El Gobierno interino de Bolivia

Evo Morales fue acusado este viernes formalmente de delitos como terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia, con base en ‘pruebas’ como un video en el que se atribuye su voz para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en el país.

La denuncia contra Morales, asilado en México, fue presentada en la Fiscalía de La Paz por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

DENUNCIA CONTRA MORALES

El ministro dijo a los medios que el Gobierno provisional de Jeanine Áñez pide las máximas penas por estos delitos.

Las penas por terrorismo en Bolivia van de 15 a 20 años de prisión y la sedición está penada con 1 a 3 años de cárcel.

‘Las pruebas están claras’, defendió Murillo, en referencia a un video en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes

La voz, por teléfono supuestamente desde México, incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades.

‘Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades’, exclamó el ministro, para denunciar que ‘esa es la verdadera cara, el verdadero rostro ‘ de Morales.

La denuncia es también contra el que exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido.

El titular de Gobierno recordó que Quintana, un exmilitar metido en política que representó el núcleo duro de varios Gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en ‘un nuevo Vietnam’.

LA SITUACIÓN EN BOLIVIA

Murillo aseguró que el 70 por ciento de Bolivia no presenta conflictos, pues se localizan especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, donde mantiene muchos seguidores.

Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestan frente a una refinería.

El ministro afirmó que se intenta ‘agotar la vía del diálogo’ con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos.

El Gobierno de Áñez no prevé ‘medias excepcionales’ para afrontar las protestas, porque ‘prácticamente todo está controlado’, aseveró.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del video que se atribuye a Morales.

Para ello ha pedido a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.

La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz, además de que se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano.

Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, advirtió Lanchipa.

La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el video con la conversación entre un dirigente cocalero y supuestamente Evo Morales, recordó el fiscal.

LA CRISIS EN BOLIVIA

Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del pasado 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

El pasado 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, presionado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir asilado hacia México.

La renuncia de Morales es calificada de ‘golpe de Estado’ por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.