Columna del Lcdo. Jaime Sanabria

Cuando a un país le acecha la precariedad, cuando sus habitantes apenas tienen opciones profesionales, cuando su sector laboral privado no resulta suficiente para sostener el optimismo, cuando la alternativa a la inanición laboral es la mendicidad institucional, los esfuerzos para evitar que se eliminen puestos de trabajo, en pueblos y comunidades donde la alternativa a la creación de nuevos se aproxima a cero, deben sobrepasar los límites de lo convencional y regirse por parámetros distintos a los que dominan el capitalismo salvaje.

En ciertas ocasiones, no deja de ser el capitalismo, sobre todo cuando se lleva a sus máximos extremos de rentabilidad, un sistema cruel. Cuando una empresa ingresa en el universo de la deuda y el balance negativo se apodera de sus cuentas bancarias, cualquier atisbo de caridad dineraria desaparece y solo cabe esperar a que el factor tiempo consuma el óbito empresarial y colapsen las economías domésticas de los trabajadores sacudidos por la pequeña catástrofe que implica el cierre del negocio que cobija sus salarios.

El capitalismo, en su modalidad extrema y desalmada, desatiende al individuo para fortalecer a esa abstracción llamada mercado; provoca una depredación económica que se ceba con los débiles, donde el fuerte se venda los ojos y se tapa los oídos para evitar ver la sangre y escuchar los gritos de socorro de las víctimas, mientras el aludido sistema solo se enfoca en lo numérico.

Algo con esa etiqueta de cacería salvaje, le venía sucediendo, hasta hace poco, a la Cooperativa Industrial de Creación de la Montaña radicada en Utuado, en el interior occidental de nuestra isla. La empresa emplea a 30 trabajadores de los que 27 son mujeres que difícilmente hubiesen podido tener acceso al mundo laboral de no ser primero por el empuje de sus fundadoras, allá para el 2001, y después por la resiliencia que han mostrado para continuar sobreviviendo pese al predominio, en los últimos años, de ese balance negativo en sus cuentas bancarias al que aludíamos.

La Cooperativa se especializó en la fabricación de uniformes profesionales desde el momento de su génesis, a resultas de la quiebra de dos compañías norteamericanas, también textiles, que dejaron a Utuado en una situación de desempleo generalizado. A partir de 2006, formalizaron la creación de una línea productiva de bolsos a la que bautizaron como Concalma.

La Cooperativa nació, pues, fruto de la desesperación popular al comprobar cómo, a pesar de la abnegación laboral de la población local, las dos grandes compañías quebraron. Introdujeron sus fundadoras, en sus estatutos de alumbramiento, el compromiso con la honestidad, el comercio justo, el respeto al entorno y a la prioridad de emplear a población local para, de ese modo, generar economía circular en la región. Además de un anhelo por la rentabilidad, la Cooperativa nació con valores, y con un sentimiento de protección hacia quienes la conformaban, y la conformarían en un futuro, porque entendían sus socios que el bienestar del empleado se debería traducir en un mayor rendimiento de la organización.

Pero esos valores, tangibles unos, intangibles otros, sólidos todos ellos, parecían tener en la actualidad un escaso peso a la hora del pronunciamiento de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), institución que, hasta la semana pasada, buscaba desahuciar a la Cooperativa.

¿El motivo?

Una deuda acumulada de $164,000 por impago de la renta del alquiler del local, propiedad de PRIDCO, fijada en algo menos de $3,350 mensuales. La pandemia parecía haber propinado el mazazo último para la extinción de la Cooperativa en esta época de la historia de la humanidad donde la convulsión económico-sanitaria-social ha protagonizado el último año y medio. De poco parecía haber servido que las trabajadoras arriesgaran sus vidas, durante los peores momentos de la pandemia, elaborando presencialmente, mientras la mayoría teletrabajaba desde sus casas, equipos de protección para hospitales y laboratorios.

