El Tribunal de Apelaciones reconoció la disparidad que se refleja en los pagos a hospitales de la isla, pero dejó en manos del Congreso corregirlo.

Otro frente de disparidad en el tratamiento presupuestario entre los estados y Puerto Rico quedó validado por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston en una determinación reciente sobre los pagos que el Departamento de Salud federal (HHS, por sus siglas en inglés) hace a los hospitales en función de los servicios que prestan a las poblaciones más necesitadas.

La decisión es del 18 de agosto pasado y ocurrió en un pleito que presentó en 2017 un grupo de 25 hospitales de la isla por disparidad en pagos entre 1999 y 2006 que puede sumar decenas de millones de dólares en fondos federales para estos hospitales.

Según planteada, la controversia es sencilla y se refiere directamente a la interpretación que se le puede dar a una directriz que emitió el Congreso en 1986 para que los llamados “pagos DHS” que reciben los hospitales en Estados Unidos para aliviar sus gastos de tratamiento de la población indigente bajo el programa Medicare apliquen a la isla “de la misma manera y en la extensión” que aplican a los estados.

El Secretario de Salud federal es el encargado de distribuir los pagos de acuerdo a la fórmula que estaba en la ley desde antes de que los pagos aplicaran a la isla. El problema estriba en que la fórmula toma en cuenta la cantidad de beneficiarios que hay en cada jurisdicción bajo el Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés, un programa del Seguro Social). Pero, en Puerto Rico no aplica el SSI, así que los pagos a los hospitales locales han estado siempre afectados por esa falla en la fórmula. Según un informe de 2014 de la GAO, el SSI aplicaría en Puerto Rico a entre 305,000 y 354,000 personas, que son las que ahora no están contadas en la fórmula de los pagos.

La jueza federal Aida Delgado Colón denegó la reclamación de los hospitales y un panel de jueces apelativos sostuvo esa denegatoria, a pesar de reconocer el resultado injusto de este problema en la ley.

“Si bien reconocemos la aparente (y quizás no intencionada) injusticia en esta situación, nosotros, igual que el tribunal de Distrito, concluimos necesariamente que el Secretario (de HHS) no erró al implementar el estatuto. Estamos de acuerdo también con el tribunal de Distrito de que los hospitales apelantes no han demostrado haber sido víctimas de un discrimen ilegal o inconstitucional de parte del Secretario”, indicaron los jueces.

“Si bien entendemos la perspectiva de los hospitales, y apreciamos las desventajas económicas que describen, su reclamo de remedio legal se queda corto… Si el Congreso equivocadamente impuso requisitos que resultaron involuntariamente en pagos más bajos a los hospitales en Puerto Rico, el Congreso puede, por supuesto, haber remediado ese error. El Secretario, sin embargo, no podía”, añadieron.

La determinación en el caso de los hospitales ocurre en el contexto de la expectativa que hay por el caso pendiente ante el Tribunal Supremo federal sobre la aplicación del SSI a la isla y por la solicitud del presidente Jospeh Biden al Congreso para que legisle la paridad para la isla en los programas Medicaid, SSI y el de Asistencia Nutricional (PAN, por sus siglas en inglés).

Para ver la decisión, pulse aquí.