El presidente de la UTIER analiza la efectividad de las leyes de incentivos contributivos

Buscando en mis escritos encontré esta columna que había escrito en el 2012 y que tiene total pertinencia a nuestra realidad económica y fiscal, la actualicé.

Puerto Rico puede ser considerado un paraíso para los inversionistas en términos del ofrecimiento de incentivos y subsidios económicos. La Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico (Ley 73), Ley Fomentar la Exportación de Servicio (Ley 20) y la Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22), constituye la base legal para otorgar múltiples beneficios económicos a los inversionistas y capitalistas que decidan establecer sus industrias y negocios o mudarse al país.

Originalmente la legislación que se aprobó por los dos partidos de mayoría (PNP y PPD) fue, alegadamente concebida, para estimular el establecimiento de industrias manufactureras para la creación de nuevos empleos, pero más recientemente se ha dado un giro para estimular el establecimiento de plantas de alta tecnología, de mayor valor añadido y empresas de servicio y estimular el establecer como residencia a Puerto Rico para múltiples “inversionistas”.

La “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, conocida como la Ley 22 de 2012, crea un “Apartheid contributivo”, en la medida en que permite que millonarios se establezcan en Puerto Rico con grandes beneficios contributivos. Así lo describe de forma muy acertada la senadora María de Lourdes Santiago.

La Ley 73 provee lo necesario para otorgar un decreto básico de 15 años de exención contributiva. A partir de esta exención, el empresario o industrial podrá acogerse, dependiendo de la naturaleza de su industria o negocio, a tarifas especiales de impuestos, incentivos por inversión, no pago de contribuciones por dividendos recibidos, deducciones en los impuestos municipales y sobre la propiedad, libramiento del pago de patentes municipales, exención en el pago del IVU, tarifas especiales subsidiadas de agua y energía eléctrica y todo un conjunto de incentivos y subsidios denominados especiales.

Cuando consideramos todos los incentivos y subsidios en su conjunto la aportación económica a los fondos gubernamentales de las industrias y negocios foráneos apenas alcanzan unos 1,200 millones de dólares de los más de 34,000 millones que transfieren a sus países, limitándose su aportación social básicamente a los salarios y beneficios pagados a los trabajadores.

A esta desmedida cantidad de incentivos y subsidios económicos, deben sumarse los relativamente bajos salarios que se pagan en Puerto Rico y el alto nivel de productividad de la clase trabajadora puertorriqueña. Se ha estimado que por cada dólar que se invierte en salarios en el obrero puertorriqueño se obtiene un rendimiento de $10.02, lo que resulta ser el doble de lo que se obtiene en las fábricas establecidas en los Estados Unidos.

Aún con estas extraordinarias condiciones para los inversionistas, que muchos han comenzado a llamar muy acertadamente como cuponeo empresarial, la avaricia y espíritu especulativo del sector empresarial es tan alto que bajo la excusa de la crisis y con el “San Benito” de que generarían nuevos empleos, hace unos años la actual administración aprobó un nuevo paquete de incentivos y subsidios que definitivamente aumenta sus ganancias a cuesta de no pagar contribuciones al estado, pone todo el peso de la crisis sobre los ya vacíos bolsillos de la clase trabajadora que pagará nuevos impuestos y sin crear un solo puesto de trabajo.

Un claro ejemplo de la desacertada política gubernamental de aumentar el número de incentivos sin fijar responsabilidades ni fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, lo vemos en el impacto que ha tenido en el costo de la luz de los abonados, los subsidios aprobados en el renglón de la electricidad. Para cumplir con las obligaciones con los bonistas y sus gastos ordinarios y operacionales que son cubiertos por la tarifa básica, han obligado a la AEE establecer reglones de cobro para cubrir las imposiciones económicas de los subsidios otorgados al sector industrial y el pago de contribuciones, en lugar de impuestos a los municipios, entre otros.

Sin embargo, aún con todos los beneficios que reciben los empresarios y la laxitud y complacencia con la que el gobierno atiende sus reclamos, nuestra economía marcha en retroceso y sin expectativas de mejoramiento. Nuestro ingreso individual es menos de la mitad del que tienen los residentes de Mississippi, $15,203., la tasa del desempleo oficial es de un 8% dentro de una tasa de participación laboral alcanza menos del 42 %, y sobre el 45 % de los puertorriqueños vive por debajo del nivel de pobreza.

A nivel gubernamental cada día las cosas van peor. La corrupción se ha institucionalizado, la otorgación de contratos leoninos al sector privado como el de Luma Energy y la privatización de los servicios y obligaciones que tiene que ofrecer el gobierno demuestra que la transformación tiene que ser mucho más profunda.

Nuevamente volvemos a observar que el partido de oposición presenta como alternativa para la creación de empleo la misma política económica de incentivos y subsidios impuesta por las pasadas décadas. Se le otorgarán privilegios adicionales mediante incentivos y subsidios al sector industrial y empresarial bajo la premisa fracasada que esto estimulará la creación de nuevos empleos. La realidad es que estos sectores disfrutan de los beneficios y no han creado ningún empleo nuevo y los pocos creados son de bajas condiciones económicas y sin beneficios para el trabajador. En palabras sencillas se enriquecen, empobreciendo al país.

Lo más contradictorio es leer cómo la Junta Dictatorial después de más de 4 años en Puerto Rico ahora reconoce que hay que eliminar los incentivos y subsidios que se otorgan en su mayoría a las corporaciones (260) e individuos (108) de las 424 empresas que disfrutan de esos privilegios contributivos, que asciende a más de $21 mil millones, de los que unos casi $15 mil millones aproximadamente corresponden a corporaciones y $2.5 mil millones a individuo. Que no crean ningún desarrollo económico. Sin embargo, la Junta presentó un Plan de Ajuste de la Deuda que no toma en consideración ese paraíso fiscal y económico.

Ante este cuadro los trabajadores tenemos la responsabilidad de impulsar cambios verdaderos en nuestra realidad social y económica. Ya resultan insostenibles los altos niveles de deterioro social y la pesada carga que se ha puesto sobre nuestras espaldas. Las expectativas de cambio que pueda traer una nueva administración gubernamental no generan un mayor entusiasmo, pues ya está más que comprobado que los partidos que han ocupado el poder son y trabajan para una sola clase: la clase de los ricos.

La realidad demanda entonces una transformación total que priorice en las necesidades de la mayoría y transforme la realidad actual por una donde existan verdaderas oportunidades de progreso, una mejor calidad de vida y mayor justicia social.

No quisiera terminar este año 2021, sin agradecer a NotiCel y los lectores la oportunidad de poder publicar mis escritos. Pero sobre todo desearle muchas felicidades en la Navidad y Bendiciones, Prosperidad y Felicidad para el 2022. Construir un país Próspero, verdaderamente Democrático y Feliz se puede. Nos toca hacerlo.