Columna de opinión de Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores.

Las plataformas digitales y operadores profesionales de alojamientos independientes de renta a corto plazo, comúnmente identificados como “los Airbnb”, llevan una campaña intensa de relaciones públicas, resaltando las supuestas virtudes y beneficios de la democratización del ecosistema turístico.

La gentrificación y la evasión contributiva se han institucionalizado con estos modelos de negocios; mientras los operadores profesionales y las plataformas digitales persiguen encubrir, con infomerciales amañados y datos seleccionados, las serias infracciones de ley que diariamente permean en los medios.

Nuestra meta, por el bienestar del pueblo puertorriqueño, debe impulsar un crecimiento del turismo responsable y sostenible a través de los 78 municipios, apalancándonos en las estrategias de mercadeo del destino; y donde todos los proveedores, grandes y pequeños, cumplen con los estándares mínimos de calidad, seguridad, sustentabilidad, y responsabilidad ciudadana, mientras mejoramos los atractivos, la infraestructura y los servicios que utilizan para desarrollar sus empresas.

Desafortunadamente, aunque Puerto Rico ya tiene el marco legal necesario para reglamentar estos modelos de negocios, las agencias municipales y estatales pertinentes, similar a lo descubierto en Salinas, Isabela y otros municipios, han renunciado a su responsabilidad fiduciaria de fiscalizar y asegurar el cumplimiento equitativo de nuestras leyes y reglamentos vigentes, causando un crecimiento desmedido de estos alojamientos, y arrastrándonos a un precipicio donde reina el amiguismo, la evasión contributiva, la anarquía y el incumplimiento.

Como resultado, miles de estos alojamientos independientes se han establecido en condominios y comunidades residenciales, constituyen hoteles ilegales, y violentan impunemente nuestros estándares básicos de permisos, licencias, patentes, y sana convivencia comunitaria, mientras evaden millones de dólares en arbitrios anualmente.

Es imperativo que las organizaciones responsables del sector productivo del país nos unamos para exigir la aplicación uniforme de nuestras leyes y reglamentos ahora; o en algunos años, unos pocos inescrupulosos, habrán destruido nuestros atractivos naturales, nuestras comunidades residenciales, y nuestras pequeñas y medianas empresas.