Los comercios que estén en violación de ley o reglamento aplicable podrían recibir una multa de hasta $10,000 por infracción.

Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), anunció el operativo “Muéstrame el ID” en los establecimientos que, presuntamente, venden a menores de edad productos derivados de cannabis, cáñamo o “hemp”.

Según explicó Torres Montalvo, comenzarán con las inspecciones de los comercios dedicados a la venta de los productos. Luego, acudirán a 300 colmados, incluyendo gasolineras. Los comercios que estén en violación de ley o reglamento aplicable podrían recibir una multa de hasta $10,000 por infracción.

“Desde hace semanas hemos recibido información que apunta a que existen algunos comercios al detal que despachan productos a menores de edad, incluso de 13 a 16 años”, dijo Torres Montalvo.

“Estos productos no pueden ser despachados a menores de edad. Inclusive, esos artículos tienen que estar en un armario bajo llave y se requiere, siempre, que se presente una forma de identificación válida para iniciar el proceso de venta”, continuó.

Los productos señalados se venden en diversas presentaciones, tales como gummies, cartuchos (envases de cristal con aceite para consumo mediante vaporización) y pre rolls (hojas con flor de cáñamo y aceite de Delta-8), entre otros.

Estos artículos pueden producir efectos psicoactivos, impactando funciones motoras, generando alteraciones en el estado de ánimo y colocando a la persona en un estado de relajación inducida, lo que representa un riesgo particular para la salud y el desarrollo físico y emocional de los menores.

Torres Montalvo indicó que, como parte de los esfuerzos preventivos y de orientación, el DACO estará trabajando en coordinación con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), con el fin de reforzar los componentes educativos y preventivos durante los operativos, así como atender de manera integrada las preocupaciones relacionadas a la exposición de menores a productos con potenciales efectos nocivos.

“Más allá de la fiscalización, esto también es un asunto de orientación y prevención. No podemos normalizar la exposición de nuestros jóvenes a productos que alteran su desarrollo físico y emocional. Nuestro deber es protegerlos”, expresó.