Columna del abogado y ex director ejecutivo Consejo Asesor LGBTT+ Alberto J. Valentín.

Las recientes lluvias en Puerto Rico vuelven a dejar al descubierto la fragilidad de nuestro archipiélago ante el incremento de eventos atmosféricos como consecuencias del cambio climático. Una fragilidad que se exacerba en las zonas rurales y entre las comunidades de escasos recursos mayormente. Y aunque la contribución de Puerto Rico al calentamiento global es mínima, Puerto Rico es uno de los territorios que más afectado estará por esto a nivel mundial.

En el 2021 la organización Germanwatch presentó su informe de riesgos climáticos y anticipó impactos devastadores en al menos 10 países del mundo, incluyendo a Puerto Rico, Haití y Bahamas. La advertencia indica que los ciclones y tormentas tropicales serán cada vez más severos y de mayor intensidad. De igual forma estimó, que durante los pasados veinte años (2000 – 2020) Puerto Rico, Myanmar y Haití fueron los países más afectados por eventos climáticos extremos. Igualmente se estima que el costo para Puerto Rico de la inacción climática global se proyecta que llegue a $2,5 mil millones anualmente para el 2050 y pase de $5 mil millones para el 2100.

Estos costos representan casi un 3% y un 6%, respectivamente, del PIB actual de Puerto Rico. Pero es muy poco lo que realmente podemos hacer para contribuir a su reducción y abogar por mejores políticas internacionales. Nuestra realidad política nos impide luchar o influenciar en las decisiones y compromisos internacionales que influyan en la toma de decisiones y políticas públicas que promuevan la reducción del calentamiento global y el cambio climático.

Son territorios como Puerto Rico que ostenta el doble del índice de pobreza de cualquier estado de los Estados Unidos, con un 44.9%, los más afectados por el cambio climático, y por las injusticias ambientales. El ingreso promedio anual de un hogar en la isla es de 19,775 dólares, mientras que el de Misisipi es de 42,009. Son las minorías, las comunidades vulnerables y las poblaciones de bajo ingreso las más afectadas por políticas y acciones que perpetúan las injusticias ambientales.

Y es que Puerto Rico, dado su condición política y nuestra demografía, nos convierte en una de las jurisdicciones de Estados Unidos que sufre mayores disparidades causadas por consecuencias ambientales. Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones de Estados Unidos que poseen altas densidades poblaciones de bajos ingresos y poblaciones con poca representación, han sufrido los estragos del racismo ambiental, que ahora se exacerban con el cambio climático y sus consecuencias.

En el 1994 el presidente Bill Clinton aprobó la Orden Ejecutiva 12898 que crea el concepto de justicia ambiental y lo une a la responsabilidad de las agencias federales de combatir el discrimen por raza, color, origen nacional y dominio limitado del inglés, bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos de 1964. La Orden Ejecutiva 12898 surge a raíz de las protestas y movimientos sociales en Estados Unidos, para combatir los discrímenes causados por decisiones públicas que resultaban en efectos ambientales y disparidades de salud en comunidades negras y minorías.

La Orden Ejecutiva 12898 establece que las agencias federales y todos los recipientes de sus fondos, tienen que llevar a cabo evaluaciones de justicia ambiental durante las revisiones y reportes requeridos por la NEPA (National Environmental Policy Act). El objetivo de la orden ejecutiva es evitar, minimizar o mitigar los efectos ambientales, sociales y económicos negativos desiguales en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Esto requiere que las agencias estatales que reciben fondos federales hagan un esfuerzo significativo para involucrar a las poblaciones de bajos ingresos y de minorías en los procesos establecidos para tomar la decisión sobre el uso de los fondos federales; evalúen la naturaleza, extensión, e indiquen la salud humana o el medio ambiente que será impactado probablemente del programa o actividad sobre las poblaciones minoritarias o de bajos ingresos. Este análisis de justicia ambiental debe incluir una constante comunicación y participación de estas comunidades.

Las políticas públicas de Puerto Rico sobre distribución de recursos y planificación han influenciado en los patrones de discriminación, disparidad y efectos ambientales sobre nuestras comunidades vulnerables.

En Puerto Rico podemos encontrar varios ejemplos de injusticia y racismo ambiental, que van desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, la presencia militar en Vieques durante 60 años que ha causado incontables casos de cáncer en la Isla Nena. Otro claro ejemplo que ha estado en el ojo público es la presencia empresas petroquímicas en los municipios de la zona sur, de Guayama a Guayanilla, que procesan la quema de carbón y el almacenamiento de cenizas de carbón, que contaminan nuestros cuerpos de agua y han afectado la calidad del aire y casos respiratorios en residentes de la zona.

Las recientes lluvias en zonas del área metro donde residen comunidades de escasos recursos revelan, en una escala menor, la diversidad de las injusticias ambientales que ocurren en nuestra Isla y que seguirán incrementando con los años. La falta de justicia ambiental en nuestras prácticas públicas, en contradicción con las exigencias de regulaciones federales existentes, ponen en evidencia la precariedad de nuestras políticas públicas y su impacto sobre las comunidades vulnerables. El Caño Martín Peña y Piñones que, por ejemplo es una comunidad asentada en un área de manglar, son ejemplos de injusticias ambientales en Puerto Rico.

Es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico promover un desarrollo sustentable que promueva la reducción de la pobreza y el racismo ambiental, la degradación del ambiente, y una participación ciudadana, en especial de los sectores más vulnerables.

Las injusticias ambientales en Puerto Rico seguirán incrementando si lo anterior no se logra y esto sin contar los efectos futuros que incrementarán con el cambio climático, siendo Puerto Rico uno de los territorios con mayor propensión a estos.