Durante la invasión de 1989

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Estados Unidos violó derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad durante la invasión a Panamá en 1989, y le recomendó ‘reparar integralmente’ a las víctimas, informó hoy a Efe la abogada panameña, Gilma Camargo.

Camargo presentó ante la CIDH en mayo de 1990 junto con el abogado Jose Luis Morín el caso ‘Salas y otros versus EE.UU.’, en el que se alega la responsabilidad internacional de Estados Unidos en perjuicio de las personas ‘víctimas civiles y no combatientes’ durante la invasión.

La Comisión, que aceptó el caso en 1993, ‘publicó el jueves pasado un informe final’ al respecto, en el que plasma tres recomendaciones a Estados Unidos, que durante el desarrollo de la investigación insistió en que la Comisión ‘no es competente’ para conocer ‘un caso que tuviera que ver con conflicto armado’, explicó la letrada.

La primera recomendación de la CIDH es que se debe reparar integralmente las violaciones de derechos humanos establecidas en el informe (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de protección a la infancia, a la propiedad, y a la justicia), incluyendo ‘la adopción de medidas de compensación económica y satisfacción’.

Para ello, EE.UU. ‘debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial (…) a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas’.

El informe precisa que al presentar el caso ‘las víctimas actúan en nombre propio y en nombre de todos los panameños que fueron ‘similarmente perjudicados», y que en ‘la etapa de admisibilidad’ los peticionarios ‘individualizaron por nombre a 315 personas’.

El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadió Panamá con 26,000 soldados para capturar al entonces dictador Manuel Antonio Noriega (1934-2017), quien se entregó 13 días despues, en una operación militar que dejó alrededor de 500 muertos, según la cifra oficial, aunque otras fuentes hablan de 5,000 fallecidos.

La segunda recomendación es que Estados Unidos disponga las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas que así lo requieran, de ser su voluntad.

Y la tercera es realizar una investigación de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer plenamente los hechos, identificar todas las posibles responsabilidades, e imponer las formas correspondientes de sanción.

Camargo expresó a Efe que el informe es ‘un triunfo del pueblo panameño, que pudo imponerse a pesar de la complicidad de los gobiernos panameños de no hacer nada por las víctimas ni hacer ningún reclamo’.

La abogada considera que el contenido del informe echa por tierra los argumentos de Estados Unidos, que además de no aceptar la competencia de la Comisión, ha indicado que sus determinaciones no son vinculantes.

‘La CIDH dice que estas recomendaciones a Estados Unidos las debe cumplir. Esto (el caso) lo presentó el pueblo panameño y nosotros no vamos a negociar (…) pueden hacerse los sordos, pero el resto del mundo tiene acceso al informe. Los argumentos de Estados Unidos han resultados muy banales’, afirmó Camargo.

La abogada panameña valoró que el informe de la Comisión es ‘muy amplio en terminos del análisis que hace’, y abre a las víctimas una serie de opciones para ‘presionar’ a Estados Unidos a acatar las recomendaciones.

‘Nosotros ahora tenemos que estudiar cuáles son las posibilidades porque hay muchas, dependiendo de los nuevos precedentes que el caso está estableciendo. Tenemos que ver cómo podemos presionar y hay varias cosas que se pueden hacer’, declaró Camargo.

Puso como ejemplo que, respecto a las personas desaparecidas, ‘con este informe podemos pedir a la ONU que intervenga por el tema de desapariciones forzadas, y está la Corte Penal Internacional, porque se puede identificar cuáles fueron las tropas que lucharon en ciertos lugares donde hubo muertes ya declaradas violatorias en el caso’.