El exsecretario del Trabajo comenta el "tira y jala" entre el gobierno y la JSF con la Ley 80

Durante los últimos días ha estado en discusión una nueva – de entre tantas – discrepancia entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico. Este nuevo “asalto” de las batallas entre Gobierno y Junta involucra la llamada Ley 80, también conocida como la Ley de Pre Retiro. Esta legislación, en síntesis, permite que ciertos empleados públicos reciban una pensión vitalicia equivalente al 50% de su salario.

La legislación aspira a hacerle justicia a cientos de empleados públicos que vieron su retiro severamente afectado tras la aprobación de la Ley 3-2013. Según el Gobierno, la Ley 80 representaría ahorros para el fisco ya que los empleados que se acojan a sus beneficios no serían reemplazados en sus puestos, a menos que sean “esenciales”. Como era de esperarse, la JSF se opone a la Ley 80.

Pero la realidad es que esta batalla por la Ley 80 que vimos estos días viene luchándose por dos años. Desde el momento en que esa legislación fue propuesta para el 2020, la JSF le ha comunicado al Gobierno que considera que la Ley 80 no se puede implementar ya que es inconsistente con el Plan Fiscal certificado. De hecho, una mera visita a la página de internet de la Junta revela que se han derramado ríos de tinta en una batalla epistolar entre el Gobierno y la Junta por la Ley 80.

Originalmente, la posición del Gobierno fue que no implementaría la Ley 80 hasta que lograra un acuerdo con la Junta en cuanto a una manera fiscalmente responsable de implementarla. Ese proceso duró meses, pero la Junta siempre le comunicó al Gobierno que necesitaba “más información” para poder dar su anuencia a la implementación de la Ley 80.

Así las cosas, el clímax de esta batalla ocurrió durante las navidades del 2021. Como parte del proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda (POA) del Gobierno central, la Junta sorpresivamente le expresó a la jueza Swain que una condición para la confirmación del POA era que se nulificara la Ley 80. A esos efectos, en la víspera de la Navidad, la Junta demandó al Gobierno y solicitó a la jueza Swain que declarara nula la Ley de Pre Retiro.

Pero, lo que parecía ser una batalla legal épica entre el Gobierno y la Junta se convirtió en un pleito judicial que duró solo 7 días. Y es que el Gobierno llegó a una estipulación con la Junta en la cual aceptó que la Ley 80 es inconsistente con el Plan Fiscal y que la misma debía ser nulificada. Sin embargo, las partes acordaron que, por un periodo de 45 días, tratarían de llegar a un acuerdo sobre cómo poner en vigor la Ley 80 de una manera fiscalmente responsable. Ese periodo para negociar fue extendido hasta el 11 de junio de 2022.

Y así llegamos a la misiva del 6 de mayo de 2022. Ese día, la Junta básicamente se retiró de la mesa de negociación para buscar maneras de implementar la Ley 80. En síntesis, la Junta le echó la culpa al Gobierno por alegadamente mostrar “dejadez” y no presentar la evidencia necesaria para demostrar los ahorros necesarios para poner en vigor la Ley 80. Pero, sorpresivamente, en la carta le informan al Gobierno que no hay nada más que hacer, y deben notificarle a la jueza Swain que las partes no llegaron a un acuerdo en cuanto a la Ley 80, a pesar de que queda más de un mes para que se cumpla la fecha límite que impuso el Tribunal de Título III.

No tengo manera de juzgar si el Gobierno cumplió o no en compartir la información necesaria con la Junta de Supervisión Fiscal. Pero de lo que no hay duda es que, si analizamos todo el historial de misivas criticando la Ley 80 que por dos años la Junta le ha enviado al Gobierno, las razones que sigue dando la Junta para no implementar la Ley de Pre Retiro son las mismas: falta de información, ahora necesito X, ahora necesito Y.

La realidad es que la JSF nunca iba a permitir al Gobierno implementar la Ley 80. Ese ente tiene una posición ideológica en cuanto a planes de pensiones definidas por lo cual, no importa los esfuerzos que hiciera el Gobierno para implementar la Ley 80, la Junta nunca aceptaría llegar a un acuerdo sobre algo a lo que se opone por principios. Además, no podemos olvidar que el Gobierno tuvo una victoria contundente ante la Junta durante el proceso de confirmación del POA al lograr que no se recorten las pensiones de los empleados públicos retirados, por lo cual el ente tiene razones adicionales para oponerse a la Ley de Pre Retiro.

Por eso, no debe sorprendernos que la Junta ya ni siquiera guarda las apariencias y le informa al Gobierno que, a pesar de que queda más de un mes para que finalice el periodo para negociar la implementación de la Ley 80, no hay nada más que hablar. No hay nada que pueda hacer el Gobierno para convencer a la Junta. Estamos en la misma posición que hace dos años: la Ley 80 no va.

Este proceder tampoco debe sorprendernos ya que la Junta está actualmente carente de liderato al retirarse la anterior directora ejecutiva Natalie Jaresko. Con sus luces y sus sombras, la directora Jaresko entendía la importancia de llegar a acuerdos con las ramas políticas del Gobierno. Ciertamente es frustrante que en este proceso se han gastado miles de dólares – pudieran ser millones – en el análisis de la Ley 80 por parte de consultores y abogados. Luego de todo ese proceso, estamos en el mismo lugar que hace dos años: la Ley 80 no se podrá implementar ya que la Junta nunca tuvo la intención de permitirlo.

Pero más frustrante aún, miles de servidores públicos han estado dos años enfrentando la incertidumbre de saber si podrán acogerse a los beneficios de la Ley 80. Todo este proceso debe ser una lección aprendida para todas las partes.

*El licenciado Carlos J. Saavedra Gutiérrez fue Secretario del Trabajo y Asesor Legal Principal de la AAFAF