El suplidor referido por Jorge Dávila reveló que tenía pruebas rápidas más baratas que las compradas, pero nunca fue contactado por la agencia.

Uno de los empresarios vinculados en los cuestionamientos sobre las compras de pruebas rápidas de detección del COVID-19 que hizo el Departamento de Salud, aseguró que no ha concretado ninguna compra con el gobierno y cuestionó el por qué él y otros suplidores no fueron contactados por la agencia a la vez que manejaban en “fast track” la orden de compra malograda a la empresa Apex General Contractors.

Reveló también detalles de cómo se está manejando a nivel mundial el suplido de artículos médicos para la emergencia, incluyendo las pruebas rápidas, y alertó al gobierno que mientras más se tarden en hacer órdenes, más caros, más lentos y más posiblemente incierta será la obtención de esos artículos.

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David M. Quiñones, director regional de la empresa Carreras Consulting, aseguró en entrevista con NotiCel que la compañía está distribuyendo productos relacionados a la emergencia, tales como mascarillas, equipo de protección personal para trabajadores de la salud, “body suits” y pruebas rápidas, principalmente debido a contactos que tienen directamente con manufactureros en China.

Añadió que sus clientes incluyen hospitales, empresas privadas, droguerías, gobiernos municipales y gobiernos de otros países como España y naciones en Centroamérica. No quiso identificar por nombre a algunos de los clientes pero sí que actualmente el equivalente al Departamento de Salud en Grecia tiene bajo evaluación cotizaciones de su compañía.

La capacidad de manejarse internacionalmente viene por el trasfondo de Quiñones en el voleibol -como jugador profesional, dirigente y agente-, aseguró; y es de ese mismo mundo deportivo que conoce a Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y a quien le pidió referencia de con quién se podía comunicar en Salud para ofrecerle los productos que representa en la Isla.

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Es el tracto que queda evidenciado en un correo electrónico divulgado ayer en vistas ejecutivas camerales por la exsecretaria auxiliar de Administración en Salud, Adil Rosa Rivera.

El mensaje es del 27 de marzo y está dirigido a Mabel Cabezas, exjefa de Personal del Departamento de Salud, como seguimiento a un correo anterior, del 23 de marzo, que Cabezas no había contestado. El 23 de marzo, todavía era secretaria interina de Salud la doctora Concepción Quiñones de Longo y cumplía una semana la orden de toque de queda.

Además, el 23 es antes de que el miembro del "Task Force" médico, Juan Salgado, dijera que “estamos tratando de conseguir pruebas de donde no hay”. “No hay pruebas y estamos haciendo cosas indecibles. Estamos luchando contra el mundo. No es que no queramos hacer las pruebas, es que está bien difícil conseguirlas”, dijo, según citado por el Centro de Periodismo Investigativo.

Quiñones argumentó que el hecho de que Dávila tardó varios días en conseguirle un contacto que referirle, que Salud tardó días en contestarle el acercamiento y el que no le hayan hecho órdenes es evidencia de que no estaba moviéndose con contactos políticos ni con otro tipo de influencias.

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“No tuvo ningún resultado, nunca me llamaron… (el e-mail) no sirvió para nada, excepto para probar que el Gobierno de Puerto Rico tiene opciones sobre la mesa pero dice públicamente que no las tiene”, dijo al añadir que “¿cómo es posible que (los funcionarios) estén diciendo que es difícil conseguirlas (las pruebas) porque están compitiendo con todo el Mundo cuando es falso?”.

“Tenían suplidores allí y no los llamaban”, acotó.

Las vistas investigativas de la Cámara de Representantes han revelado hasta ahora que el trámite para aprobar una cotización a la empresa de construcción Apex por un millón de pruebas rápidas a $38 cada una y con un pago adelantado del 50% ($19 millones) se hizo en unas 48 horas y fue autorizada por los miembros del Task Force médico, Segundo Rodríguez Quilichini y Salgado, por encima de por lo menos una alternativa más económica que tenían ante sí.

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De hecho, el 27 de marzo, que fue cuando Cabezas le contestó a Quiñones que iba a referir su ofrecimiento a Rosa Rivera, ya la orden a Apex se había concretado.

Cabezas, que había sido destituida de su cargo en Salud pero seguía controlando compras desde La Fortaleza, ni Rosa Rivera ni ninguna otra persona del Departamento volvió a contactarlo después de ese correo del 27 de marzo.

El mercado mundial de las pruebas rápidas

En el momento en que Quiñones hizo su ofrecimiento a Salud, las pruebas rápidas las obtenía en el mercado a $8.40 y la intención era venderlas al gobierno a $10.

El empresario no reveló la marca o manufacturero de las pruebas que su empresa distribuye pero aseguró que cumplen con los requisitos que la Administración de Drogas y Alimentos federal ha establecido para la pandemia del coronavirus.

Actualmente, y citando cotizaciones de suplidores del día de ayer, el costo de las pruebas sería de entre $15 y $24, debido a la demanda que tiene el producto, ya que realizar masivamente pruebas de presencia de anticuerpos del virus (que es lo que encuentran las pruebas rápidas) es la base para prácticamente todas las estrategias de reapertura de las economías que se están discutiendo en el mundo. “Hace tres semanas, el precio (a nivel de fábrica) estaba en $6, dos semanas después estaban en $8.40”, subrayó.

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En las condiciones de hoy, el gobierno enfrenta un escenario en el que un millón de pruebas, lo que intentaban adquirir con Apex, tardaría un mes en entregarse a razón de 250,000 pruebas a la semana y que tendrían que ser prepagadas o con la misma condición de depósito de 50% que puso Apex porque esas mismas condiciones le ponen los manufactureros a los distribuidores.

“Nadie va a traer un millón de pruebas aquí si no se las prepagan. La demanda es tan alta que ¿por qué te voy a fiar a ti si tengo una fila de personas (para comprar pagando)?, que es lo mismo que nos pasa a nosotros en las fábricas”, ilustró.

Dijo también que otros gobiernos han optado porque el método de entrega sea fletar un avión, o usar sus aviones militares, para llegar a China y recoger los suplidos directamente con los manufactureros.

“Definitivamente”, sentenció al preguntársele si se podría esperar que las pruebas se pongan más caras y más escasas si se espera más tiempo para obtenerlas.