El juez Anthony Cuevas decidió a favor de la Universidad de Puerto Rico al acoger la solicitud de interdicto.

El juez Anthony Cuevas, del Centro Judicial de San Juan, emitió una determinación a favor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al acoger la solicitud de interdicto presentada por la institución para salvaguardar el libre acceso a sus recintos protegiendo el derecho de los estudiantes a su educación y el de los ciudadanos a los servicios que les ofrece nuestra Universidad. 

El Tribunal estableció que no se podrá obstruir el paso ni interferir con las operaciones académicas o administrativas de la Universidad, garantizando que estudiantes, docentes, personal no docente y visitantes puedan acceder a las facilidades con normalidad. 

Asimismo, el juez Cuevas destacó que el Código Penal de Puerto Rico y las disposiciones civiles vigentes prohíben cualquier acto que impida el acceso a instituciones públicas esenciales, como las dedicadas a la educación y la salud. La resolución judicial reafirma el rol de la UPR como institución pública al servicio de nuestra sociedad, dedicada a la enseñanza, la investigación y la atención a la comunidad. 

La orden aplica a los 11 recintos que conforman el sistema universitario, fortaleciendo el compromiso institucional con la estabilidad académica, la investigación científica, el servicio público y la formación integral de los que componen la comunidad universitaria.

Durante la vista celebrada en el Centro Judicial de San Juan, comparecieron como testigos varias autoridades universitarias, entre ellas Myrna L. Quiñones Feliciano, Rectora del Recinto de Ciencias Médicas; Lisette Marrero Valladares, Rectora Interina del Recinto de Arecibo; y Rochellie Martínez Vivas, Rectora Interina del Recinto de Cayey.

Las rectoras coincidieron en destacar la trascendental importancia de garantizar la continuidad académica y administrativa de la Universidad de Puerto Rico, así como la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. En el caso particular del Recinto de Ciencias Médicas, subrayaron que cientos de personas acuden diariamente a sus clínicas universitarias en busca de atención y servicios de salud, lo que refleja el impacto directo de la institución no solo en la comunidad universitaria, sino también en el bienestar del pueblo puertorriqueño. 

“Esta determinación reafirma el principio de que la Universidad de Puerto Rico le pertenece al pueblo y debe permanecer abierta y accesible para cumplir su misión educativa y ofrecer servicios a la ciudadanía. Nuestra prioridad siempre será proteger el derecho a la educación, promover el diálogo respetuoso y garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad universitaria”, expresó la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. 

La Universidad de Puerto Rico reitera su compromiso con los valores de respeto, participación y colaboración, e invita a todos los sectores del país a continuar trabajando unidos por la estabilidad, el fortalecimiento y el futuro de la educación pública superior en Puerto Rico.