El licenciado Víctor García San Inocencio propone adoptar un sistema de salud universal ante las debilidades del actual sistema de salud, que anticipó podría colapsar en medio de la pandemia.

Francisco de Quevedo, el escritor del más preciso manejo de nuestro idioma, describe su vida y sus tiempos en un soneto hace casi cuatro siglos de este modo:

“Ah de la vida nada me responde, aquí de los antaños que he vivido, la Fortuna mis tiempos ha mordido, las horas, mi locura las esconde”.

Estamos ante la crisis salubrista más grande de nuestra historia y la liviandad con la que se toman las decisiones, manoseadas por intereses económicos, anuncian grave desamparo.

Temprano en el siglo veintiuno el Senado de Puerto Rico promovió una Resolución Concurrente para consultar al pueblo en referéndum para elevar a rango constitucional el derecho a la Salud. El promotor de esa iniciativa fue el entonces senador, doctor Pedro Rosselló, quien diez años antes promovió un modelo de privatización del sistema público de salud vendiendo las facilidades a precio de “pescao abombao” y repartiendo una tarjeta de salud criticada por la oposición, pues se hizo aceleradamente a diestra y siniestra con fines electoreros y poniendo en precario las finanzas públicas.

La “tarjetita de salud” y su modelo de enriquecimiento obsceno a las aseguradoras y de eventual opresión a los profesionales de la salud, llegó para quedarse, y ni tres administraciones populares posteriores tuvieron voluntad política para desensamblar ese sistema que dejó siempre fuera y sin aseguramiento a cientos de miles de puertorriqueños, quienes no podían costear un plan privado, no cualificaban para ser beneficiarios, y que se quedaron sin facilidades públicas de salud cercanas, pues muchas se regalaron a los nuevos prestamistas de servicios de salud.

Aún así, elevar el derecho a la salud a rango constitucional, a pesar de las objeciones al modelo privatizante y enriquecedor de unos pocos, distinto a la propuesta del PIP de un Seguro Universal de Salud presentada todos los cuatrienios desde el 1973, pareció un modo de encarrilar la discusión hacia un principio operativo fundamental: La salud pública es un derecho y un derecho no puede ser privatizado.Todos deben tener cubierta sanitaria.

Casi un cuarto de siglo de tarjeta de salud privatizada y no puede acreditarse todavía una mejoría definitiva en los índices de salud en Puerto Rico. Este experimento ha costado decenas de billones de dólares al país, y para colmo, tenemos todavía sin seguro de salud a por lo menos un cuarto de millón de personas. Para no hablar que nunca se invirtió lo suficiente en prevención uno de los ingredientes fundamentales para reducir la enfermedad o aliviarla y reducir costos.

El Senado aprobó la medida del senador Rosselló y llegada a la Cámara la favorecí, aunque la oposición popular, la misma que se abrazó a la tarjeta de salud de Rosselló, la colgó. Dos honrosas excepciones, la de los representantes Lydia Méndez y Roberto Cruz, se sumaron a la iniciativa, pero nos faltó un voto. El pueblo de Puerto Rico, no tengo dudas, hubiese enmendado la Constitución para añadir este derecho.

Cientos de miles de puertorriqueños se han quedado sin seguro de salud desde entonces. El sistema cuelga de un hilo, ya que el Congreso autorizó temporalmente que se financiara con fondos federales debido a la devastación de los huracanes y terremotos, y a causa de la quiebra del gobierno. Pero esa es una línea de auxilio temporera que ha permitido capear el temporal por el momento. La pregunta es cuándo nos daremos cuenta que cambiamos hace 25 años, un sistema que necesitaba mejorarse, por otro que sería y es inviable desde sus inicios.

Ahora vuelve a mencionarse, en boca de quienes lo criticaron, el sistema de salud universal propuesto por el PIP desde hace 40 años.

El momento no puede ser más crítico: Ruina fiscal, desamparo de aseguramiento a un cuarto de millón de puertorriqueños. Probable desamparo ante un escenario recesionario de 14 años agravado por la pérdida de empleos pandémica, y próximamente por la amenaza de reducción de jornadas, jornales y beneficios.

Mucha gente que paga un seguro privado, no tendrá con qué o no contará con el beneficio. Para colmo, miles de personas se contagiarán con el COVID-19, y un número desconocido tendrá que vivir con nuevas afecciones crónicas.

A lo que apunta, a lo que nos dirige este desastre salubrista estructurado, es a un agravamiento de la salud en general, por la carencia de Equidad en el país, por las múltiples vulnerabilidades que provoca o que agrava; lo que conduce a un recrudecimiento y aumento de los obstáculos para el acceso a quienes no cualifican para los programas, y a un sistema que por estar orientado a la ganancia privada y al lucro, no está preparado para asumir, sostener o sufragar las pérdidas de catástrofes naturales, ni sociales, ni las derivadas de los eventos pandémicos.

Mi mayor preocupación en este momento son los trabajadores que no tienen seguro médico o que lo perderán y sus familias. A ello sumo la falta de acceso a Medicare de una cuarta parte de las personas de edad avanzada que no cotizaron, o no lo hicieron por tiempo suficiente (40 trimestres). En este grupo hay mucha gente, incluyendo a los maestros y policías jubilados con pensiones que se encogen y condiciones crónicas que se agravan.

Ya Puerto Rico tiene un 25% de la población que es mayor de sesenta años, y un 20% que es mayor de 65 años de edad. Esos números son también los del segmento más pobre del país, el de más personas plurivulnerables, y sin el amparo de un sistema equitativo. Por el contrario, es un segmento poblacional para el cual la Equidad como concepto y realidad parece vedada.

Cuando “la salud y la edad se hayan huido”, al decir de Francisco de Quevedo, hace cuatro siglos; cuando la mayor parte de nuestros enfermos seamos los viejos --a quienes el último virus ataca más fuertemente a causa de las comorbilidades--; cuando “...falta la vida y asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde”; me pregunto cuándo comenzaremos a actuar y a poner las prioridades donde siempre debieron estar. Porque de otro modo, nuestro pueblo estará condenado a ser, y sigo con Quevedo, “un fue, un será y un es cansado”, juntando “en el hoy, y mañana y ayer”, “pañales y mortaja” y habrá quedado del país, “presentes sucesiones de difunto”.