Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75.5 años cuando empezó el conflicto a 40.5 años un año después y a 34.9 año más recientemente.

Ginebra (EFE).- «Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza», ha declarado este martes una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay.

Según sus investigaciones, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, «las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas», según la definición de este crimen en el derecho internacional.

Esos cuatro actos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75.5 años cuando empezó el conflicto a 40.5 años un año después y a 34.9 año más recientemente.

Estas cifras ni siquiera toman en cuenta el efecto de la violencia en la malnutrición o la imposibilidad de recibir atención médica, por lo que la esperanza de vida en realidad sería aún más baja en la actualidad.

Sobre la cuestión de los nacimientos, la Comisión da cuenta, por ejemplo, de la destrucción de una clínica de fertilidad y de los 4,000 embriones y 1,000 muestras de esperma y huevos sin fertilizar que almacenaba, lo que ha resultado en daño mental a corto y largo plazo entre los palestinos que habían puesto su esperanza en este método para procrear.

“La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, dijo Pillay en una rueda de prensa en la que ha presentado un extenso informe sobre este tema.

Las indagaciones realizadas también evidencian que el Estado de Israel no ha prevenido ni castigado la comisión del genocidio, al no investigar estos actos ni procesar a los presuntos autores.

De manera directa, la Comisión de la ONU -en la que también participa el distinguido jurista australiano Chis Sidoti- acusa directamente al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024, Yoav Gallant, de haber «incitado a la comisión de genocidio».

Todavía quedan por evaluar de forma completa las declaraciones de otros líderes políticos y militares israelíes para determinar si tienen una responsabilidad similar, se indicó.

Ante este situación, la Comisión ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin al genocidio en Gaza y que aplique las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que ya en enero de 2024 le ordenaba hacer lo necesario para prevenir actos de genocidio, investigar y preservar las pruebas y permitir la entrada de ayuda humanitaria, nada de lo cual ha cumplido.

«Israel debe poner fin a su política de hambre, levantar el asedio y facilitar y garantizar el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a gran escala», exigió Pillay.

El informe de la Comisión también se refiere a la responsabilidad internacional de lo que ocurre en Gaza y señala que la escasa reacción ante las pruebas del genocidio puede considerarse como complicidad.

«La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad», denuncia.

A otros países también cabe la responsabilidad de asegurarse de que individuos y compañías en sus territorio no ayuden en el genocidio o en la incitación a cometerlo, y que sancionen cualquier participación directa o indirecta en éste.