Columna de Carlos G. Salgado Schwarz, Juez de Apelaciones y Presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.

NOTA: Cumpliendo con el Canon 24 de los de Ética Judicial, las expresiones son del autor en su capacidad de Presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y no se hacen a nombre o representación de la Rama Judicial.

Llegó el 15 de marzo de 2022, día que quedará marcado en la historia de nuestra isla. No sabemos aún si para bien o para mal. Entró en vigor el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), y con él, se materializó en la Rama Judicial el éxodo que llevamos más de 24 meses adelantando.

Me parece curioso que un funcionario de la rama hermana de gobierno minimice las bajas sufridas en nuestro sistema judicial, que fueron 26, manifestando que no fue una renuncia en masa y que “se trataba de togados que ya tenían los requisitos para jubilarse y buscaban no perder el derecho al bono de Navidad y de medicamentos que establece el PAD”.

Estos 26 compañeros y compañeras, en su mayoría, aunque si tenían los requisitos para jubilarse, no contemplaban retirarse aún. Les queda gasolina en su tanque de vida, y entusiasmo por la vocación de servir en el cargo que honrosamente ocuparon. Sin embargo, las modificaciones impuestas al sistema de retiro crearon una segregación de clases entre el grupo de jueces retirados y jueces activos, provocando que estos tomaran la decisión de jubilarse en etapa productiva. En el ámbito laboral, eso se llama despido constructivo.

Los empleados de la Rama Judicial han tenido que soportar vaivenes económicos, y en silencio aguantar que se le hagan promesas y se las incumplan. La Rama silente de gobierno no solamente está compuesta de jueces. Los alguaciles, secretarias y otros funcionarios llevan haciendo reclamos a la administración, y tienen que callar su decepción. Ahora hay que añadirle las vacantes judiciales y cómo afecta la administración efectiva y eficiente de los Tribunales.

Esos 26 compañeros representan aproximadamente el 15% de los jueces en funciones con 8 o más años de servicio, el grupo con mayor experiencia y bagaje jurídico. Cualquier entidad, pública o privada, que pierde entre 7% y el 10% de su plantilla laboral, diría que fue una renuncia en masa.

Excepto en Puerto Rico.