El nuevo tope es de $3,300, efectivo desde el pasado 1 de enero.

La Oficina del Contralor Electoral emitió dos nuevas determinaciones oficiales que ajustan los límites de donativos políticos permitidos para el 2025, conforme a lo establecido por la Ley 222-2011 y la evaluación de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos.

Mediante la Determinación OCE-DET-2025-02, se anunció un aumento en el límite anual de donativos por persona a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña, comités autorizados o comités de acción política.

El nuevo tope es de $3,300, efectivo desde el pasado 1 de enero. Este ajuste responde al análisis de la inflación acumulada entre enero de 2023 y enero de 2025, tomando como referencia los índices de precios al consumidor en Puerto Rico y Estados Unidos. La inflación combinada fue estimada en 5.8%, lo que justificó el alza desde el límite anterior de $3,100.00.

Por otro lado, la Determinación OCE-DET-2025-01 establece los límites aplicables a los donativos anónimos que podrán recibir los aspirantes y candidatos a puestos electivos durante el año calendario 2025, conforme al 30% de los recaudos totales reportados en el ciclo electoral 2021.

Se publicó una tabla detallada con los máximos por cargo, incluyendo escaños legislativos, alcaldías y representantes por acumulación. Entre los municipios con mayores topes figuran Guaynabo ($20,300), Caguas ($20,350), Dorado ($19,900), y San Juan ($32,000). En el caso de los senadores por acumulación, el límite asciende a $49,050.

La OCE recordó además que los donativos anónimos solo podrán recaudarse en Actos Políticos Colectivos, que cada donativo anónimo individual no podrá exceder de $50, y que los comités de acción política y comités de gastos independientes no pueden recibir donativos anónimos en efectivo. También se detallaron disposiciones para aspirantes que cambien de candidatura durante el año electoral.

Estas determinaciones buscan preservar el valor real de los donativos permitidos y garantizar mayor equidad en el financiamiento de campañas políticas, evitando distorsiones por efectos inflacionarios y promoviendo la transparencia y rendición de cuentas.