las fuerzas progresistas que lidere el proceso y una contundente movilización, que estremezca en sus cimientos la mala administración gubernamental que hoy prevalece en el país, hará posible el cambio que es necesario para liberarnos de LUMA, encauzar a la AEE por la correcta ruta de la energía renovable y, definitivamente, y dejar atrás el agobiante pasado donde el control de los dos partidos que nos han gobernado fueron llevando a nuestra primera industria a la calle sin salida donde se encuentra, a las manos de un grupo que solo piensa en su enriquecimiento y el de sus benefactores políticos.

Es hora de que la Autoridad de Energía Eléctrica vuelva a las manos del pueblo dentro de un modelo de gobernanza totalmente distinto, pero público.

Al fin, para eso es que son electos los políticos: para administrar eficientemente la cosa pública, no para venderla por su incapacidad de hacerlo.