Columna de Ángel R. Figueroa Jaramillo.

El contrato leonino firmado entre el Gobierno de Puerto Rico y el consorcio LUMA Energy, cuyas zonas grises y opacas operan en contra de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, continúa dando dolores de cabeza. Ahora se trata de la disputa entre el Consorcio y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por una diferencia de $27 millones que existe entre las propuestas de presupuesto presentadas por ambas partes ante el Negociado de Energía de Puerto Rico. Esa diferencia es la que se necesita por parte de la AEE para poder dar manteniendo adecuado a la flota generatriz del país.

El presupuesto presentado por LUMA Energy ante el Negociado de Energía totaliza $1,207 millones y según lo publicado en los medios del país, un poco más del 50% será dedicado “al reemplazo de postes y reparaciones, alumbrado público, alimentadores, manejo de vegetación, integración de energía renovable, adiestramiento de personal y tecnología”, según los directivos de LUMA. Hay que recordar los más de $14 mil millones que LUMA tendrá acceso ya que le acaban de aprobar $600 millones para la compra de materiales.

Por su parte, la AEE tiene la responsabilidad de la generación de energía eléctrica en un momento en que el costo de los combustibles fósiles alcanza cifras impensables y se proyecta que todavía puedan aumentar mucho más hasta casi alcanzar el doble de su costo en el pasado año. Y si fuera poco, con un presupuesto para gastos laborales que se ha reducido de $136.7 millones en 2012 a $59.4 millones en 2021, para darle mantenimiento a toda la flota generatriz. El presupuesto presentado por la AEE en el área de generación es uno consolidado de $282 millones, que tendría asignado unos $83.5 millones para gastos laborales

Resulta interesante anotar el hecho del peso específico que se le adjudica al agente administrativo en la preparación del presupuesto cuando es la AEE la propietaria de la corporación pública.

Es tal la importancia que le asigna el Negociado de Energía a un agente administrativo, cuyo primer año de operaciones se caracterizó por las múltiples irregularidades que se le han señalado, las investigaciones de que ha sido objeto, los apagones continuos y el servicio pésimo prestado a los clientes que, en vez de aceptar la propuesta de la AEE, decidió reasignar la fecha de la discusión para que llegaran a un acuerdo.

También hay que resaltar el hecho de que al evaluar el uso que dará LUMA a la mitad del presupuesto, la mayoría de las actividades descritas corresponden a las tareas que han sido subcontratadas por las compañías ad hoc cuyos propietarios son los mismos ejecutivos de LUMA y que fueron referidos al Departamento de Justicia como parte de la investigación que se realizó en la Cámara de Representantes. Dicha investigación señaló como contrarias al Código Anti-Corrupción y la Ley de Ética Gubernamental dichas contrataciones.

Críticos de las operaciones de LUMA Energy claman porque el Negociado de Energía, como ente a cargo de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del país, adopte la propuesta de la AEE toda vez que LUMA Energy ha demostrado un pobre juicio al momento de utilizar los fondos públicos alquilando carros de lujo, repartiendo tabletas y Iphone a lo loco, subcontratando empresas privadas con cargos onerosos, pagando alojamientos de lujo, cubriendo gastos de colegio y pagando unos sueldos exorbitantes para unos ejecutivos que muy poco o nada saben sobre lo que tienen a cargo. Al día de hoy, a pesar del presupuesto billonario, LUMA viene arrastrando un déficit de unos $40 millones en el presente año fiscal y uno acumulado de aproximadamente $80 millones desde que llegaron a Puerto Rico.

Esta política de malgasto y despilfarro de los fondos públicos ha llegado al extremo de que los vehículos de motor se reparan en Pep Boys, se pagan cifras astronómicas a un grupo de ingenieros, amigos de la casa, que no poseen la acreditación para trabajar como tales y se pagan miles de dólares en horas extras a personal que extiende la jornada por no tener el conocimiento ni las destrezas necesarias para realizar las tareas que le asignan.

De manera irrespetuosa y arbitraria en la pasada reunión de discusión de presupuesto se silenció al representante de la AEE y ante la discrepancia presupuestaria que prevalece se ordenó llegar a un consenso. Esperamos que al final de esta larga e innecesaria historia sean los intereses del pueblo de Puerto Rico los que prevalezcan sobre el oportunismo y la gansería de los empresarios que representan la privatizadora.

Garantizar la producción de energía en las centrales generatrices es lo que permite minimizar las posibilidades de apagones masivos o recurrentes. Si no tuviéramos que sacar más de $150 millones anuales para pagarle a LUMA esos mismo millones estuvieran disponibles para realizar más obras o mitigar el costo de combustible.

Estaremos muy pendientes para saber de qué lado está el Negociado de Energía de Puerto Rico. Su decisión no es muy complicada. Solo tiene que decidir sobre quién protege mejor el interés del pueblo puertorriqueños: los empresarios privados de LUMA Energy o los representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica.