El director ejecutivo de Coopharma sostuvo que estas empresas por años han obstaculizado el acceso a medicamentos de los pacientes en la isla.

Las farmacias de comunidad miembros de Coopharma elogiaron y acogieron las acciones tomadas por el Departamento de Justicia en torno a las prácticas que denunciaron como dilatorias y abusivas por parte de los administradores de beneficios de farmacias (PBM, en inglés) que operan en Puerto Rico, en particular el caso presentado contra Abarca Health LLC.

Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma, sostuvo que estas empresas por años han obstaculizado el acceso a medicamentos de los pacientes en la isla. Recordó que estas tienen a cargo funciones importantes en el acceso de los pacientes a los medicamentos que componen su tratamiento de salud, ya que determinan sobre la aprobación o denegación de los medicamentos.

Expresó que la situación que hoy atiende el Departamento de Justicia se ha estado denunciando por años. “La problemática con los PBMs y las dificultades de los pacientes en la aprobación de sus medicamentos y los incrementos en costos de estos, se viene experimentando y advirtiendo por años. Las farmacias de comunidad han denunciado las prácticas abusivas de estas empresas, sin contar con un foro imparcial a donde recurrir, permitiendo a estas empresas minar la estabilidad de un sector que ha servido con alto compromiso a la comunidad”, declaró.

Indicó que este problema se agudiza al tener un PBM en Puerto Rico (Abarca) con un posible monopolio en la función de administración y manejo de beneficios de farmacias, desde el año 2018.

“Este problema escaló a un nivel de gravedad cuando ASES otorgó el contrato de manejo de beneficios de farmacia a un solo proveedor, en este caso adjudicándolo a favor exclusivo de Abarca”, señaló.

Informó que el Departamento de Justicia tiene ante su jurisdicción querellas sobre este particular, en la Oficina de Asuntos Monopolísticos, que datan del año 2018. “Este tipo de control en el mercado, en especial cuando concierne al ámbito de la salud, es muy peligroso y el panorama se complica cuando la isla carece de regulación sobre estas empresas ya que la Ley 82-2019 se encuentra en un limbo al presente”.

Expuso Ortiz que “uno de los mayores impactos hacia las farmacias de comunidad fue cuando Abarca enmendó unilateralmente su contrato con las farmacias, informando nuevas tarifas sobre los medicamentos, muy por debajo del costo real, sin explicación o estudio alguno”.

Sostuvo que la Ley 82-2019 contiene herramientas de fiscalización en la operación de los Manejadores de Beneficios de Farmacia, conocidos como PBMs, que son terceros contratados por los aseguradores para la administración de la cubierta de beneficios de medicamentos, pero estos “al presente y a diferencia de 42 estados de la nación norteamericana, carecen de supervisión en la isla”.

Explicó que la mencionada ley “fue cuestionada por la Junta de Supervisión Fiscal, ante alegaciones de ASES de que esta medida tiene un potencial impacto en el Plan de Salud del Gobierno. Este alegado impacto nunca fue evidenciado en la legislatura por la agencia. Sin embargo, dio pie para que la JSF requiriera al Gobernador emitir una certificación de impacto, que al momento no ha sido sometida a satisfacción del ente fiscal”.

Expresó que el gobierno tiene que tomar como base la experiencia de la regulación en otros estados, que ha sido contrario al impacto negativo que levantó ASES. Indicó que, al contrario, “estos estados han visto ahorros sustanciales en el sistema de salud al implementar una fiscalización. Sobre ello ya el gobierno posee un estudio ejecutado por un reconocido economista del país. El gobierno no puede dilatar su acción en este tema, porque los ciudadanos están impactados con esta falta de regulación”, abundó Ortiz.

Señaló, por otra parte que el United States Government Accountability Office (GAO), emitió en febrero 2021 un reporte, levantando retos y deficiencias en cuanto al manejo de fondos federales en Puerto Rico, y destacó la falta de fiscalización adecuada sobre los proveedores de servicios, haciendo directa alusión a los PBMs, la carencia de controles, y la falla en la ejecución de procesos de competencia.

“La carencia de fiscalización representa un riesgo serio en las oportunidades de vida del ciudadano, y amerita una atención seria y prioritaria por parte del gobierno”, recalcó.

“Esta carencia de fiscalización impacta los costos de los medicamentos para el paciente, ya que los PBMs obtienen rebates o bonificaciones millonarias sobre los medicamentos que forman parte de la cubierta de farmacia, impactando al final el ya abatido bolsillo del paciente. De igual forma, impacta las farmacias de comunidad ya que reciben pagos, por parte de estas empresas (PBMs), por debajo del costo de adquisición del medicamento, lo que resulta en una práctica injusta y predatoria. En Estados Unidos se han radicado demandas diversas contra PBMs, aduciendo a prácticas depredadoras, atadas a 'overpricing' o sobreprecio en el costo de los medicamentos”, afirmó.

Precisó que Puerto Rico ya posee una legislación regulatoria sobre estas empresas con la aprobación de la Ley 82, que atiende y evita muchas de las prácticas en detrimento de los pacientes y de las farmacias de comunidad.

“El gobierno no puede ni debe estar a ciegas sobre la gesta de estas empresas y su operación. Mientras todos los renglones empresariales pagan licencias de operación, estas compañías, que generan ganancias millonarias, pagan cero por concepto de licenciamiento en Puerto Rico y para colmo ningún ente gubernamental posee jurisdicción fiscalizadora sobre ellos”, denunció.

Llamó finalmente al gobierno a que, considerando que los servicios de salud fueron decretados servicios esenciales bajo la Ley 101-2022, que lleve a cabo “las gestiones pertinentes ante la Junta de Control Fiscal y se active de inmediato la regulación contenida en el Ley 82”.