En un inicio, PRIDCO se reveló como un brazo del Estado exhibiendo su musculatura represora con el incumplidor, sin signos de clemencia ante el potencial panorama sociolaboral en Utuado resultante de lo que hubiese sido el eventual cierre de la Cooperativa. Dar ejemplo, cumplir con la legalidad, no dejar margen a la imitación de otros que pudieran acogerse a la tentación de no pagar: esos fueron los mensajes gubernamentales iniciales que subyacían tras el mandato de desalojo. El capitalismo más desalmado marcando la potencia de sus bíceps ejecutores.

Ocurre que el local donde produce la Cooperativa reviste titularidad estatal, una de las 1,516 propiedades industriales de las que casi 400 están vacías, consumiendo recursos o sumidas algunas en un estado de semiabandono. Desahuciar para demostrar poder, aunque la utilidad futura del local sea ninguna; desahuciar para que el ciudadano perciba la omnipotencia de un Estado paradójico que primero lo expulsa y luego está obligado a darle de comer a través de subsidios.

No dejaba de ser un sinsentido que, mediatizados por la radiación capitalista, los funcionarios de PRIDCO prefirieran vaciar un local más a establecer un plan de viabilidad económica para sanear la Cooperativa que conllevase aparejado una reducción del precio del alquiler. A la postre, la clausura de la empresa hubiese supuesto a la Administración, a la economía de Puerto Rico, unos gastos notablemente más cuantiosos a través de rentas estatales que satisfacer a los desempleados una rebaja en el precio del alquiler.

La Cooperativa, ante el deterioro coyuntural de la producción, primero por una menor demanda de uniformes, después por el paso del huracán María, para rematar con el colofón de la pandemia, prefirió destinar sus ingresos a pagar los salarios, las planillas, el seguro del edificio y, como el dinero no llegaba, dejó de cumplir sus obligaciones con quien teóricamente menos lo necesitaba, con el propietario de la instalación, PRIDCO, que encarna el poder central del territorio de Puerto Rico. Una elección lógica de prioridades apelando a esos valores embrionarios de la entidad.

Las ópticas contrapuestas que aplicaban las partes para la búsqueda de soluciones con vistas a la resolución del conflicto no lo solventaban. Por un lado, los funcionarios de PRIDCO abogaban por una transformación formativa de la población trabajadora local afectada por el cierre; pero más parecían sus propuestas protocolo hueco que alternativas profesionales concretas. A esa vaguedad, se oponían la practicidad y humanidad de la propuesta de la Cooperativa representada por su administradora, Carmen Borrero, que entendía que la reducción de la renta y un plan de viabilidad resultarían suficientes para mantener la empresa en estos tiempos que ofrecen una expectativa recuperadora pospandémica que propiciaría la solvencia de la misma.

Pero, en días recientes, esos fuegos contrapuestos menguaron su intensidad, cuando los funcionarios de PRIDCO comunicaron que detuvieron temporeramente el proceso de desahucio contra la Cooperativa protagonista de este texto, y contra otra en Comerío en la misma situación, suspensión que concede una moratoria, sin exceso de presión, para elaborar ese deseado plan de viabilidad que garantice la solvencia futura de la empresa.

A pesar de este feliz hiato, subyace en el proceso la deshumanización que provoca el capitalismo salvaje, la ausencia de alma en detrimento de la rentabilidad, el escaso valor de las identidades de la infantería laboral puertorriqueña y el mismo proceder burocrático en la toma de decisiones, por parte del brazo ejecutor del Estado, que se ve condicionado y reacciona cuando estalla la movilización, así como la presión popular y mediática.

Confiemos en que la paralización temporera concedida para el desahucio y las negociaciones que iniciarán sirvan para acercar posturas, para aportar soluciones conciliadoras, para que la Cooperativa mantenga su presencia en Utuado, para que ese ejército mayoritario de mujeres conserve no solo su empleo, sino el orgullo de haberse moldeado a sí mismas a lo largo de dos décadas. Quizá la fe no mueva montañas, pero sí convicciones ajenas cuando se esgrime, además, con argumentos de bienestar.