A finales de la semana pasada la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos anunció que a partir del próximo lunes, 8 de junio, estará disponible la extensión de los beneficios de desempleo, hasta por 13 semanas adicionales, bajo el programa de asistencia para la situación de manejo de la pandemia producto del virus COVID-19. La misma estará disponible para aquellos individuos que hayan agotado sus beneficios bajo el programa de seguro de desempleo, pero que estén disponibles y aptos para trabajar.

Y he aquí la primera bandera que se levanta para propósitos del inicio de conflictos entre patronos y empleados, actuales o potenciales. Como ya es de conocimiento general las cantidades que se han autorizado para desembolsar por concepto de los paquetes de alivio autorizado por el gobierno federal son unas considerables, en comparación con las que se reciben de ordinario, al surgir la necesidad de solicitar dichos beneficios en tiempos regulares. Lo que es más, dicho beneficio extraordinario termina siendo mayor, en muchos casos, que la compensación obtenida por un trabajador que gana el salario mínimo, lo que pudiera representar cierto atractivo para éstos, no obstante uno de carácter transitorio o temporal.

Por una parte tenemos a los dueños de empresas y negocios (públicos y privados), quienes por los pasados tres meses han tenido sus locales cerrados, sin poder producir, y que para en adelante poder hacerlo, han tenido que invertir en medidas de sanitización y distanciamiento, para controlar la propagación y los contagios en sus facilidades. Además, el operar a un porcentaje reducido, les limita así sus ganancias, pero les mantiene casi intactos sus costos de operación y empleomanía.

Los patronos, públicos y privados, han comenzado a comunicarse con sus empleados para dejarles saber que comenzarán operaciones, y que es seguro regresar a sus puestos de empleo. Claro, con la consabida capacidad reducida, y con las medidas higiénicas correspondientes. ¿Cuál ha sido la realidad, casi generalizada, con la cual muchos se han confrontado? Resistencia a regresar a sus plazas. ¿Y por qué no?

Las ayudas, esas que sí se han recibido, han venido a sustituir la compensación acostumbrada por concepto de salarios, a cambio de las horas establecidas de trabajo. Dentro de otras, una nueva realidad que desde el 16 de marzo comenzamos a vivir, y que nunca habíamos experimentado. "¡Me quedo en casa, sin poder salir, pero me llegan los chavos a la cuenta. De hecho, me llega más cantidad de lo que suelo recibir cuando trabajo. Me puedo acostumbrar a esto!"

Entonces, ¿qué debe hacer el patrono al confrontarse con este proceder? Recientemente, en mi programa de radio en Noti Uno 630 dialogaba con el licenciado Reynaldo Quintana Latorre, experto en derecho laboral. Éste me indicaba acerca de la difícil encrucijada que dicha situación le representaba a los patronos. El empleado que se niega a regresar a su puesto por alguna razón, válida o no, impide el que las operaciones de esa empresa se reanuden. ¿Queda entonces el patrono obligado a reportar tal hecho al Departamento del Trabajo, o toma otras medidas conducentes a la contratación de nuevo personal? ¿Qué pudiera implicar dicho proceder para el empleado que invoca su impedimento para regresar a trabajar? Estas interrogantes serán, sin duda, caldo de cultivo para situaciones desagradables y que pudieran, inclusive culminar en reclamaciones administrativas y/o litigios, si no se manejan adecuadamente.

Y es hacia esta nueva manera de pensar que exhorto a dedicar y centrar nuestra atención. Y OJO, recalco que la dirijo tanto hacia los miembros del sector privado, como a los del público.

Si algo ha quedado enraizado en nuestra existencia, a través del paso de estas últimas semanas, es que no sólo por nuestro propio bien sino por el de nuestras familias, debemos cooperar con mantener las medidas de distanciamiento social e higiene. ¿Pero no sería meritorio el que con ese mismo entusiasmo demostráramos responsabilidad y empatía para con nuestros patronos y nuestros puestos de empleos?

El utilizar subterfugios innecesarios o excusas convenientes para no regresar al trabajo, no es sólo deshonesto o impropio, sino que pudiera terminar siendo contraproducente para el propio trabajador, cuyo puesto de trabajo no esté disponible, cuando los beneficios de desempleo se acaben.

En el caso de empleados del servicio público que manifiestan este tipo de conducta resulta aún más indignante y reprobable. El dejar de brindar un servicio por falta de que el personal esté disponible pudiera propender a que otra operación (privada o pública) se afecte o imposibilite; lo que pudiera redundar, a su vez, en que otra persona o hasta familias enteras se vean impedidas de llevar el sustento a los suyos.

Me resulta lógico y evidente que ante la situación experimentada en estos meses, las entidades, públicas y privadas han visto sus flujos de caja bastante disminuidos. ¡El horno no está para galletitas! La situación es compleja, y muchos talleres de trabajo no habrán de estar disponibles, en unas semanas o meses.

No quisiera que se me malentienda. Soy el primero en admitir que el temor de la mayoría de la gente por el contagio es real. También, reconozco la existencia de diversas situaciones, muy genuinas, que impiden que las personas acudan a sus puestos de trabajo, a pesar de encontrarse aptos y dispuestos; por ejemplo, la responsabilidad del cuidado de menores, adultos mayores o discapacitados.

Es por lo cual hago mi llamado hacia la minimización de un mal distinto, la imperante cultura del ganso, ese que sabe que algo siempre va a caer, y que el gobierno nos resuelve. Este fenómeno tiene el efecto directo de paralizar la economía de un país, de limitar sus posibilidades. Los tiempos requieren de otras actitudes, de otros compromisos, de otras lealtades.