Tribunal Federal desestima una demanda de un grupo de urólogos del oeste, en parte, porque pacientes son los que deben reclamar.

El Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico desestimó una demanda de un grupo de médicos del oeste que alegaba que las aseguradoras de salud habían establecido un monopolio de servicios de urología en el área bajo el programa de salud del gobierno, con el resultado de una reducción en la calidad de los servicios que se indicaba conllevó castraciones innecesarias.

La jueza federal Silvia Carreño Coll determinó que los demandantes no habían cumplido con los requisitos de la ley para probar la actuación monopolística y que los que pueden reclamar los daños causados por la baja en calidad de los servicios eran los pacientes y no los médicos demandantes.

Los demandantes son los doctores Roberto Vázquez Ramos, Javier E. Colón Irizarry, Luis Manuel Muñiz Colón y Juan Colón Rivera y los demandados fueron los planes Triple-S Salud, Inc., MSO of Puerto Rico, LLC, el doctor Héctor Rodríguez Blázquez y sus empresas, Urologics, LLC y Urologist, LLC.

En el pleito se alegó que desde el 2015 las aseguradoras cambiaron sus relaciones con los urólogos en la región para concentrar todo el negocio en Rodríguez Blázquez y sus empresas. Desde entonces, añadía, se habían incrementado las castraciones en casos de pacientes de cáncer de próstata que pudieron recibir otro tratamiento que, aunque más caro, sería más efectivo y cuestionaron la capacidad de Rodríguez Blázquez para manejar los 200 mil pacientes en la región.

Tras la decisión, del 15 de diciembre pasado, Rodríguez Blázquez indicó que “al fin ha salido a relucir la verdad y los pacientes no serán engañados”. “En esta demanda por monopolio me acusaron hasta de castrar pacientes innecesariamente cuando en mi práctica ha sido todo lo contrario. He tenido que tratar pacientes castrados sin justificación por otros urólogos, utilizando medicamentos y otros operados en la República Dominicana pagando sobre $20,000, cuando pudieron ser tratados aquí y cubiertos por su plan médico. Esta reclamación frívola fue motivada por la incapacidad e ineficiencia de presentar una propuesta para brindar servicios a los miembros de Mi Salud/Vital y para perjudicar mi reputación”, añadió.

“[A]unque este tipo de daño es uno que se contempla en la ley antimonopolios, los demandantes apropiados para traer la acción por dichas violaciones serían los pacientes que están alegadamente recibiendo servicios inferiores, es decir, los clientes, no los médicos individuales que perdieron negocio cuando sus servicios ya no eran requeridos por MSO y Triple-S”, concluyó Carreño Coll sobre las alegaciones de que la concentración de servicios en un solo proveedor había provocado empobrecimiento de servicios médicos.

En cuanto a las alegaciones de conducta y conspiración monopolística, la jueza dijo que aunque se aceptara que Triple-S tiene poder monopolístico en la red de Mi Salud en la región oeste, por ser el único proveedor asignado por el Gobierno de Puerto Rico, “los demandantes fallan en identificar cómo la contratación exclusiva con (las empresas demandadas) crearon o mantuvieron ese poder”. “Sea que Triple-S maneje a muchos urólogos, o solo a uno, ese rol de aseguradora única en el plan Mi Salud no hubiera cambiado. Es, por tanto, ilógico decir que manejar exclusivamente con (las empresas demandadas) fue diseñado para aumentar el poder monopolístico de Triple-S”, concluyó al notar también que, en el caso de MSO, hay otros planes Medicare Advantage que sirven el área, por lo que, de primera instancia, no se podía concluir que tenía un monopolio sobre esa población.

En el tribunal local queda pendiente una reclamación de Colón Rivera que trata sobre la misma contratación de exclusividad que el pleito federal. Rodríguez Blázquez argumentó que los pleitos responden a un “patrón de persecución maliciosa”.

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